La Consejería deberá autorizar ahora el cambio de uso de 4,5 millones de metros cuadrados en el paraje agrícola de Casablanca
25.11.12 - 00:52 -
El convenio urbanístico para el desarrollo de un complejo turístico en el paraje de Casablanca, firmado por la corporación socialista el 28 de febrero de 2005, aprobado por unanimidad en sesión plenaria y en la actualidad paralizado, dio el pasado jueves un nuevo giro. El Ayuntamiento se pronunció de manera favorable al recurso interpuesto por la mercantil Hispavima, S. L., el 21 de octubre de 2004, contra el acuerdo de la Consejería de Obras Públicas aprobatorio del proyecto de revisión del Plan General de Abarán en lo referente a la zona de Casablanca. El acuerdo contó con los votos favorables del PP, PSOE y UYD y en contra del Grupo Mixto.
El concejal de Urbanismo, José Luis Tornero Carpena, explicó que «será ahora la Consejería de Obras Públicas la que decida para dar el visto bueno a la recalificación de 4,5 millones de metros cuadrados propiedad de Hispavima de Suelo No Urbanizable de Nuevos Regadíos a Suelo Urbanizable Sectorizado». El convenio contemplaba la construcción de 12.000 viviendas, tres campos de golf, hotel de cuatro estrellas y zonas de ocio, todo ello en dos fases y un plazo para cada unidad de actuación de seis años. El Ayuntamiento percibiría el 10% del aprovechamiento del sector consistente en el 80% en terrenos y el 20% restante en metálico, con un total 1.514.237 euros, de los cuales la corporación socialista ya se embolsó 601.612 euros. Pero ante el incumplimiento municipal, entre otras obligaciones, de dotar de agua toda la zona, la empresa emprendió acciones judiciales que ahora han sido suspendidas, según Tornero Carpena, quien añadió que «con el informe favorable no tendríamos que hacer frente a los casi 3,5 millones de euros por responsabilidad patrimonial que nos reclamaba la empresa, a devolver los 600.000 euros ya recibidos y, por otra parte, recuperamos los 77.606 metros en Barranco Molax, que ofrecimos como aval caso de que no se hiciese el proyecto».
En teoría y una vez que la zona se encuentra con dotación suficiente de agua, la empresa tiene la obligación de cumplir el convenio, o lo que es lo mismo, construir 12.000 viviendas, algo poco probable en los tiempos actuales, caso de obtener el visto bueno de la Administración regional. Pero el Consistorio, en palabras de José Luis Tornero, «no está dispuesto a perder la contraprestación que nos corresponde caso de que Hispavima no acometa su complejo urbanístico».
La edil Rosa García manifestó que «cuando se firmó el convenio en 2005 era viable el proyecto, pero ahora no», y pese a reconocer que «el ayuntamiento ha cumplido con todos los trámites necesarios», afirmó que «si le recalificamos 4,5 millones de metros, lo lógico era que el concejal nos hubiera presentado cuales son las contraprestaciones».
El concejal de IU, Pablo Rodríguez, fue más crítico y justificó su oposición al informe favorable por considerarlo «un pelotazo urbanístico», debido a que el único objetivo que persigue el Ayuntamiento es el económico; en estos momentos el proyecto es insostenible».
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