El Ayuntamiento no descarta que las operadoras pidan ahora compensaciones por los perjuicios que les ha causado la norma
14.06.13 - 00:50 -
JUAN LUIS VIVAS |/ La Verdad
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha dictado una nueva sentencia por la que queda impugnada la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de Infraestructuras Radioeléctricas, mediante la cual se venía regulando desde 2008 la instalación de las antenas de telefonía móvil en Molina de Segura. En este caso, la sentencia da la razón a la compañía Vodafone, al igual que hace cuatro meses trascendía otra sentencia similar a favor de la compañía Telefónica.
En los dos casos, el TSJ insta al consistorio molinense a aprobar una nueva ordenanza, de acuerdo con la legislación nacional en esta materia. El Ayuntamiento seguirá el modelo elaborado por la Federación de Municipios y Provincias, en el que se han inspirado las ordenanzas vigentes en Murcia y Cartagena.
La primera teniente de alcalde, Adoración Molina, no descarta que ahora las operadoras decidan solicitar compensaciones económicas al municipio por los perjuicios ocasionados, aunque confía en que no se llegue a esa situación, dada la necesaria colaboración que las compañías de telefonía requieren del Ayuntamiento para su implantación en el municipio y para otro tipo de servicios. Recientemente, el Ayuntamiento adjudicaba a Telefónica el suministro de los servicios informáticos municipales por cerca de 1,8 millones de euros.
Conciliar intereses
Molina afirma que la intención del Gobierno municipal es mantener una reunión con las diferentes operadoras de telefonía móvil que prestan servicios en la localidad para diseñar un plan de implantación de las antenas, haciendo uso de edificios y espacios públicos. Ahora bien, tendrá que conciliar intereses con los representantes de vecinos que, en su momento, presionaron para elaborar una ordenanza que ha tumbado el TSJ en dos ocasiones.
En Molina hubo diversas movilizaciones y protestas vecinales contra plataformas de telefonía móvil -San Antonio, San José-Los Ángeles, Sagrado Corazón y Los Conejos, entre otras zonas- y de ahí que el consistorio comenzó la redacción de una ordenanza propia, en el seno de la Comisión Municipal de Telecomunicaciones, que se aprobó por unanimidad en noviembre de 2007 y que siempre ha contado con el rechazo de las empresas de telefonía.
El documento establecía que las antenas de telefonía móvil debían ubicarse en suelo no urbanizable, con una distancia de al menos 100 metros de una vivienda y de 300 metros de un centro educativo, sanitario o geriátrico.
Las compañías de telefonía móvil, además, estaban en la obligación de presentar de forma anual en el Ayuntamiento un plan de implantación en el que se contemplara el conjunto de las antenas con las que cuentan en el municipio, y el consistorio sería el encargado de asumir la coordinación de los planes de instalaciones de las compañías a través de un plan de despliegue a nivel local.
Asimismo, la ordenanza contemplaba que el Ayuntamiento, por razones de interés público, podría limitar, o en su caso prohibir, las instalaciones de estaciones radioeléctricas en el entorno de centros hospitalarios, geriátricos y educativos.
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