Jesús Yelo/ la Verdad
En pleno conflicto laboral que ha llevado a un total de setenta trabajadores a convocar una huelga desde hace cinco días, el Juzgado de lo Social número 1 de Murcia ha estimado la demanda interpuesta por los trabajadores y ha dictado sentencia condenatoria contra dos empresas abaraneras, Morte Quiles (declarada en concurso de acreedores desde abril de 2011) y Hortofrutícola, por el despido de 44 trabajadoras de almacén de frutas.
El origen de la demanda, que también se formula contra el Fondo de Garantía Salarial para el caso de insolvencia empresarial, se remonta al año pasado, cuando la empresa Morte Quiles dejó de pagar las nóminas de los cuatro primeros meses del año y concedió licencia no retribuida a las empleados para que pudieran realizar trabajos para otras empresas sin que les perjudique en sus derechos laborales. La empresa se comprometió a llamar a los empleados «en cuanto hubiera trabajo», señala la sentencia.
Las dos empresas reconocen adeudar las nóminas reclamadas, pero lo justifican en la «imposibilidad de pagar dada la prelación de créditos establecida negando la antigüedad y el salario». Las indemnizaciones por extinción de la relación laboral y las cantidades debidas por el salario objeto de condena, y que alcanzan los 45 día por año trabajado, se elevan a más de 700.000 euros y van desde los 2.137 euros a los 80.161 euros según las condiciones de los empleados. La antigüedad mínima de estos trabajadores es de 8 años. Según ha podido saber 'La Verdad', la empresa ha recurrido la sentencia.
El pasado jueves se celebró una reunión entre los representantes de los trabajadores, la empresa y el administrador concursal José Vidal. Según el secretario de acción sindical de Comisiones Obreras, José Ángel Rubio - UGT no ha secundado la huelga- «se ha conseguido sentar a la empresa a una posible negociación para permitir a los trabajadores permisos no retribuidos con el objetivo de que puedan trabajar en otras empresas del sector». En la actualidad, la empresa adeuda cuatro meses a dos trabajadores fijos indefinidos.
Sin embargo, los setenta trabajadores fijos discontinuos, a los que no se les debe nada, aseguran que «no existe proyecto de viabilidad para trabajar en la campaña de fruta ya iniciada ni seguridad de cobro de los días trabajados». Mientras, la empresa, a través de su abogada, declinó hacer comentarios al respecto.
Por otra parte, el sindicato Comisiones Obreras ha solicitado al juez de lo Mercantil «la retirada de los poderes de representación a la dirección de la empresa por el bloqueo que mantienen en las negociaciones y por no ejercer sus obligaciones ante el concurso de acreedores», denuncio Ángel Rubio.
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