LORCA/ La futura imputación de un aforado puede hacer que el 'caso Limusa' vaya al TSJ

La policía judicial registra en las últimas horas los estudios de dos conocidos arquitectos y un constructor en busca de documentación
P. W. R./ LORCA / LA VERDAD

La posible imputación de un aforado -en concreto, un diputado- podría llevar al juzgado a inhibirse del caso Limusa a favor del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Pero para ello todavía falta algún tiempo, ya que la intención de los investigadores es hacerlo cuando todo el procedimiento esté casi concluido.
Su declaración sería, por tanto, la última en solicitarse, ya que llevaría consigo el traslado de todas las diligencias al TSJ. La presencia del aforado en la investigación, en el marco de la presunta trama de corrupción en la empresa municipal de limpieza Limusa, sería así uno de los últimos pasos que se ejecutarán desde el juzgado.
A esta posibilidad, confirmada en fuentes próximas a la investigación, se habría referido uno de los policías de la UDEV durante un registro, al observar una fotografía en la que aparecían dos personas. «Son -dijo- la primera y la última piezas del puzzle». La fotografía figura entre los documentos que fueros requisados y que permanecen custodiados en el juzgado lorquino.
Mientras, en las últimas horas se han producido registros en los estudios de dos conocidos arquitectos y de un constructor lorquinos. De las tres sedes, los investigadores se habrían llevado varias carpetas que están siendo revisadas en estos momentos.
La sociedad Vía Urbe
Los investigadores también centrarían ahora sus pesquisas en otra de las sociedades, Vía Urbe S. L., domiciliada en Murcia y titular de dos fincas que estaban interesados en comprar los imputados. Sin embargo, en lugar de adquirir los terrenos se optó por hacerse con el 100% de las participaciones sociales, según reza en un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario de las investigaciones.
Su capital procede en un 60% de Invermed 2002 S. L., un 30% a AJM Inversiones y Proyectos Almenara S. L., y el 10% restante de dos socios y una sociedad de arquitectos. En la información con que cuenta el juzgado figuran un contrato privado de compraventa por un precio de 1,8 millones de euros, que coincide con la cuantía declarada por los vendedores en la declaración de IRPF del 2005.
El 29 de abril del 2005 se nombró como nuevos administradores mancomunados a Francisco Ignacio Gil Eguino, en representación de Invermed; José Baños Albacete, de AJM Inversiones y Proyectos Almenara S. L., y ese mismo año la sociedad constituyó una hipoteca por casi tres millones de euros.
«Ojo, no debe saberse»
En el interior de una carpeta, denominada BNJN, figura un documento en el que se haría referencia a la adquisición y forma de pago de un terreno a la empresa Tana S.A., con fecha 22 de diciembre del 2005, «por un importe de 675 millones de pesetas, equivalente a cuatro millones de euros».
No aparece más documentación, aunque en la base de datos de la Agencia Tributaria figura que Vía Urbe «habría realizado pagos a Tana en el año 2006 por importe de casi dos millones de euros». En el informe de Hacienda se asegura que «de confirmarse los datos contenidos en dicho documento, la diferencia de 2,3 millones de euros entre el valor real de compraventa y el declarado por ambas partes supondría la posible comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por parte de Tana S. A., y de un delito por parte de Vía Urbe S. L., en la medida en que no justificasen el origen de los fondos».
Y como colofón, en dicho documento se indica, según el mismo informe, que «vamos al 50% con Gestibensa (ojo no se debe saber)». En el mismo documento se señala que Gestibensa S. L., «puede tratarse de la empresa domiciliada en Beniaján, Murcia».
El último detenido en la Operación Reciclaje, el que fue alcalde de Lorca, Miguel Navarro Molina, afirmó ayer, tras ser puesto en libertad con cargos la noche anterior, que prefiere no hacer declaraciones sobre lo sucedido en las últimas horas. «En estos momentos no debo hablar, aunque cuando termine todo lo haré».
Sobre todo lo sucedido, señaló: «No lo entiendo, y punto». Tampoco quiso manifestarse sobre las declaraciones realizadas por miembros de su partido mientras permanecía detenido. «No. Prefiero no decir nada sobre ese asunto. No quiero hablar en estos momentos». Lo que sí quiso agradecer es el apoyo que le brindaron ex concejales que compartieron gobierno con él. Entre ellos estaban José Sánchez, Antonio Vidal, Alfonso López Lidón y Mari Carmen Veas, a los que también acompañó el que fue secretario general de la UGT, Francisco Rodríguez. «Son compañeros; más que eso, amigos», concluyó Miguel Navarro.
Hasta el momento ocho son los detenidos dentro de la Operación Reciclaje, aunque sólo uno permanece en prisión: el ex director de la empresa municipal de limpieza Limusa, Francisco Gil Eguino, que se encuentra en Sangonera desde marzo pasado.