Los regantes de Molina, Lorquí y La Algaida no se ponen de acuerdo. Una nueva demostración fue el juntamento que se iba a celebrar ayer en el instituto Vega del Táder. En realidad, no se llegó a votar ningún punto del orden del día porque la Asociación en Defensa de los Intereses de los Regantes del Heredamiento presentó unas 800 delegaciones de voto y la junta directiva optó por aplazar la asamblea al 19 de julio mientras comprueban cada una de las referidas delegaciones.
El 'juntamento' de ayer era continuación de otro celebrado el 25 de enero, que también fue suspendido porque la directiva indicó que no podrían votar los agricultores que tuvieran pendiente alguna cuota con la organización agraria, en alusión a los que no hubieran pagado la derrama de 300 euros por tahúlla correspondientes a las obras de modernización de regadíos.
Aquella reunión suspendida acabó con 350 regantes en el juzgado de guardia presentando una denuncia ante la negativa del presidente del Sindicato de Riegos a admitir el voto de quienes adeudaban cuotas, «invocando para ello el artículo 95 de las ordenanzas falseado previamente», indica la asociación en un comunicado. Dentro de las actuaciones judiciales, el pasado 26 de mayo declaró como imputado José García Gil, presidente del Heredamiento, y está previsto que declaren el 2 de julio el secretario del Heredamiento, José Oliva, y el presidente del Sindicato de Riegos, Joaquín Contreras.
Lo que sí quedó patente es que un amplio sector de los regantes pide la dimisión de la junta directiva del Heredamiento de Regantes, algo que volvieron a poner de manifiesto en presencia del alcalde, Eduardo Contreras, que estuvo en el juntamento. La Asociación en Defensa de los Intereses de los Regantes del Heredamiento, que el viernes llevó a cabo una asamblea en el auditorio del parque, asegura que la implantación del plan de modernización de regadíos se está ejecutando sin los requisitos legales y estatutarios pertinentes.
Este colectivo de agricultores lleva varios meses reclamando la paralización de las obras de modernización de regadíos y así se lo han demandado a la directiva del Heredamiento de Regantes, negándose un millar de ellos a abonar las derramas extraordinarias, 300 euros por tahúlla. «No nos negamos a pagar, sino que queremos que se haga una auditoría para saber qué gestión se ha hecho del dinero público destinado al plan», señalaron varios representantes de la plataforma.
La Asociación en Defensa de los Regantes también denuncia que, con el plan de modernización, ahora sólo dispondrán de 600 litros por segundo cuando antes tenían derecho a 3.000. El presidente del Sindicato de Riegos, Joaquín Contreras, dijo que los agricultores tienen concesiones que se otorgaban a criterio de la Confederación Hidrográfica del Segura. Ahora los agricultores disponen de unos 12,5 millones de metros cúbicos de agua al año para 1.884 hectáreas.
El 'juntamento' de ayer era continuación de otro celebrado el 25 de enero, que también fue suspendido porque la directiva indicó que no podrían votar los agricultores que tuvieran pendiente alguna cuota con la organización agraria, en alusión a los que no hubieran pagado la derrama de 300 euros por tahúlla correspondientes a las obras de modernización de regadíos.
Aquella reunión suspendida acabó con 350 regantes en el juzgado de guardia presentando una denuncia ante la negativa del presidente del Sindicato de Riegos a admitir el voto de quienes adeudaban cuotas, «invocando para ello el artículo 95 de las ordenanzas falseado previamente», indica la asociación en un comunicado. Dentro de las actuaciones judiciales, el pasado 26 de mayo declaró como imputado José García Gil, presidente del Heredamiento, y está previsto que declaren el 2 de julio el secretario del Heredamiento, José Oliva, y el presidente del Sindicato de Riegos, Joaquín Contreras.
Lo que sí quedó patente es que un amplio sector de los regantes pide la dimisión de la junta directiva del Heredamiento de Regantes, algo que volvieron a poner de manifiesto en presencia del alcalde, Eduardo Contreras, que estuvo en el juntamento. La Asociación en Defensa de los Intereses de los Regantes del Heredamiento, que el viernes llevó a cabo una asamblea en el auditorio del parque, asegura que la implantación del plan de modernización de regadíos se está ejecutando sin los requisitos legales y estatutarios pertinentes.
Este colectivo de agricultores lleva varios meses reclamando la paralización de las obras de modernización de regadíos y así se lo han demandado a la directiva del Heredamiento de Regantes, negándose un millar de ellos a abonar las derramas extraordinarias, 300 euros por tahúlla. «No nos negamos a pagar, sino que queremos que se haga una auditoría para saber qué gestión se ha hecho del dinero público destinado al plan», señalaron varios representantes de la plataforma.
La Asociación en Defensa de los Regantes también denuncia que, con el plan de modernización, ahora sólo dispondrán de 600 litros por segundo cuando antes tenían derecho a 3.000. El presidente del Sindicato de Riegos, Joaquín Contreras, dijo que los agricultores tienen concesiones que se otorgaban a criterio de la Confederación Hidrográfica del Segura. Ahora los agricultores disponen de unos 12,5 millones de metros cúbicos de agua al año para 1.884 hectáreas.
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