J. Luis Vivas/ la Verdad
Juan Manuel López Cortés es un padre que ha luchado de forma denodada para evitar que su hija quede «desahuciada de la universidad pública», dirigiéndose a los responsables políticos y académicos competentes pero sin éxito. Después de mover cielo y tierra, ha llegado a la conclusión de que «las instituciones existen, pero no resuelven los problemas». La realidad es que «de no pagar, nos hemos visto obligados a buscar diez mil euros para abonar a la UCAM», donde finalmente se ha matriculado su hija de primer curso de Medicina.
Este vecino de Molina de Segura sostiene que su hija es «una buena estudiante, con nota media de bachiller 9,71, y cuyo interés desde hace muchos años era estudiar grado de Medicina y, por supuesto, en la universidad pública, ya que yo soy un asalariado».
La nota de Selectividad de su hija fue de 12,271 y, a priori, le debería haber permitido estudiar Medicina en Murcia, o bien en otras comunidades autónomas -Castilla La Mancha, Valencia y Cataluña, entre otras-, pero la «diversidad normativa» ha provocado que en otras universidades su nota descienda a 11,46 para el acceso a Medicina (la nota más baja está en 11,65 a nivel nacional).
¿Cuál es el motivo de esta situación paradójica? Juan Manuel explica que ha faltado información en el centro donde cursó el Bachillerato de Ciencias de la Salud, el Instituto de Enseñanza Secundaria Vega del Thader.
De haber compartido criterios entre universidades y haber mantenido su nota original (12,271), la estudiante podría haber accedido a un listado de casi treinta centros universitarios, ya que solo estaría ligeramente por debajo de la nota exigida en Granada, Complutense, Autónoma y Murcia (12,290 en este último caso).
Marginada
Además, se da la circunstancia de que, conforme han ido saliendo listas, la calificación exigida también ha ido bajando, y su hija está en el puesto seis en la relación de espera de la UMU. Tanto los cinco estudiantes que tiene por delante, como muchos de los que están por detrás, han podido acceder a otras universidades, mientras a su hija no se lo han permitido y ha quedado marginada en todas las facultades solicitadas.
El padre se ha dirigido por escrito al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel -al que también ha pedido una cita-, para que se tomen las medidas correctoras.
Desde julio hasta ahora, Juan Manuel ha enviado cartas o bien ha mantenido reuniones con diversas autoridades universitarias y del Gobierno regional, como son el rector y la vicerrectora de Estudios de la Universidad de Murcia, el secretario general de la UMU, el director general de Universidades y Política Científica e, incluso, al Defensor del Pueblo, tanto regional como nacional.
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