La posible recalificación de 60 millones de metros cuadrados de terreno a suelo no urbanizable ha puesto en alerta a los vecinos de Totana que pueden verse afectados por la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que el Ayuntamiento está realizando.
Pese a que desde el Consistorio llaman a la calma y niegan esta astronómica cifra, en la última reunión celebrada por la Unión de Agricultores y Ganaderos del Bajo Guadalentín (COAG) y la Asociación de Propietarios del Entorno de Sierra Espuña (APESE) se dieron a conocer las modificaciones que las autoridades ambientales exigen al Ayuntamiento para continuar la tramitación del PGOU.
La valoración del impacto ambiental supondrá «un cambio sustancial del plan que recalifica a no urbanizable más de 60 millones de metros cuadrados que afecta a unos 4.000 propietarios y agricultores», destacó el presidente de Apese, José Luis Hernández.
Si estas modificaciones finalmente se llevaran a cabo, Coag y Apese no descartan que se superen «las más de 14.000 alegaciones que cosechó el Plan en el 2008 en su aprobación provisional». Según Isidoro Cayuela, presidente comarcal de Coag, «si para compensar los efectos ambientales negativos de las urbanizaciones quieren utilizar como moneda de cambio proteger tierras de los agricultores, no vamos a estar de acuerdo».
Por otro lado, la asamblea acordó suscribir un escrito dirigido a los consejeros de Agricultura y Obras Públicas para que requieran al Ayuntamiento «la retirada del actual texto del Plan presentado, así como la separación de éste de la normativa del casco urbano», a fin de que se pueda agilizar y aprobar un plan parcial que afecte sólo al casco urbano y «que desbloquee las licencias y la actividad de los pequeños constructores de la zona urbana».
La asamblea también acordó denunciar «la pretensión del Parque de Sierra Espuña de expropiar parte del uso de muchas fincas», al establecer una supuesta banda de protección de un kilómetro en torno al Parque, que preocupa a los propietarios porque al declararse este suelo no urbanizable supondría la imposibilidad de edificar viviendas unifamiliares en fincas de 5.000 metros, según se desprende del comunicado del sindicato.
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