Juan Pedro Torralba, del PSOE, encargó 1.500 euros de material de obra a su empresa
28.04.09 -
J. A. G. CARTAGENA/ la Verdad
Sólo un mes después de que la alcaldesa destituyera a Enrique Pérez Abellán como concejal de Servicios y Seguridad Ciudadana por su «responsabilidad moral» al haber sugerido el nombre su hijo para los contratos del Plan E, otro escándalo de presunto enchufismo salpica al Ayuntamiento. En realidad, es un autoenchufe, y no afecta al gobierno municipal del PP sino al PSOE. Se trata del presidente de la Junta Municipal Vecinal de Alumbres, Juan Pedro Torralba, a quien el ejecutivo local exige que dimita por adjudicar a una empresa de la que es administrador dos contratos de suministro de material de obra.
Las facturas, por valor de 1.538,76 euros, fueron aprobadas por Torralba para unos trabajos en el local social de la diputación. Su cargo le permite autorizar facturas de pequeña cuantía sin someterlo al pleno vecinal.
El concejal de Descentralización, Nicolás Ángel, pidió ayer la dimisión de Torralba, porque el reglamento de funcionamiento de las juntas hace incompatible pertenecer a estos entes y mantener relación contractual con ellos.
¿La revancha popular?
El Gobierno municipal ha pedido a los servicios jurídicos un informe sobre las adjudicaciones, para conocer si la alcaldesa debe destituir a Torralba. A su juicio, al margen de lo ilegal, es un asunto ético comparable al de Enrique Pérez Abellán: «Torralba ha pagado como cargo público un dinero público que luego cobraba como empresario».
La empresa de Torralba ha facturado al Ayuntamiento otras dieciséis veces. Ha recibido 8.382,31 euros en cuatro años, aunque el edil restó importancia a estas contrataciones a la empresa de un cargo público porque «son legales».
Los contratos de la polémica son de los años 2005 y 2006 y fueron autorizados por el ex concejal de Diputaciones Pérez Abellán. Pero la presunta ilegalidad trasciende ahora, y Ángel aseguró que se debe a que en el control habitual no se detectó.
El edil negó que el Gobierno busque revancha contra el PSOE. Eso sí, lo negó segundos después de afirmar: «Nosotros hemos investigado y ha salido esto. Aquí hay gente que busca revancha. No sólo por parte de este grupo», dijo en una posible alusión a la división interna entre los socialistas.
Ángel también criticó que el PSOE haya incluido en su directiva a Torralba y que la portavoz, Caridad Rives, reste importancia a las contrataciones diciendo que actuó para «hacer un favor» a su pueblo. Torralba y Rives darán explicaciones hoy.
28.04.09 -
J. A. G. CARTAGENA/ la Verdad
Sólo un mes después de que la alcaldesa destituyera a Enrique Pérez Abellán como concejal de Servicios y Seguridad Ciudadana por su «responsabilidad moral» al haber sugerido el nombre su hijo para los contratos del Plan E, otro escándalo de presunto enchufismo salpica al Ayuntamiento. En realidad, es un autoenchufe, y no afecta al gobierno municipal del PP sino al PSOE. Se trata del presidente de la Junta Municipal Vecinal de Alumbres, Juan Pedro Torralba, a quien el ejecutivo local exige que dimita por adjudicar a una empresa de la que es administrador dos contratos de suministro de material de obra.
Las facturas, por valor de 1.538,76 euros, fueron aprobadas por Torralba para unos trabajos en el local social de la diputación. Su cargo le permite autorizar facturas de pequeña cuantía sin someterlo al pleno vecinal.
El concejal de Descentralización, Nicolás Ángel, pidió ayer la dimisión de Torralba, porque el reglamento de funcionamiento de las juntas hace incompatible pertenecer a estos entes y mantener relación contractual con ellos.
¿La revancha popular?
El Gobierno municipal ha pedido a los servicios jurídicos un informe sobre las adjudicaciones, para conocer si la alcaldesa debe destituir a Torralba. A su juicio, al margen de lo ilegal, es un asunto ético comparable al de Enrique Pérez Abellán: «Torralba ha pagado como cargo público un dinero público que luego cobraba como empresario».
La empresa de Torralba ha facturado al Ayuntamiento otras dieciséis veces. Ha recibido 8.382,31 euros en cuatro años, aunque el edil restó importancia a estas contrataciones a la empresa de un cargo público porque «son legales».
Los contratos de la polémica son de los años 2005 y 2006 y fueron autorizados por el ex concejal de Diputaciones Pérez Abellán. Pero la presunta ilegalidad trasciende ahora, y Ángel aseguró que se debe a que en el control habitual no se detectó.
El edil negó que el Gobierno busque revancha contra el PSOE. Eso sí, lo negó segundos después de afirmar: «Nosotros hemos investigado y ha salido esto. Aquí hay gente que busca revancha. No sólo por parte de este grupo», dijo en una posible alusión a la división interna entre los socialistas.
Ángel también criticó que el PSOE haya incluido en su directiva a Torralba y que la portavoz, Caridad Rives, reste importancia a las contrataciones diciendo que actuó para «hacer un favor» a su pueblo. Torralba y Rives darán explicaciones hoy.
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