El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, del PP, compareció hoy durante casi una hora, en calidad de testigo, ante el juez instructor del caso Limusa, que investiga una presunta trama de corrupción en el seno de esta empresa municipal de limpieza, por la que permanece ingresado en prisión el ex director de la misma, Francisco Gil, acusado de presuntos delitos contra la Hacienda Pública y malversación.
Jódar llegó a pie al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Lorca, que instruye el caso, poco antes de las diez de la mañana, acompañado por el jefe de alcaldía, el de su gabinete de prensa y un abogado, y lo abandonó pasadas las 11 horas, tras prestar declaración durante unos 50 minutos.
A su salida del juzgado, el alcalde dijo que el caso sigue bajo secreto de sumario, pero explicó que las preguntas del juez estuvieron relacionadas "con el funcionamiento económico del ayuntamiento y de la empresa Limusa" y con "los controles y sistemas de fiscalización y de intervención" del consistorio sobre la firma pública de limpieza.
El alcalde también contestó a preguntas del juez sobre los cometidos en Limusa del consejero delegado, del gerente y del director de servicios, éste último el único detenido en el caso y que fue despedido de forma disciplinaria un día antes de que se produjera su detención en su domicilio.
La declaración de Jódar en calidad de testigo se produce semanas después de que el ayuntamiento, a través de Limusa, remitiera al juzgado las causas que motivaron, el 2 de marzo, el despido disciplinario del ex director de la empresa.
El consistorio considera que los hechos por los que fue despedido Gil podrían ser constitutivos de los delitos previstos en los artículos 197 y 250 del Código Penal, relativos, respectivamente, al descubrimiento y revelación de secretos y la estafa.
El ayuntamiento y la propia empresa se personarán como acusación particular en el denominado caso Limusa, en el que esta semana también fue llamado a declarar en calidad de testigo un empresario hostelero de Lorca, cuyo restaurante era frecuentado por Gil.
El magistrado Sergio Romero, que instruye el caso, decretó el 6 de marzo prisión provisional por delitos contra la Hacienda Pública y malversación contra Gil tras una declaración del imputado de más de ocho horas de duración.
Tras su detención se procedió al registro judicial de la empresa en la que trabajó, el de tres viviendas de su propiedad, el de un despacho de seguros, una asesoría y una empresa de suministros eléctricos.
En relación con la apertura de una comisión municipal de investigación sobre el caso, el alcalde aseguró que su constitución será uno de los asuntos de debate del pleno del consistorio que se celebrará el lunes.
Matizó que no será, como anunció semanas atrás, una comisión de investigación, sino "de control político" y recordó que hay un proceso judicial de tipo penal en marcha "y no puede haber intromisiones en el mismo".
El consistorio está estudiando además "hasta qué punto es competente" la administración municipal "para crear una comisión de investigación", aunque señaló que sí lo es "para crear una comisión de fiscalización y control".
La comisión, añadió Jódar, se ocupará de estudiar "las responsabilidades políticas que pudieran derivarse (del caso Limusa)" y anunció que si de la misma se saca alguna conclusión que pueda ser de utilidad en el proceso penal se pondrá en conocimiento del juez.
Jódar llegó a pie al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Lorca, que instruye el caso, poco antes de las diez de la mañana, acompañado por el jefe de alcaldía, el de su gabinete de prensa y un abogado, y lo abandonó pasadas las 11 horas, tras prestar declaración durante unos 50 minutos.
A su salida del juzgado, el alcalde dijo que el caso sigue bajo secreto de sumario, pero explicó que las preguntas del juez estuvieron relacionadas "con el funcionamiento económico del ayuntamiento y de la empresa Limusa" y con "los controles y sistemas de fiscalización y de intervención" del consistorio sobre la firma pública de limpieza.
El alcalde también contestó a preguntas del juez sobre los cometidos en Limusa del consejero delegado, del gerente y del director de servicios, éste último el único detenido en el caso y que fue despedido de forma disciplinaria un día antes de que se produjera su detención en su domicilio.
La declaración de Jódar en calidad de testigo se produce semanas después de que el ayuntamiento, a través de Limusa, remitiera al juzgado las causas que motivaron, el 2 de marzo, el despido disciplinario del ex director de la empresa.
El consistorio considera que los hechos por los que fue despedido Gil podrían ser constitutivos de los delitos previstos en los artículos 197 y 250 del Código Penal, relativos, respectivamente, al descubrimiento y revelación de secretos y la estafa.
El ayuntamiento y la propia empresa se personarán como acusación particular en el denominado caso Limusa, en el que esta semana también fue llamado a declarar en calidad de testigo un empresario hostelero de Lorca, cuyo restaurante era frecuentado por Gil.
El magistrado Sergio Romero, que instruye el caso, decretó el 6 de marzo prisión provisional por delitos contra la Hacienda Pública y malversación contra Gil tras una declaración del imputado de más de ocho horas de duración.
Tras su detención se procedió al registro judicial de la empresa en la que trabajó, el de tres viviendas de su propiedad, el de un despacho de seguros, una asesoría y una empresa de suministros eléctricos.
En relación con la apertura de una comisión municipal de investigación sobre el caso, el alcalde aseguró que su constitución será uno de los asuntos de debate del pleno del consistorio que se celebrará el lunes.
Matizó que no será, como anunció semanas atrás, una comisión de investigación, sino "de control político" y recordó que hay un proceso judicial de tipo penal en marcha "y no puede haber intromisiones en el mismo".
El consistorio está estudiando además "hasta qué punto es competente" la administración municipal "para crear una comisión de investigación", aunque señaló que sí lo es "para crear una comisión de fiscalización y control".
La comisión, añadió Jódar, se ocupará de estudiar "las responsabilidades políticas que pudieran derivarse (del caso Limusa)" y anunció que si de la misma se saca alguna conclusión que pueda ser de utilidad en el proceso penal se pondrá en conocimiento del juez.
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