El instructor de la 'Operación Biblioteca' divide en tres la causa para seguir las pesquisas en Librilla, Aledo y la Comunidad Autónoma
24.11.12 - 01:43 -
El exalcalde de Librilla José Martínez García y el exconcejal de Urbanismo Pedro Martínez Muñoz, imputados en un presunto caso de corrupción urbanística descubierto en 2008, dentro de la 'Operación Biblioteca', deberán declarar de nuevo en enero, según el auto del juez instructor, Andrés Carrillo.
La resolución cita también de nuevo a declarar como imputados al responsable de la empresa municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla, José Andrés Cortés Otálora y al ingeniero Domingo Peñalver Rojo, copropietario y administrador de Acadi, adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal.
Por último, también cita al abogado Cesáreo Gil de Pareja, que asesoró jurídicamente al Ayuntamiento hasta 2006, y que fue contratado hasta junio de ese año por Acadi para redactar el Plan General.
El auto señala que las nuevas citaciones ha sido aprobadas porque de la «ingente documentación» incautada en los registros efectuados en su día se desprenden indicios que modifican «al alza» la presunta participación de esos cinco imputados. Considera también que todos ellos participaban supuestamente «de una conjunción de intereses tendentes a la consecución espuria de licitaciones públicas a través de la comisión de delitos presuntos como el cohecho, la prevaricación y demás en la órbita de los funcionarios públicos».
Para ello, habrían contado también con la participación de otro imputado, que era el jefe del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios en la Consejería de Presidencia de Murcia, José Luis Cano, en excedencia desde 2007 y copropietario de Acadi, quien falleció cuando se dirigía a una cita con su abogado para preparar su defensa.
Sobre la nueva citación como imputado del exalcalde, elegido en su día por el PP, el juez afirma que su comparecencia es necesaria para que aclare lo declarado por Peñalver en abril de 2009, cuando afirmó que tanto aquel como el concejal y Cortés Otálora le habían reclamado cantidades de dinero a modo de comisión.
El auto añade que se debe preguntar al exalcalde, al exconcejal y al gerente de IDL, «acerca del llamativo sistema de contratación que se ha demostrado que efectivamente existía» con los distintos firmantes de convenios urbanísticos y que «ya se adivina que ha sido un sistema de financiación muy importante» de los ayuntamientos. «Para recalificar los terrenos, indiciariamente se advierte que hacían 'pasar por el aro' a sus propietarios con entregas de importes relevantes no claramente justificados en su destino y a favor, supuestamente, del consistorio y su empresa municipal».
La resolución acuerda también dividir esta causa en otras tres, de manera que en la primera seguirá la investigación sobre lo ocurrido en torno al Ayuntamiento de Librilla, la segunda tramitará lo relativo a supuestos casos de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Aledo y la tercera pieza de lo que el auto denomina «trama» se centraría en diversos centros administrativos de la Comunidad Autónoma y las actuaciones del fallecido José Luis Cano.
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