Ha añadido que aunque hubiera intentado beneficiar a los promotores de la recalificación de los terrenos, no habría podido hacerlo,
04.03.2013 | 23:15
EFE/LAOPINIONDEMURCIA.ES El exjefe de Planeamiento Urbanístico del ayuntamiento de Murcia Joaquín Peñalver, que ha declarado hoy en el juzgado que investiga el caso Umbra sobre presunta corrupción en la expansión urbanística norte de esa ciudad, ha negado que sus informes favorecieran los intereses de las sociedades de compraventa de terrenos.
Según fuentes judiciales, Peñalver ha añadido que aunque hubiera intentado beneficiar a los promotores de la recalificación de los terrenos, no habría podido hacerlo, ya que la aprobación definitiva correspondía al Gobierno autonómico de Murcia.
Por su parte, el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, ha mantenido en su interrogatorio que tanto Peñalver como otros imputados en esta causa, entre ellos, su superior jerárquico, Alberto Guerra, exdirector de la Gerencia de Urbanismo, participaron en operaciones que pudieron reportarles unos beneficios de hasta 120 millones de euros.
En la sesión de hoy de esta segunda ronda de declaraciones ordenada por el juez instructor, el magistrado David Castillejos, ha declarado también el ingeniero italiano Renato del Noce, imputado por el convenio de rehabilitación integral del casino de Murcia, que podía haber sido uno de los beneficiarios de estas operaciones supuestamente ilegales con ese acuerdo.
También ha prestado declaración la imputada Isabel Fernández, esposa de Guerra, quien ha mantenido la versión ofrecida por su marido el pasado viernes, cuando declaró, también por segunda vez, en estas diligencias.
Fernández ha sostenido que el acuerdo de compra de 24.000 acciones de la empresa General Atlantic Business, que suscribió con el también imputado Higinio Pérez Mateos, abogado, no llegó a materializarse porque poco después de su firma ambos lo dieron por resuelto.
Por su parte, el fiscal considera que esta sociedad fue utilizada por varios de los imputados, entre ellos, Guerra, como medio instrumental para la compra de terrenos y su posterior recalificación.
EL caso Umbra, que se investiga en el juzgado de instrucción número 8 de Murcia, investiga los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios, además de los de falsedad en documento mercantil y contra la hacienda pública, cometidos entre 2001 y 2006 con varios convenios urbanísticos.
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