TOTANA/El Tribunal de Cuentas deja visto para sentencia el caso de las subvenciones

Los demandados podrían tener que devolver 450.000 euros a las arcas municipales La postura del socialista Martínez Baños bloqueó un acuerdo judicial de última hora
GUILLERMO HERMIDA MURCIA/ La Verdad

Visto para sentencia. Así dejó el miércoles la consejera de cuentas -el equivalente a un juez en el Tribunal de Cuentas- el caso de las subvenciones a los grupos políticos municipales (PP, PSOE, Mixto e IU) durante la legislatura 1995-1999. El caso, que se lleva por la jurisdicción civil, trata de determinar las posibles responsabilidades contables por alcance a las cuentas públicas por estas subvenciones, que no se justificaron suficientemente según los demandantes. El miércoles declararon 13 personas ante la consejera, incluyendo al ex alcalde Juan Morales y los por aquél entonces ediles Jesús Perera y Miguel Martínez (desgajados del PSOE y en el Grupo Mixto); Juan José Cánovas y Pedro Martínez (IU); José María Cánovas, Manuel Vidal y Martínez Baños (PSOE) y Eduardo Cabezas, José María Parra y Juan José Salas del Partido Popular.
La consejera volvió a sugerir a demandantes y demandados -los 21 concejales de aquella corporación y la interventora accidental- que llegaran a un acuerdo antes de que dicte sentencia, sobre todo porque las responsabilidades patrimoniales en las que incurren superan ya los 450.000 euros, de los que un tercio devienen de los intereses legales.
El acuerdo parecía posible ayer en Madrid, donde se desplazaron los 20 ediles -justificó su ausencia una ex concejal popular que reside ahora fuera de la Península- junto a los interventores Juan Manuel Jiménez y Eulalia Cañizares, esta última como demandada. Pero la postura del ex edil socialista Martínez Baños bloqueó el posible acuerdo, para el que aún hay margen hasta que se dicte sentencia, aproximadamente un mes y medio según fuentes judiciales.
El PSOE reclama al Grupo Mixto 54.936 euros y 142.900 euros al PP. Los populares a su vez exigen a los socialistas 55.900 euros y 55.300 a Izquierda Unida por estas subvenciones presuntamente irregulares.