Un agente será juzgado por presunto homicidio imprudente por la muerte de un joven en una gasolinera en 2006
15.11.12 - 01:58 -
Estaban los ánimos muy a flor de piel, como no podía ser de otra forma, y nadie pudo evitar que acabasen produciéndose enfrentamientos entre quienes representaban las dos caras de un mismo suceso. Miembros de la Guardia Civil y familiares de un joven de Torrevieja (Alicante), que falleció en enero de 2006 al recibir el disparo de un integrante de un patrulla de la Benemérita que le había dado el alto cuando perseguían a los autores de dos robos, mantuvieron ayer un enfrentamiento en la sala de vistas donde se iba a celebrar el juicio y, posteriormente, en el pasillo.
Los primeros incidentes se produjeron en el interior del juzgado de lo Penal donde se iba a desarrollar el juicio contra el agente, cuya identidad responde a las iniciales E.P.. El fiscal solicita que se le impongan dos años de cárcel por un delito de imprudencia con resultado de muerte, mientras la acusación particular eleva la solicitud a diez años por un presunto homicidio imprudente.
Tras decidir el juez que iba a devolver las actuaciones al juzgado instructor, al considerar que el caso puede ser competencia de la Audiencia Provincial de Murcia y dar por levantada la sesión, se produjo el primer altercado cuando la madre de F.J.L., el joven fallecido, comenzó a gritar expresiones como «asesino» y otras similares al acusado, lo que obligó al magistrado a ordenar desalojar la sala.
Ánimos muy exaltados
El agente que iba a ser juzgado, por razones de seguridad, permanecía en el interior de la sala y el juez aconsejaba al letrado de la acusación particular que tratara de serenar los ánimos de la familia. Sin embargo, mientras tanto, en el pasillo se producía un nuevo altercado. Se desencadenó cuando miembros de la Benemérita se sintieron insultados por familiares de la víctima y sus acompañantes y se produjo un intercambio de gritos e incluso algún contacto físico.
Para evitar que la tensa situación fuera a mayores, admitieron fuentes judiciales, se hizo necesario mediar entre ellos y de esa forma se logró separarles, aunque unos y otros anunciaron su intención de denunciarse mutuamente.
Los hechos que iban a ser juzgados ayer se produjeron en el término municipal de Cieza el 16 de enero de 2006, cuando una patrulla de la Guardia Civil que había tenido noticia de los atracos cometidos en dos bares de las vecinas poblaciones de Caravaca de la Cruz y Calasparra, pusieron en marcha un operativo tendente a localizar a los autores.
Al llegar a una gasolinera ubicada en el término municipal ciezano, observaron la presencia de un coche cuyas características coincidían con la descripción que habían recibido, por lo que dieron el alto a sus ocupantes, ante la sospecha, también, de que se propusieran asaltar la estación de servicio, según la información facilitada en su día por la Delegación del Gobierno en Murcia. Esa comunicación oficial añadía que uno de los agentes resultó herido al ser arrollado por el turismo que conducía el joven que resultaría muerto, por lo que el acusado se vio obligado a hacer uso de su arma reglamentaria. De esta versión discrepa drásticamente la familia del fallecido, que considera que los hechos constituyen un homicidio por imprudencia del guardia civil.
De esta forma, al inicio del juicio el letrado de la acusación particular advirtió de que seguirá interesando una condena por un delito de homicidio imprudente, lo que conlleva que el órgano competente para el conocimiento de la causa sea la Audiencia Provincial, y no un juzgado de lo Penal.
Asimismo desde ambas partes se puso de manifiesto que ese tribunal -la Audiencia- también sería el competente por el hecho de pertenecer el acusado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y haber ocurrido los hechos en el ejercicio de su actividad profesional.
Al juzgado de instrucción
El juez de lo Penal, a la vista de todas esas circunstancias, tomó la decisión de acordar la devolución de la causa al juzgado de Instrucción, con el fin de que éste se pronuncie sobre la calificación provisional formulada por el abogado de la familia de la víctima -algo sobre lo que no resolvió en su día- y proceder luego en consecuencia.
Ante la celebración de la vista oral, una asociación de guardias civiles, varios de cuyos integrantes acudieron al juzgado para acompañar al agente encausado, hizo público un comunicado en el que defiende la «inocencia absoluta» del encausado. Señala no comprender «cómo poniendo en riesgo su vida, habiendo esclarecido delitos anteriores y habiendo sufrido un atropello, sea juzgado por estos hechos».
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