El escrito presentado ante el Consejo del Poder Judicial afirma que es objeto de «una agresividad anormal» por los jueces
EFE MURCIA/ La Verdad
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Antonio G.C. presentó el martes en los servicios de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Madrid un escrito en el que denuncia la situación del juzgado de primera instancia de Jumilla, ya que, según asegura, está siendo objeto «de una agresividad anormal por parte de los jueces».
En concreto, acusa a un funcionario de prevaricación, fraude de ley y favorecer acciones dilatorias en los procedimientos, en un proceso iniciado en el año 1995 en el que este agricultor sufrió un embargo de un banco.
Este vecino había presentado además el 27 de marzo una denuncia en el juzgado de guardia de Jumilla porque desde 1995, según advierte, «viene sufriendo atropellos continuados con toda crueldad por parte de las acciones judiciales que se están haciendo en el juzgado de primera instancia de Jumilla».
El embargo fue ejecutado por el citado juzgado y, según denunció Antonio, precintó bienes de personas ajenas al proceso judicial, como un automóvil de su hermana y le embargaron cinco tractores, dos de su padre y uno de su hermano, los cuales fueron depositados por el juzgado «a campo abierto y sin protección» y que, por causas que se desconocen, aparecieron saqueados y quemados en el paraje Cañada del Judío.
El 29 de noviembre de 2002 el banco percibe la totalidad de las cantidades adeudadas y el 21 de mayo de 2003 la jueza acuerda el desprecinto de lo embargado, tras lo que el 1 de julio de ese año el agricultor presenta un escrito de alegaciones con respecto al estado de los tractores y las posibles responsabilidades del banco y los juzgados presentes en los procedimientos, y también solicita daños y perjuicios, lo que fue negado por el juzgado el 19 de septiembre, añade.
Acabar con la «pesadilla»
En el escrito presentado ayer ante el CGPJ este agricultor pide que se abra un expediente sancionador contra los denunciados, al tiempo que lamenta que «mientras no le devuelvan sus útiles de trabajo y pueda ejercer su profesión libremente, no podrá acabar la pesadilla de todos los miembros de su familia, ni llevar a cabo una vida digna, ni normal».
En concreto, acusa a un funcionario de prevaricación, fraude de ley y favorecer acciones dilatorias en los procedimientos, en un proceso iniciado en el año 1995 en el que este agricultor sufrió un embargo de un banco.
Este vecino había presentado además el 27 de marzo una denuncia en el juzgado de guardia de Jumilla porque desde 1995, según advierte, «viene sufriendo atropellos continuados con toda crueldad por parte de las acciones judiciales que se están haciendo en el juzgado de primera instancia de Jumilla».
El embargo fue ejecutado por el citado juzgado y, según denunció Antonio, precintó bienes de personas ajenas al proceso judicial, como un automóvil de su hermana y le embargaron cinco tractores, dos de su padre y uno de su hermano, los cuales fueron depositados por el juzgado «a campo abierto y sin protección» y que, por causas que se desconocen, aparecieron saqueados y quemados en el paraje Cañada del Judío.
El 29 de noviembre de 2002 el banco percibe la totalidad de las cantidades adeudadas y el 21 de mayo de 2003 la jueza acuerda el desprecinto de lo embargado, tras lo que el 1 de julio de ese año el agricultor presenta un escrito de alegaciones con respecto al estado de los tractores y las posibles responsabilidades del banco y los juzgados presentes en los procedimientos, y también solicita daños y perjuicios, lo que fue negado por el juzgado el 19 de septiembre, añade.
Acabar con la «pesadilla»
En el escrito presentado ayer ante el CGPJ este agricultor pide que se abra un expediente sancionador contra los denunciados, al tiempo que lamenta que «mientras no le devuelvan sus útiles de trabajo y pueda ejercer su profesión libremente, no podrá acabar la pesadilla de todos los miembros de su familia, ni llevar a cabo una vida digna, ni normal».
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