El gobierno local da 60 contratos del fondo estatal a empresas y autónomos sin contar con el Colegio de Ingenieros de Caminos30.03.09 -
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ CARTAGENA/ La Verdad
El gobierno municipal no sólo adjudicó ocho contratos del Fondo Estatal de Inversión Local (Plan Zapatero) al hijo del concejal Enrique Pérez Abellán, destituido por la alcaldesa por «sugerir» el nombre de su vástago. En su decisión de recurrir a empresas externas para que redactaran casi la mitad de los 63 proyectos que va a financiar el Estado con 36,5 millones de euros este año, pasó por alto una consulta al Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Región de Murcia y encargó a dedo los trabajos a empresas y profesionales autónomos «recomendados por los funcionarios», según la explicación facilitada por el Ejecutivo de Pilar Barreiro.
«Ante la falta de medios humanos para redactar todos los proyectos en el tiempo récord de un mes y medio que nos exigía el Ministerio de Administraciones Públicas para presentar los proyectos y no quedarnos sin financiación, consultamos con los arquitectos e ingenieros del Ayuntamiento. Ellos se han hecho cargo de la mitad de los proyectos y, para decidir a quién se daba el resto, ellos son los que mejor conocen el sector de la ingeniería. Confiamos en ellos, porque saben perfectamente la capacidad y solvencia de los profesionales, que en algunos casos tienen experiencia en el trabajo con el Ayuntamiento de Cartagena», señalaron a La Verdad fuentes del gobierno municipal.
La forma de adjudicar los proyectos sin invitar si quiera oficialmente a las empresas a presentar ideas o mostrar su interés en participar en el Plan ZP ha despertado el malestar de profesionales de la ingeniería de Cartagena y otros municipios cercanos.
Expectativas defraudadas
El presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región, Juan Guillamón, confirmó que muchos profesionales están «decepcionados» porque tenían confianza en participar en los proyectos, porque el fondo estatal está «pensado para ayudar a las empresas y los trabajadores con inversión pública en esta dura crisis económica».
Guillamón afirmó que el Ayuntamiento no se puso en contacto con la institución que preside para recabar su consejo ante la necesidad de contratar a profesionales que no están en la nómina municipal.
El representante de los ingenieros de caminos se mostró comprensivo con el Ayuntamiento y muy crítico con el plan del Gobierno central, «porque se ha dado a los municipios un plazo muy corto para preparar los proyectos y presentarlos». No obstante, no ahorró la crítica al hecho de que no se consultara nada a su colegio: «Nos habría gustado que nos consultaran, desde luego, ya que somos el órgano de representación de la profesión. Eso habría sido lo lógico y lo correcto».
Las recomendaciones de los trabajadores municipales a los responsables políticos del Plan Zapatero se mezcló con la polémica «sugerencia» del concejal Pérez Abellán, denunciada por el PSOE y castigada por la alcaldesa por «moralmente» reprobable.
El hijo de Pérez Blaya, quien ha tenido que dimitir de su cargo de presidente de la Junta Municipal de Pozo Estrecho, ha cobrado 52.000 euros por diseñar los proyectos y dirigir las correspondientes obras de reforma en calles de Los Barreros, Los Dolores, El Llano del Beal y la Barriada Cuatro Santos.
Para pagar estas asistencias técnicas, el gobierno liberó 600.000 euros del presupuesto municipal.
Sospechas de favoritismo
Pero las sospechas de favoritismo a empresas vinculadas a políticos y funcionarios han ido en aumento y el ejecutivo tendrá que dar explicaciones sobre el proceso de adjudicaciones en un Pleno extraordinario pedido por los socialistas y Movimiento Ciudadadano (MC).
La alcaldesa ha advertido de que defenderá «hasta las últimas consecuencias» la legalidad de las decisiones, pero la oposición insiste en que analiza con lupa lo ocurrido por si hay indicios de irregularidades y deben denunciarlas en los tribunales.
«Ante la falta de medios humanos para redactar todos los proyectos en el tiempo récord de un mes y medio que nos exigía el Ministerio de Administraciones Públicas para presentar los proyectos y no quedarnos sin financiación, consultamos con los arquitectos e ingenieros del Ayuntamiento. Ellos se han hecho cargo de la mitad de los proyectos y, para decidir a quién se daba el resto, ellos son los que mejor conocen el sector de la ingeniería. Confiamos en ellos, porque saben perfectamente la capacidad y solvencia de los profesionales, que en algunos casos tienen experiencia en el trabajo con el Ayuntamiento de Cartagena», señalaron a La Verdad fuentes del gobierno municipal.
La forma de adjudicar los proyectos sin invitar si quiera oficialmente a las empresas a presentar ideas o mostrar su interés en participar en el Plan ZP ha despertado el malestar de profesionales de la ingeniería de Cartagena y otros municipios cercanos.
Expectativas defraudadas
El presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región, Juan Guillamón, confirmó que muchos profesionales están «decepcionados» porque tenían confianza en participar en los proyectos, porque el fondo estatal está «pensado para ayudar a las empresas y los trabajadores con inversión pública en esta dura crisis económica».
Guillamón afirmó que el Ayuntamiento no se puso en contacto con la institución que preside para recabar su consejo ante la necesidad de contratar a profesionales que no están en la nómina municipal.
El representante de los ingenieros de caminos se mostró comprensivo con el Ayuntamiento y muy crítico con el plan del Gobierno central, «porque se ha dado a los municipios un plazo muy corto para preparar los proyectos y presentarlos». No obstante, no ahorró la crítica al hecho de que no se consultara nada a su colegio: «Nos habría gustado que nos consultaran, desde luego, ya que somos el órgano de representación de la profesión. Eso habría sido lo lógico y lo correcto».
Las recomendaciones de los trabajadores municipales a los responsables políticos del Plan Zapatero se mezcló con la polémica «sugerencia» del concejal Pérez Abellán, denunciada por el PSOE y castigada por la alcaldesa por «moralmente» reprobable.
El hijo de Pérez Blaya, quien ha tenido que dimitir de su cargo de presidente de la Junta Municipal de Pozo Estrecho, ha cobrado 52.000 euros por diseñar los proyectos y dirigir las correspondientes obras de reforma en calles de Los Barreros, Los Dolores, El Llano del Beal y la Barriada Cuatro Santos.
Para pagar estas asistencias técnicas, el gobierno liberó 600.000 euros del presupuesto municipal.
Sospechas de favoritismo
Pero las sospechas de favoritismo a empresas vinculadas a políticos y funcionarios han ido en aumento y el ejecutivo tendrá que dar explicaciones sobre el proceso de adjudicaciones en un Pleno extraordinario pedido por los socialistas y Movimiento Ciudadadano (MC).
La alcaldesa ha advertido de que defenderá «hasta las últimas consecuencias» la legalidad de las decisiones, pero la oposición insiste en que analiza con lupa lo ocurrido por si hay indicios de irregularidades y deben denunciarlas en los tribunales.
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