Ricardo Fernández/ la Verdad
Una empresa denuncia presiones de Martínez Andreo para que echara al denunciante de 'Tótem'
«Buscaban cualquier resquicio para ir contra Martínez Baños y si eso era la empresa, pues irían contra ella y les importaba un pepino», declaró el dueño de la firma
La onda sísmica que se propagó con el terremoto de la 'Operación Tótem' contra la corrupción en Totana, en noviembre del 2007, acabó tiempo después, como ocurre con los sutnamis, amenazando con causar graves daños colaterales. La sacudida la percibió una empresa de instalaciones y material deportivo en julio del 2008, cuando recibió un fax del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Totana, José Antonio Valverde Reina, por el que éste reclamaba de la firma deportiva, y de cualquier otra sociedad filial, que dejara de enviar al Ayuntamiento material publicitario.
La petición despertó la lógica preocupación en la empresa -cuyo nombre se omite en estas páginas para no causarle más perjuicios de los que ya afirma haber sufrido-, ya que el Ayuntamiento era hasta ese momento uno de sus clientes habituales. Una preocupación que se acrecentó cuando los directivos de la firma tuvieron conocimiento de una nota de prensa, emitida por el PP totanero, en la que se afirmaba que esta compañía nacional «es sospechosa de conseguir millonarios contratos mediante un complejo entramado empresarial y político en ayuntamientos gobernados por el PSOE en Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía».
¿Qué había hecho la mencionada sociedad para granjearse esta aparente animadversión del Consistorio y el PP totaneros? ¿Qué pecado o falta había cometido para ser objeto de tan graves imputaciones?
La respuesta a ambas preguntas tiene un nombre propio: Alfonso Martínez Baños. Un cargo: concejal y ex portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Totana. Y una circunstancia judicial relevante: fue el hombre que dio origen a la 'Operación Tótem', al grabar y aportar a la Fiscalía una conversación con Emiliano Ovide, el intermediario de un grupo promotor que supuestamente le informó de un acuerdo para pagar comisiones millonarias al ex alcalde de Totana y actual diputado regional Juan Morales.
La citada operación policial, desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, mantiene imputadas hasta el momento a 22 personas, entre ellas al citado Juan Morale, y al actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, quien incluso llegó a estar encarcelado dos meses por estos hechos.
En estas circunstancias, resultaría comprensible pensar que ninguno de ellos tenga en especial estima al concejal socialista.
Es el gerente de la sociedad
Es aquí donde ambos acontecimientos, la 'Operación Tótem' y las supuestas represalias y acusaciones contra la firma deportiva hallan su conexión: el socialista Alfonso Martínez Baños es el gerente de la empresa presuntamente presionada. Una firma a la que el Ayuntamiento de Totana, para más inri, no ha vuelto a otorgar un contrato desde julio del 2008. Curiosamente, fue un par de meses antes cuando trascendió públicamente que Martínez Baños había sido el denunciante ante la Fiscalía de la presunta trama de corrupción en Totana.
Sumando unos y otros datos, tanto Martínez Baños como los directivos y propietarios de la firma deportiva llegaron a la conclusión de que desde el Consistorio y el PP totanero estaban tratando de vengarse en ellos por las repercusiones de la operación policial. Y así, mientras el primero se acercaba hasta el cuartel de la Guardia Civil para denunciar las supuestas coacciones que estaba sufriendo, el propietario mayoritario de la empresa remitía una dura carta al alcalde de Totana, José Martínez Andreo, en la que se le advertía de que en esa compañía trabajan 200 personas, que las manifestaciones que se estaban vertiendo desde el PP «ponen en riesgo injustificadamente la continuidad de los puestos de trabajo» y le reclamaba una entrevista «para que me explique las razones que le llevan a usted y a su partido a realizar tales declaraciones», ya que «me gusta que me digan las cosas a la cara».
«Obstrucción a la justicia»
La denuncia del concejal socialista y testigo del 'caso Tótem' dio origen a unas actuaciones penales en el Juzgado de Instrucción número 2 de Totana, por presunta obstrucción a la justicia, que han permanecido secretas durante varios meses y por las que el pasado febrero tuvieron que prestar declaración, en calidad de imputados, el alcalde José Martínez Andreo, y su concejal de Deportes, José Antonio Valverde Reina.
Estas diligencias judiciales, sobre las que acaba de levantarse el secreto y cuyas actas están en poder de 'La Verdad', desvelan numerosos datos sobre los supuestos intentos de vengarse del edil socialista, así como las supuestas presiones contra su empresa para lograr, en último término, que fuera despedido.
Reunión en la Alcaldía
Los documentos judiciales recogen el testimonio prestado por cuatro altos representantes de la firma deportiva, que coinciden en señalar que el alcalde y el concejal de Deportes presionaron para que se desprendieran de Martínez Baños y que, en ese sentido, insinuaron que de mantenerlo en la compañía «tendrían problemas».
Especialmente significativo es el relato que uno de los propietarios de la compañía deportiva, F.V.L.M., y uno de sus ingenieros, J.D.A.D., hicieron en el juzgado acerca de la reunión que ambos mantuvieron en el Ayuntamiento de Totana con el alcalde Martínez Andreo y con su edil de Deportes, Valverde Reina.
Aunque ambos admiten que el tono de la entrevista fue cordial, no por ello esconden su preocupación por el contenido de la misma. Así, el ingeniero relata que los políticos totaneros les comunicaron «que ellos estaban resentidos contra Martínez Baños al considerarlo responsable de todo este jaleo», «que el alcalde le dijo (al propietario de la empresa) que si no se prescindía de los servicios de Martínez Baños se podían tomar represalias», que «incluso puede que Valverde Reina fuera más reiterativo que el alcalde».
Por su parte, el dueño de la compañía deportiva declaró, respecto de esa reunión, que el alcalde y el concejal les dijeron «que Martínez Baños les había hecho mucho daño», que «también le comentaron la posibilidad de que Martínez Baños dejara la empresa, manifestándole que tenía un problema», «que no le dijo que se podían tomar represalias (...), pero sí dejaron a entender que podían tener problemas», que «si fuera inteligente no tendría (a Martínez Baños) en la empresa, y que le perjudicaba más si lo tenía que si no lo tenía», que cree «que lo que intentan es cargarse a Alfonso como sea y que cualquier medida sirve», que «salió preocupado por la empresa», que «desde que explotó el 'caso Tótem' se veía venir esta situación, porque iban contra Martínez Baños», que «después de la reunión se quedó con el mismo malestar con el que entró y que lo único para lo que sirvió fue para corroborar lo que creía», que «estaba tan enfadado que incluso le dijo al alcalde que si quería sangre la iba a tener», que «de la reunión sí se puede concluir, y es bastante posible, que lo que decían era que echara a Martínez Baños», que «su sentimiento es que sí había un peligro de que buscarían cualquier resquicio para ir contra esta persona y que si este resquicio era la empresa, irían contra ella y les importaba un pepino», que «veladamente, según su entender, sí parecía que lo estaban amenazando».
Los políticos lo niegan todo
El alcalde, José Martínez Andreo, y el concejal de Deportes, José Antonio Valverde Reina, fueron citados a comparecer en el juzgado el 16 de febrero pasado, en calidad de imputados en un presunto delito de obstrucción a la justicia, por supuestas coacciones sobre un testigo.
Resulta curioso comprobar que, aunque las diligencias estaban secretas, parecían tener conocimiento de lo que se estaba investigando, ya que el alcalde acudió con diversa documentación sobre estos hechos, y la aportó al juzgado.
Tanto Martínez Andreo como Valverde Reina coincidieron en señalar que en la reunión con los representantes de la firma deportiva sólo trataron de tranquilizarles, haciéndoles saber que nada tenían contra la empresa y que en ningún momento sugirieron que debería de desprenderse de Martínez Baños. No debieron expresarse muy bien, habida cuenta de que el dueño de la firma y uno de sus ingenieros se llevaron una impresión radicalmente opuesta. Tanto es así que incluso llegaron a hablar con su gerente, el citado Martínez Baños, y le propusieron trasladarlo a otra sociedad del grupo empresarial, aunque finalmente decidieron mantenerlo en su puesto. «La empresa se ha hecho fuerte y la mayoría de los trabajadores aprecia mucho a Alfonso», señaló el dueño en el juzgado.
El alcalde y el edil sí dieron un traspiés al asegurar que la reunión con los representantes de la empresa deportiva fue iniciativa suya con el supuesto fin de transmitirles tranquilidad. Ello llevó al fiscal a exhibirle la carta que les remitió la compañía y que demuestra que, en realidad, la pidieron los afectados por las supuestas presiones.
De cualquier forma, será la justicia la que determine si las presuntas coacciones sobre un testigo del 'caso Tótem' se produjeron o no.
Mientras tanto, el alcalde de Totana tiene una nueva preocupación y nueva imputación que añadir a las que ya mantiene, desde hace dos años y medio, por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos, fraude, malversación y hasta violación de la correspondencia.
Una empresa denuncia presiones de Martínez Andreo para que echara al denunciante de 'Tótem'
«Buscaban cualquier resquicio para ir contra Martínez Baños y si eso era la empresa, pues irían contra ella y les importaba un pepino», declaró el dueño de la firma
La onda sísmica que se propagó con el terremoto de la 'Operación Tótem' contra la corrupción en Totana, en noviembre del 2007, acabó tiempo después, como ocurre con los sutnamis, amenazando con causar graves daños colaterales. La sacudida la percibió una empresa de instalaciones y material deportivo en julio del 2008, cuando recibió un fax del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Totana, José Antonio Valverde Reina, por el que éste reclamaba de la firma deportiva, y de cualquier otra sociedad filial, que dejara de enviar al Ayuntamiento material publicitario.
La petición despertó la lógica preocupación en la empresa -cuyo nombre se omite en estas páginas para no causarle más perjuicios de los que ya afirma haber sufrido-, ya que el Ayuntamiento era hasta ese momento uno de sus clientes habituales. Una preocupación que se acrecentó cuando los directivos de la firma tuvieron conocimiento de una nota de prensa, emitida por el PP totanero, en la que se afirmaba que esta compañía nacional «es sospechosa de conseguir millonarios contratos mediante un complejo entramado empresarial y político en ayuntamientos gobernados por el PSOE en Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía».
¿Qué había hecho la mencionada sociedad para granjearse esta aparente animadversión del Consistorio y el PP totaneros? ¿Qué pecado o falta había cometido para ser objeto de tan graves imputaciones?
La respuesta a ambas preguntas tiene un nombre propio: Alfonso Martínez Baños. Un cargo: concejal y ex portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Totana. Y una circunstancia judicial relevante: fue el hombre que dio origen a la 'Operación Tótem', al grabar y aportar a la Fiscalía una conversación con Emiliano Ovide, el intermediario de un grupo promotor que supuestamente le informó de un acuerdo para pagar comisiones millonarias al ex alcalde de Totana y actual diputado regional Juan Morales.
La citada operación policial, desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, mantiene imputadas hasta el momento a 22 personas, entre ellas al citado Juan Morale, y al actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, quien incluso llegó a estar encarcelado dos meses por estos hechos.
En estas circunstancias, resultaría comprensible pensar que ninguno de ellos tenga en especial estima al concejal socialista.
Es el gerente de la sociedad
Es aquí donde ambos acontecimientos, la 'Operación Tótem' y las supuestas represalias y acusaciones contra la firma deportiva hallan su conexión: el socialista Alfonso Martínez Baños es el gerente de la empresa presuntamente presionada. Una firma a la que el Ayuntamiento de Totana, para más inri, no ha vuelto a otorgar un contrato desde julio del 2008. Curiosamente, fue un par de meses antes cuando trascendió públicamente que Martínez Baños había sido el denunciante ante la Fiscalía de la presunta trama de corrupción en Totana.
Sumando unos y otros datos, tanto Martínez Baños como los directivos y propietarios de la firma deportiva llegaron a la conclusión de que desde el Consistorio y el PP totanero estaban tratando de vengarse en ellos por las repercusiones de la operación policial. Y así, mientras el primero se acercaba hasta el cuartel de la Guardia Civil para denunciar las supuestas coacciones que estaba sufriendo, el propietario mayoritario de la empresa remitía una dura carta al alcalde de Totana, José Martínez Andreo, en la que se le advertía de que en esa compañía trabajan 200 personas, que las manifestaciones que se estaban vertiendo desde el PP «ponen en riesgo injustificadamente la continuidad de los puestos de trabajo» y le reclamaba una entrevista «para que me explique las razones que le llevan a usted y a su partido a realizar tales declaraciones», ya que «me gusta que me digan las cosas a la cara».
«Obstrucción a la justicia»
La denuncia del concejal socialista y testigo del 'caso Tótem' dio origen a unas actuaciones penales en el Juzgado de Instrucción número 2 de Totana, por presunta obstrucción a la justicia, que han permanecido secretas durante varios meses y por las que el pasado febrero tuvieron que prestar declaración, en calidad de imputados, el alcalde José Martínez Andreo, y su concejal de Deportes, José Antonio Valverde Reina.
Estas diligencias judiciales, sobre las que acaba de levantarse el secreto y cuyas actas están en poder de 'La Verdad', desvelan numerosos datos sobre los supuestos intentos de vengarse del edil socialista, así como las supuestas presiones contra su empresa para lograr, en último término, que fuera despedido.
Reunión en la Alcaldía
Los documentos judiciales recogen el testimonio prestado por cuatro altos representantes de la firma deportiva, que coinciden en señalar que el alcalde y el concejal de Deportes presionaron para que se desprendieran de Martínez Baños y que, en ese sentido, insinuaron que de mantenerlo en la compañía «tendrían problemas».
Especialmente significativo es el relato que uno de los propietarios de la compañía deportiva, F.V.L.M., y uno de sus ingenieros, J.D.A.D., hicieron en el juzgado acerca de la reunión que ambos mantuvieron en el Ayuntamiento de Totana con el alcalde Martínez Andreo y con su edil de Deportes, Valverde Reina.
Aunque ambos admiten que el tono de la entrevista fue cordial, no por ello esconden su preocupación por el contenido de la misma. Así, el ingeniero relata que los políticos totaneros les comunicaron «que ellos estaban resentidos contra Martínez Baños al considerarlo responsable de todo este jaleo», «que el alcalde le dijo (al propietario de la empresa) que si no se prescindía de los servicios de Martínez Baños se podían tomar represalias», que «incluso puede que Valverde Reina fuera más reiterativo que el alcalde».
Por su parte, el dueño de la compañía deportiva declaró, respecto de esa reunión, que el alcalde y el concejal les dijeron «que Martínez Baños les había hecho mucho daño», que «también le comentaron la posibilidad de que Martínez Baños dejara la empresa, manifestándole que tenía un problema», «que no le dijo que se podían tomar represalias (...), pero sí dejaron a entender que podían tener problemas», que «si fuera inteligente no tendría (a Martínez Baños) en la empresa, y que le perjudicaba más si lo tenía que si no lo tenía», que cree «que lo que intentan es cargarse a Alfonso como sea y que cualquier medida sirve», que «salió preocupado por la empresa», que «desde que explotó el 'caso Tótem' se veía venir esta situación, porque iban contra Martínez Baños», que «después de la reunión se quedó con el mismo malestar con el que entró y que lo único para lo que sirvió fue para corroborar lo que creía», que «estaba tan enfadado que incluso le dijo al alcalde que si quería sangre la iba a tener», que «de la reunión sí se puede concluir, y es bastante posible, que lo que decían era que echara a Martínez Baños», que «su sentimiento es que sí había un peligro de que buscarían cualquier resquicio para ir contra esta persona y que si este resquicio era la empresa, irían contra ella y les importaba un pepino», que «veladamente, según su entender, sí parecía que lo estaban amenazando».
Los políticos lo niegan todo
El alcalde, José Martínez Andreo, y el concejal de Deportes, José Antonio Valverde Reina, fueron citados a comparecer en el juzgado el 16 de febrero pasado, en calidad de imputados en un presunto delito de obstrucción a la justicia, por supuestas coacciones sobre un testigo.
Resulta curioso comprobar que, aunque las diligencias estaban secretas, parecían tener conocimiento de lo que se estaba investigando, ya que el alcalde acudió con diversa documentación sobre estos hechos, y la aportó al juzgado.
Tanto Martínez Andreo como Valverde Reina coincidieron en señalar que en la reunión con los representantes de la firma deportiva sólo trataron de tranquilizarles, haciéndoles saber que nada tenían contra la empresa y que en ningún momento sugirieron que debería de desprenderse de Martínez Baños. No debieron expresarse muy bien, habida cuenta de que el dueño de la firma y uno de sus ingenieros se llevaron una impresión radicalmente opuesta. Tanto es así que incluso llegaron a hablar con su gerente, el citado Martínez Baños, y le propusieron trasladarlo a otra sociedad del grupo empresarial, aunque finalmente decidieron mantenerlo en su puesto. «La empresa se ha hecho fuerte y la mayoría de los trabajadores aprecia mucho a Alfonso», señaló el dueño en el juzgado.
El alcalde y el edil sí dieron un traspiés al asegurar que la reunión con los representantes de la empresa deportiva fue iniciativa suya con el supuesto fin de transmitirles tranquilidad. Ello llevó al fiscal a exhibirle la carta que les remitió la compañía y que demuestra que, en realidad, la pidieron los afectados por las supuestas presiones.
De cualquier forma, será la justicia la que determine si las presuntas coacciones sobre un testigo del 'caso Tótem' se produjeron o no.
Mientras tanto, el alcalde de Totana tiene una nueva preocupación y nueva imputación que añadir a las que ya mantiene, desde hace dos años y medio, por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos, fraude, malversación y hasta violación de la correspondencia.
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