ABANILLA/ Guerra sin cuartel en Los Carujos

Expropian una finca a un vecino que se impuso 22 veces en los juzgados a su vecina por la servidumbre de paso 

24.06.13 - 01:00 - 

JORGE GARCÍA BADÍA |/Lla Verdad

Toda la culpa la tienen un pollo muerto y la falta de espacio para aparcar. A partir de ahí, se rompieron las relaciones entre dos vecinos de la pedanía abanillera de Barinas y se inició una disparatada batalla judicial para demostrar que una finca de 144 metros cuadrados es servidumbre de paso. El solar está situado frente al número 89 de la calle de Los Carujos, y es propiedad de José Ramírez, per linda con el número 87 de Carmen Marco. De hecho, la vecina entraba a su casa a través del solar.

Ambos vecinos se han visto las caras en los juzgados en 22 ocasiones y siempre por el mismo motivo, desde que en marzo de 1996 la Audiencia Provincial falló que Carmen Marco «no tiene derecho de paso sobre la finca». Desde entonces, Carmen reclama desde hace 16 años su «derecho de servidumbre de paso».

A pesar de que ha apoyado sus denuncias en una escritura de los terrenos de 1928, no ha ganado ni una batalla judicial. «¡He perdido diez millones de pesetas en juicios y mi salud!», clama la mujer. Al tiempo que recuerda que las relaciones con su vecino José no siempre fueron así. «Ese camino es servidumbre, según la escritura. Crecí aquí y siempre he pasado por ahí, pero las malas relaciones empezaron porque un familiar suyo nos mató un polluelo».

A solo unos metros, en el número 89, José recuerda que la raíz de los problemas es otra. «La parcela es mía pero ella aparcaba el coche y no me dejaba aparcar». Tras los primeros juicios, en junio de 1996, el alcalde, Fernando Molina, logró que los dos vecinos de Los Carujos firmasen un acuerdo. El documento recoge que Carmen «ha perdido la servidumbre de paso para acceder a su vivienda», y ante la imposibilidad de acceder a su casa «por otro lugar», José firmó aquel año autorizar que la vecina pasase «por su finca con la condición de que ésta no utilice como aparcamiento los terrenos del señor Ramírez».

Pero la paz duró poco. «Ella levantó una puerta abatible de hierro para la entrada de sus coches por mi finca». Por lo que volvieron a los tribunales y terminaron de declararse la guerra. Sobre todo después de que José lograse que en 2011 el juzgado número 2 de Cieza ordenase el «necesario tapiado de las puertas de acceso de la finca de la señora Marco».

Un muro de tres metros

Por orden judicial se levantó un muro de tres metros de altura frente a la puerta abatible de Carmen: «¡Me dejaron encerrada! No podía entrar ni salir de mi casa, mi hija tuvo que tirar parte de un muro para salir por la otra calle». De aquella sentencia se enteró todo Barinas porque para ejecutarla se personaron cinco agentes de la Guardia Civil, que se encargaron de velar por la seguridad de los albañiles que levantaron el muro. El conflicto lejos de aplacarse fue 'in crescendo': «Ella me fue tirando el muro de noche, cada día me faltaba un trozo. Lo tiró a plazos». De hecho, José aportó al Juzgado de lo Penal número 1 de Murcia un completo archivo fotográfico, y logró que condenasen a Carmen por «un delito continuado de daños».

El fallo explica que «guiada por el ánimo de causar desperfectos, entre el 27 de junio de 2007 y el 19 de abril de 2008, desde el interior de su propiedad fue derribando de manera continuada el muro». Por lo que la vecina fue condenada a pagar 1.440 euros por un delito de daños, y 1.499 euros por responsabilidad civil. En paralelo a los procesos judiciales, se sucedieron sonoros enfrentamientos en los que intervino la Guardia Civil porque acusaron de «brujería» a José.

Ante la firmeza de las sentencias, Carmen optó por recurrir al Ayuntamiento en 2009. «Lo hice porque la única solución era la expropiación». Así ha sido, el Consistorio le ha expropiado la finca a su vecino para convertirla en vial público. Tal resolución le permite a la mujer volver a pasar por la parcela de la discordia.

El expediente se inició en 2009 y, en noviembre de 2012, el Jurado Provincial de Expropiación tasó los terrenos en 13.137 euros. El pasado mayo el Ayuntamiento le ingresó esta suma a José, lo que ha provocado que la edil del IUMA, María Dolores Saurín, ponga el grito en el cielo: «Se trata de dinero público de los abanilleros y que ha sido utilizado por el PP para solucionar un tema privado entre familias que llevan años de litigios».

¿Es una plaza central?

Para Saurín «lo grave del asunto es que podría sentar precedente y que los vecinos pidan al Ayuntamiento que actúe en problemas privados. Estamos estudiando la documentación por si esa actuación es susceptible de ser revisada por la Fiscalía, porque esa unidad de actuación urbanística parece hecha a medida». Desde la Alcaldía explican que la actuación urbanística se corresponde con «la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, que incluye la ordenación pormenorizada del barrio de Los Carujos». Y subrayan que, «en la ordenación de ese barrio figura una calle con acceso a una plaza central que no formaba parte del dominio público y era necesaria para el desarrollo del Plan», en alusión a la parcela de 144 metros que ha motivado esta guerra, y por la que las arcas municipales han pagado 150 euros por m2 de matorrales, escombros y lagartos.