El cambio de rústico a urbano del terreno implicaba que tenían que pagar mucho más Más de un millar de vecinos han recibido notificaciones superiores a los 200 euros12.04.09 -
JUAN LUIS VIVAS MOLINA/ La Verdad
El Ayuntamiento ha paralizado las liquidaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en gran parte de las zonas del campo y la huerta ante las quejas de los vecinos por el incremento de la cuantía de los recibos como consecuencia del cambio del valor catastral que se ha producido, al pasar muchos de los terrenos de agrícolas a urbanizables tras la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. El Pleno aprobó por unanimidad una moción de urgencia de los grupos de la oposición, PSOE e IU, con una enmienda del PP, para paralizar provisionalmente la aplicación del nuevo valor catastral.
La Corporación acordó crear una Comisión Especial de Estudio para modificar el Plan General de 2006 en amplias extensiones del campo y de algunas pedanías afectadas por el cambio de naturaleza de suelo rústico a urbanizable.
Este cambio implica que las superficies afectadas tengan ahora un nuevo valor catastral, de tipo urbano, lo que significa pagar bastante más por el Impuesto de Bienes Inmuebles. El cambio de tipo de suelo que impuso el Plan General en 2006 ha generado protestas entre los casi 5.000 afectados, muchos de los cuales quieren seguir dedicando sus tierras a la agricultura y conservando los derechos de agua de riego que tienen para ello.
Desarrollo «equivocado»
El concejal socialista, José Oliva, comentó que las quejas de los vecinos se han producido como consecuencia de la idea equivocada de desarrollo urbanístico impuesta por el PP en la elaboración del PGOU y que no respetó en su diseño la fisonomía agrícola de determinadas zonas del campo «en un afán del gobierno municipal de hacerlo todo urbanizable». El portavoz de IU+LV, Chema Moreno, señaló que esta situación ha provocado que muchas familias, que tenían su terreno en producción agrícola, se puedan ver obligadas a pagar la contribución como si fuera suelo urbano, a pesar de haberse presentado alegaciones.
La edil de Hacienda, Victoria Gómez, señaló que no se han enviado liquidaciones a los vecinos, ya que están paralizadas, y precisó que de las 4.579 notificaciones informativas que han sido remitidas, 3.500 son de un importe inferior a los 200 euros. El alcalde, Eduardo Contreras, se comprometió a mantener cuantas reuniones sean necesarias con los vecinos para aclarar este asunto y defendió la gestión llevada a cabo por el equipo de gobierno.
La Corporación acordó crear una Comisión Especial de Estudio para modificar el Plan General de 2006 en amplias extensiones del campo y de algunas pedanías afectadas por el cambio de naturaleza de suelo rústico a urbanizable.
Este cambio implica que las superficies afectadas tengan ahora un nuevo valor catastral, de tipo urbano, lo que significa pagar bastante más por el Impuesto de Bienes Inmuebles. El cambio de tipo de suelo que impuso el Plan General en 2006 ha generado protestas entre los casi 5.000 afectados, muchos de los cuales quieren seguir dedicando sus tierras a la agricultura y conservando los derechos de agua de riego que tienen para ello.
Desarrollo «equivocado»
El concejal socialista, José Oliva, comentó que las quejas de los vecinos se han producido como consecuencia de la idea equivocada de desarrollo urbanístico impuesta por el PP en la elaboración del PGOU y que no respetó en su diseño la fisonomía agrícola de determinadas zonas del campo «en un afán del gobierno municipal de hacerlo todo urbanizable». El portavoz de IU+LV, Chema Moreno, señaló que esta situación ha provocado que muchas familias, que tenían su terreno en producción agrícola, se puedan ver obligadas a pagar la contribución como si fuera suelo urbano, a pesar de haberse presentado alegaciones.
La edil de Hacienda, Victoria Gómez, señaló que no se han enviado liquidaciones a los vecinos, ya que están paralizadas, y precisó que de las 4.579 notificaciones informativas que han sido remitidas, 3.500 son de un importe inferior a los 200 euros. El alcalde, Eduardo Contreras, se comprometió a mantener cuantas reuniones sean necesarias con los vecinos para aclarar este asunto y defendió la gestión llevada a cabo por el equipo de gobierno.
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