La VerdadEl abogado y promotor gallego Manuel Núñez Arias, dueño de la firma Inmonuar y uno de los principales imputados en el caso Tótem, se ha querellado contra la juez sustituta del juzgado de instrucción número 1 de Totana, encargado de este asunto, María Asunción Navarro, por «prevaricación y detención ilegal». La querella criminal fue presentada el pasado lunes ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ), según una información de COPE-Murcia.
Y es que, agrega la querella, la juez sustituta «es sobrina de Alfonso Navarro, un relevante concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia y que fue vicepresidente segundo de la Asamblea Regional» y desvela que «no deja de ser llamativo que, unos días antes de producirse las primeras detenciones, la querellada estuviera en el restaurante El Chaleco de Alhama con el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que a la sazón en aquellas fechas hacía campaña política, pues se presentaba a las elecciones generales como diputado del PSOE por Murcia».
En esa misma reunión estuvieron también, según la querella, el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura; el ex alcalde de Lorca, Leoncio Collado; y el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alhama, José Espadas. «Cabe pensar que ello no obedece a casualidad, sino que podía formar parte de la trama que se estaba urdiendo con una finalidad política», añade.
El texto de la querella considera el Auto de la jueza ordenando su detención un «montaje policial y mediático sin precedentes». «Era totalmente innecesaria la fuerza actuante, en total de 40 a 50 guardias civiles, con toda clase de medios, armas, perros, vehículos especiales, etc, lo que era un dispositivo propio para la represión o detención de presuntos delincuentes inmersos en redes de terrorismo, narcotráfico, pederastia, tráfico de armas, etc, y de peligrosidad y virulencia contrastada», asegura. Por ello, estima que el operativo «fue desproporcionado» lo que, unido a la presencia generalizada de medios de comunicación, lleva a Núñez a preguntarse si «de lo que se trataba era de dar un espectáculo público radiado y televisado con honda repercusión mediática y de claro contenido político».
Igualmente, critica que se decretara en su caso ingreso en prisión «pese a que se le manifestó que tenía en ese momento dinero disponible para la fianza», lo que, según la querella, responde «al capricho» de la jueza sustituta «para dar satisfacción a fines expúreos, en este caso, dada la repercusión mediática que había tenido la detención lo era más su ingreso en prisión y con ello tener la noticia».
Y es que, agrega la querella, la juez sustituta «es sobrina de Alfonso Navarro, un relevante concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia y que fue vicepresidente segundo de la Asamblea Regional» y desvela que «no deja de ser llamativo que, unos días antes de producirse las primeras detenciones, la querellada estuviera en el restaurante El Chaleco de Alhama con el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que a la sazón en aquellas fechas hacía campaña política, pues se presentaba a las elecciones generales como diputado del PSOE por Murcia».
En esa misma reunión estuvieron también, según la querella, el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura; el ex alcalde de Lorca, Leoncio Collado; y el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alhama, José Espadas. «Cabe pensar que ello no obedece a casualidad, sino que podía formar parte de la trama que se estaba urdiendo con una finalidad política», añade.
El texto de la querella considera el Auto de la jueza ordenando su detención un «montaje policial y mediático sin precedentes». «Era totalmente innecesaria la fuerza actuante, en total de 40 a 50 guardias civiles, con toda clase de medios, armas, perros, vehículos especiales, etc, lo que era un dispositivo propio para la represión o detención de presuntos delincuentes inmersos en redes de terrorismo, narcotráfico, pederastia, tráfico de armas, etc, y de peligrosidad y virulencia contrastada», asegura. Por ello, estima que el operativo «fue desproporcionado» lo que, unido a la presencia generalizada de medios de comunicación, lleva a Núñez a preguntarse si «de lo que se trataba era de dar un espectáculo público radiado y televisado con honda repercusión mediática y de claro contenido político».
Igualmente, critica que se decretara en su caso ingreso en prisión «pese a que se le manifestó que tenía en ese momento dinero disponible para la fianza», lo que, según la querella, responde «al capricho» de la jueza sustituta «para dar satisfacción a fines expúreos, en este caso, dada la repercusión mediática que había tenido la detención lo era más su ingreso en prisión y con ello tener la noticia».
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