La operación en Las Cañadas se salda con dos empresarios y 19 inmigrantes sin permiso de trabajo detenidosANTONIO GÓMEZ CIEZA/ La Verdad
Mutismo casi absoluto entre los agricultores sobre las intervención el martes en una finca agrícola en Las Cañadas, donde la Policía detuvo a los gerentes y a 19 inmigrantes irregulares. Nadie quiere hablar. Ni productores ni responsables de organizaciones agrarias se arriesgan a aparecer con nombres y apellidos para opinar sobre el tema.
Todos coinciden, no obstante, en que se trata de una «situación muy delicada» y se apresuran a señalar que «se trata de un hecho aislado que no puede contaminar al resto de explotaciones». Temen que este tipo de noticias trascienda incluso a Europa y perjudique seriamente la salida de la producción como ocurrió hace unos años en Almería.
Antonio Moreno, secretario sectorial de UPA, ha manifestado que «la ley está hecha para todos y debe aplicarse». Reitera que, «afortunadamente, se trata de casos muy aislados los que se han producido desde que, al principio de la campaña, con el aclareo, los inspectores comenzaron a controlar las explotaciones agrarias de toda la Región para evitar situaciones de ilegalidad e infracciones en contra del régimen laboral». Asegura que «la tónica general es que existe un nivel altísimo de contratación de mano de obra legal y que están funcionando los planes de prevención de riesgos laborales». Cree, finalmente, que «estas situaciones de personas que no respetan las normas no pueden manchar la imagen del resto del sector».
Mientras que en la explotación intervenida el martes han tenido que recurrir a una empresa de trabajo temporal con el fin de no que no cese la actividad (nos encontramos en unas fechas sensibles en las que se perdería mucho dinero si se detiene la recolección), los inspectores han continuado esta semana peinando las fincas. Entre las que ya han recibido la visita, se encuentran los parajes de El Quinto, Las Cañadas, La Serrana, El Ginete, Ascoy y Fuente del Peral, entre otros.
Tal y como adelantó La Verdad, la Jefatura Superior de Policía de Murcia confirmó ayer jueves en un comunicado que agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, en colaboración con la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Inspección Provincial de Trabajo de Murcia, han llevado a cabo una operación que se ha saldado con la detención de dos personas por su implicación en delitos contra los derechos de los trabajadores y otras diecinueve por infracción de la Ley de Extranjería.
Las investigaciones que han permitido llevar a cabo esta operación, tuvieron su origen en la acumulación de una serie de indicios que ponían de manifiesto las irregularidades cometidas en una explotación agrícola, ubicada en una finca cercana a la localidad de Cieza.
Según la investigación, la empresa empleaba a numerosos inmigrantes sin permisos de residencia ni de trabajo. Estos trabajadores eran recogidos en Cieza y a bordo de furgonetas eran trasladados a la finca previo pago del importe del trayecto. Su situación irregular era aprovechada por los empleadores para pagar incluso salarios inferiores a los establecidos en los convenios.
El martes se llevó a cabo una inspección en la finca, donde se detuvo a R.P.L. y G.R.L., responsable y encargado de la empresa, respectivamente, y de diecinueve personas por Infracción de la Ley de Extranjería.
Todos coinciden, no obstante, en que se trata de una «situación muy delicada» y se apresuran a señalar que «se trata de un hecho aislado que no puede contaminar al resto de explotaciones». Temen que este tipo de noticias trascienda incluso a Europa y perjudique seriamente la salida de la producción como ocurrió hace unos años en Almería.
Antonio Moreno, secretario sectorial de UPA, ha manifestado que «la ley está hecha para todos y debe aplicarse». Reitera que, «afortunadamente, se trata de casos muy aislados los que se han producido desde que, al principio de la campaña, con el aclareo, los inspectores comenzaron a controlar las explotaciones agrarias de toda la Región para evitar situaciones de ilegalidad e infracciones en contra del régimen laboral». Asegura que «la tónica general es que existe un nivel altísimo de contratación de mano de obra legal y que están funcionando los planes de prevención de riesgos laborales». Cree, finalmente, que «estas situaciones de personas que no respetan las normas no pueden manchar la imagen del resto del sector».
Mientras que en la explotación intervenida el martes han tenido que recurrir a una empresa de trabajo temporal con el fin de no que no cese la actividad (nos encontramos en unas fechas sensibles en las que se perdería mucho dinero si se detiene la recolección), los inspectores han continuado esta semana peinando las fincas. Entre las que ya han recibido la visita, se encuentran los parajes de El Quinto, Las Cañadas, La Serrana, El Ginete, Ascoy y Fuente del Peral, entre otros.
Tal y como adelantó La Verdad, la Jefatura Superior de Policía de Murcia confirmó ayer jueves en un comunicado que agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, en colaboración con la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Inspección Provincial de Trabajo de Murcia, han llevado a cabo una operación que se ha saldado con la detención de dos personas por su implicación en delitos contra los derechos de los trabajadores y otras diecinueve por infracción de la Ley de Extranjería.
Las investigaciones que han permitido llevar a cabo esta operación, tuvieron su origen en la acumulación de una serie de indicios que ponían de manifiesto las irregularidades cometidas en una explotación agrícola, ubicada en una finca cercana a la localidad de Cieza.
Según la investigación, la empresa empleaba a numerosos inmigrantes sin permisos de residencia ni de trabajo. Estos trabajadores eran recogidos en Cieza y a bordo de furgonetas eran trasladados a la finca previo pago del importe del trayecto. Su situación irregular era aprovechada por los empleadores para pagar incluso salarios inferiores a los establecidos en los convenios.
El martes se llevó a cabo una inspección en la finca, donde se detuvo a R.P.L. y G.R.L., responsable y encargado de la empresa, respectivamente, y de diecinueve personas por Infracción de la Ley de Extranjería.
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