1.700 granjas se adaptan para cumplir la normativa de bienestar animal
02.01.13 - 00:38 -
LOLA GUARDIOLA |/ La Verdad
Con el inicio del año, entra en vigor la normativa europea sobre bienestar animal, referida a las explotaciones de porcino. El último semestre de 2012 ha sido una carrera contrarreloj para adaptar las más de dos mil granjas existentes en la Región, la mayoría en la comarca del Guadalentín y el Campo de Cartagena.
Según datos de la organización agropecuaria Coag, el 85% de las instalaciones, que alojan a más de dos millones de gorrinos, han acometido las reformas en su práctica totalidad. El catálogo de medidas que incluye la legislación es extenso y pormenorizado, pero supone un aumento de la superficie mínima de suelo libre para los distintos tipos de cerdos, el alojamiento en grupo de las gestantes y un revestimiento específico para el suelo de la explotación.
El responsable nacional del sector porcino de Coag, Jaume Bernís, subrayó que «los ganaderos ya han mostrado su buena predisposición, pero solicitan a las administraciones comprensión por posibles retrasos ajenos a su voluntad, como dificultades para acceder a los créditos, demoras en las ayudas públicas y la falta de material en el mercado».
Con todo, el mayor problema que afronta ahora el sector, ya fuertemente deteriorado por el encarecimiento de los precios de las materias primas, es asumir y rentabilizar estas inversiones. El coste medio para la adaptación de una explotación de 500 madres ronda los 175.000 euros, para un cómputo estimado en el conjunto nacional de 700 millones de euros. El presidente local de Adea-Asaja en Fuente Álamo, Alfonso Galera, asegura que además de los problemas burocráticos de reformar por completo las explotaciones, «hay que asumir un coste desmesurado, en algunos casos, difícil de soportar», opinión muy parecida a la de un conocido ganadero del Campo de Cartagena, Ginés Bermúdez, para quien «algunos profesionales lo van a pasar mal para seguir abiertos».
A pesar de que machaconamente las autoridades europeas han advertido en los últimos años de que no admitirían «aplazamientos o períodos de adaptación adicionales», lo cierto es que tanto el Ministerio de Agricultura como las comunidades autónomas han aceptado tácitamente cierta flexibilidad en la aplicación de la nueva normativa. En la Región, la directora general de Ganadería, Carmen Teodora Morales, se comprometió desde el mismo momento de su toma de posesión en junio de 2012, a «tratar de buscar soluciones que ayuden a cumplir la ley y evitar la reducción de beneficios de las granjas de porcino».
Aplicación flexible
En la misma línea, la alcaldesa, María Antonia Conesa, afirma que «aunque la ley está para cumplirla, los ganaderos de la Región llevan soportando múltiples obstáculos para sacar el sector adelante, como la especulación que existe en los precios de los cereales y, ahora, estas inversiones». Por eso, añade, «la norma debe ser flexible y aplicada de manera individualizada para evitar el cierre de las granjas de porcino».
La situación que afrontan ahora los porcinocultores es la que misma que el 1 de enero de 2012 vivió el sector aviar. Entonces, las autoridades españolas arrancaron de la Unión Europea un período de adaptación a la normativa que concluyó el pasado 31 de julio.
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