Más de 500 agricultores rechazan las obras, que supondrán un gasto anual que triplica el actual presupuesto del Heredamiento
Tras más de dos horas de debate, los comuneros votaron en contra de ratificar los préstamos que el Heredamiento Regante tiene suscritos con varias entidades financieras para hacer frente a las obras del Plan de Modernización de Regadíos (PMR). Por tanto, serán los tribunales los que decidan en relación con los procesos abiertos en torno a las actuaciones que la anterior directiva llevó a cabo con respecto al dicho plan, incluyendo la financiación solicitada.
Ayer, más de 500 agricultores de Molina, Lorquí y La Algaida confirmaron con sus votos que no se sienten identificados con unas obras que, en muchos casos, se decidieron y modificaron sin el respaldo asambleario, tal y como estipulan los estatutos de dicho órgano.
En la información distribuida en el juntamento -celebrado en el pabellón Antonio Peñalver- se indicó que el PMR no está acabado. «Las fincas de los sectores 3 y 4, que deben abastecerse del embalse C de Los Conejos, no disponen de agua debido a que Seiasa no instaló las tuberías de esas zonas», explicaba el comunicado, que añade que el proyecto está «paralizado», sin que hasta la fecha la junta directiva conozca las circunstancias de dicha paralización.
Asimismo, los representantes del Heredamiento indicaron que una estimación aproximada de la financiación conjunta de las obras de Seiasa y Acuamed a partir del año 2026 hasta el 2050 situaría los importes a pagar en torno a los 750.000 euros anuales, el triple del presupuesto que tiene dicha comunidad al año. «A ello debemos sumar unos costes eléctricos estimados de medio millón de euros anuales, cuando la totalidad del sistema esté a pleno rendimiento», agregaba la nota informativa. En total serían unos 150.000 euros al año.
Al final pagarán los comuneros
En el juntamento se insistió en que no hay constancia de que se aprobaran en asamblea los préstamos contraídos para varias obras del PMR, al igual que tampoco pasaron por asamblea las obras de tomas a parcelas. En este sentido, la actual directiva señala que las obras de tomas a parcelas tuvieron cuatro fuentes de financiación: el dinero que muchos regantes se vieron obligados a desembolsar, la venta de bienes del Heredamiento, las subvenciones y los préstamos bancarios, «de los cuales no se tiene constancia que fueran aprobados en asamblea y cuyo pago ahora nos exigen los bancos».
Pese a que la gran mayoría de comuneros votaron en contra de ratificar dichas pólizas de préstamos, algunos agricultores tomaron la palabra en la asamblea -a la que asistió el alcalde y varios concejales de la Corporación- para intentar hacer ver que, tarde o temprano, serán los regantes quienes tengan que hacer frente a las deudas contraídas con las entidades financieras.
Pero sus alegatos encontraron la réplica de una mayoría que considera que las personas que adoptaron dichas pólizas deben ser quienes hagan frente a la deuda, es decir, los anteriores gestores del Heredamiento. Una minoría instó al resto a pagar los atrasos de las derramas para equilibrar las cuentas del órgano de riegos y así hacer frente a buena parte de los préstamos, pero los resultados de las votaciones fueron completamente contrarios a esta tesis.
El único punto que votaron a favor la mayoría de comuneros fue el referente a la ratificación del convenio firmado con la Agencia Regional de Recaudación para el cobro y de los repartos y derramas aprobados en juntamento.
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