sábado, 15 de enero de 2011

LA UNIÓN/ Un juez investiga al Ejército por daños en el patrimonio minero en unas maniobras

La denuncia fue presentada por el alcalde, que ha pedido que se depuren «todas las responsabilidades» 

15.01.11 - 01:56 - 
El juzgado de instrucción número 3 de Cartagena ha abierto diligencias previas a raíz de la demanda efectuada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), con ocasión de los destrozos detectados en mayo de 2009 en las antiguas instalaciones mineras del Cabezo Rajao. De instruirse finalmente esta causa, los responsables podrían ser acusados de un delito contra el patrimonio.
El Seprona actuó sobre la base de la denuncia efectuada por el alcalde, Francisco Bernabé. Según las informaciones recabadas por el Ayuntamiento y la Fundación Sierra Minera, soldados de la Unidad Militar de Emergencias del Ejército de Tierra con sede en Bétera (Valencia), bomberos y efectivos de Protección Civil de la Región realizaron en marzo de ese mismo año ejercicios de salvamento y rescate en el Cabezo Rajao, ocasionando «la destrucción parcial de algunos de los muros, balsas y lavaderos de las instalaciones existentes».
Concretamente, señaló el portavoz de la Fundación, Pedro Martos, realizaron «enormes roturas en las paredes de los edificios y en las celdas de flotación del lavadero, que son las mejores y únicas conservadas en la Sierra Minera, así como diversas pintadas propias de actos de vandalismo». Entre la documentación que ha encargado el juez se encuentra la valoración sobre las figuras de protección que posee el Cabezo Rajao, así como un peritaje de los daños ocasionados en el conjunto minero, según han informado fuentes judiciales.
En aquella jornada de marzo de 2009, la Policía Local de La Unión acudió al Cabezo Rajao al detectar «movimientos extraños». Los agentes fueron informados de estos ejercicios, así como de la autorización que recabaron de los propietarios de parte del Cabezo Rajao, la empresa Portmán Golf.
Sitio de valor histórico
Representantes de la compañía explicaron ante el Seprona durante la tramitación de la denuncia que otorgaron permiso a un responsable de Protección Civil para «descender a los pozos, pero no para actuar sobre la naves y las antiguas instalaciones mineras». Asimismo, le instaron «a que dejaran todo en condiciones al tratarse de una zona de valor histórico».
En su comparecencia ante el juzgado para ratificar la denuncia, Bernabé expresó su voluntad de que «se depuren cuantas responsabilidades se haya podido incurrir, al objeto de que se procedan a la reparación y rehabilitación de los restos dañados por parte de los responsables». Recordó, además, que el Cabezo Rajao «está catalogado como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico Protegido».
Sobre la apertura de estas diligencias, esta redacción intentó contactar sin éxito con el director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Luis Gestoso; aunque ya había comentado a este periódico -cuando se formuló la denuncia- que le parecía «un despropósito porque los destrozos no fueron tales».

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