La Guardia Civil, que impulsa la investigación sobre una red nacional, también ha arrestado a una funcionaria del servicio de Estadística
11.02.10 - 00:47 -
RICARDO FERNÁNDEZ MORATALLA.El temor a que el Ayuntamiento de Moratalla hubiera pasado a formar parte de la larga lista de consistorios investigados por presunta corrupción urbanística se extendió ayer, a la velocidad del rayo, por esta localidad del Noroeste, cuando un grupo de funcionarios municipales se dispuso a ocupar sus mesas de trabajo y unos policías judiciales se lo impidieron. Los agentes de la Guardia Civil se limitaron a pedirles que esperaran en la calle, porque algunas dependencias habían sido intervenidas para proceder a su registro.
Fue entonces cuando se propagó entre los vecinos del municipio el fantasma de un nuevo caso de corrupción municipal. Con el paso de los minutos y la filtración de algunos datos sueltos sobre las razones de la intervención policial, ese temor se fue diluyendo y comenzó a quedar claro que los actuales miembros de la Corporación no estaban afectados por el asunto y que éste se centraba en el servicio municipal de Estadística, que era el objeto de la atención de los agentes.
Pronto trascendió que una de las funcionarias de esas dependencias, de nombre Ana y muy conocida en la localidad, había sido detenida por presuntas irregularidades en la tramitación de los expediente de empadronamiento y en las certificaciones que expedía.
Los especialistas de la Guardia Civil, desplazados a Moratalla desde Madrid, se centraron en el contenido de un ordenador con el que trabajaba la citada funcionaria y cuyo disco duro, al parecer, copiaron por completo para proceder a su posterior análisis.
Una vez acabado el registro en las dependencias municipales, que se prolongó por espacio de una hora y media, los guardias civiles trasladaron a la funcionaria hasta su domicilio, con el aparente fin de proceder también a su registro, según señalaron fuentes próximas a la investigación.
Mientras tanto, otro trabajador municipal, Francisco Navarro Gallego, quien fue concejal socialista hace varios años y que es el actual responsable de Protección Civil y Bomberos por designación del alcalde Juan Llorente, también había sido arrestado. La Guardia Civil investiga si ambos operarios del Ayuntamiento de Moratalla están relacionados con una red nacional dedicada a la falsificación y venta de certificados de empadronamiento, dirigidos a inmigrantes irregulares que deseaban normalizar su situación en España.
Las mismas fuentes señalan que cada uno de estos certificados habría sido vendido por unos 3.000 euros, aunque no ha trascendido el número total de operaciones que podría haber cerrado esta organización. Sí se ha sabido, sin embargo, que las investigaciones surgen en La Rioja, que es el lugar donde se asentaría una de las principales ramas de la red, y que desde Logroño se extiende a Moratalla. En los registros realizados ayer en Moratalla se intervino documentación y algunas cantidades de dinero en metálico.
«Una buena funcionaria»
Los dos detenidos fueron trasladados ayer tarde a Madrid, a las dependencias de la Policía Judicial de la Guardia Civil, donde estaba previsto que fueran interrogados y puestos más tarde a disposición judicial.
«Es una chica muy normal y parecía una buena funcionaria, que nunca dio que hablar por su trabajo», explicaban ayer algunos vecinos y compañeros de Ana, que se mostraban sorprendidos por el hecho de que se hubiera visto inmersa en esa operación. «Alguien ha debido de engañarla o manipularla», añadían. La operación parece seguir abierta y no se descartan más arrestos.
11.02.10 - 00:47 -
RICARDO FERNÁNDEZ MORATALLA.El temor a que el Ayuntamiento de Moratalla hubiera pasado a formar parte de la larga lista de consistorios investigados por presunta corrupción urbanística se extendió ayer, a la velocidad del rayo, por esta localidad del Noroeste, cuando un grupo de funcionarios municipales se dispuso a ocupar sus mesas de trabajo y unos policías judiciales se lo impidieron. Los agentes de la Guardia Civil se limitaron a pedirles que esperaran en la calle, porque algunas dependencias habían sido intervenidas para proceder a su registro.
Fue entonces cuando se propagó entre los vecinos del municipio el fantasma de un nuevo caso de corrupción municipal. Con el paso de los minutos y la filtración de algunos datos sueltos sobre las razones de la intervención policial, ese temor se fue diluyendo y comenzó a quedar claro que los actuales miembros de la Corporación no estaban afectados por el asunto y que éste se centraba en el servicio municipal de Estadística, que era el objeto de la atención de los agentes.
Pronto trascendió que una de las funcionarias de esas dependencias, de nombre Ana y muy conocida en la localidad, había sido detenida por presuntas irregularidades en la tramitación de los expediente de empadronamiento y en las certificaciones que expedía.
Los especialistas de la Guardia Civil, desplazados a Moratalla desde Madrid, se centraron en el contenido de un ordenador con el que trabajaba la citada funcionaria y cuyo disco duro, al parecer, copiaron por completo para proceder a su posterior análisis.
Una vez acabado el registro en las dependencias municipales, que se prolongó por espacio de una hora y media, los guardias civiles trasladaron a la funcionaria hasta su domicilio, con el aparente fin de proceder también a su registro, según señalaron fuentes próximas a la investigación.
Mientras tanto, otro trabajador municipal, Francisco Navarro Gallego, quien fue concejal socialista hace varios años y que es el actual responsable de Protección Civil y Bomberos por designación del alcalde Juan Llorente, también había sido arrestado. La Guardia Civil investiga si ambos operarios del Ayuntamiento de Moratalla están relacionados con una red nacional dedicada a la falsificación y venta de certificados de empadronamiento, dirigidos a inmigrantes irregulares que deseaban normalizar su situación en España.
Las mismas fuentes señalan que cada uno de estos certificados habría sido vendido por unos 3.000 euros, aunque no ha trascendido el número total de operaciones que podría haber cerrado esta organización. Sí se ha sabido, sin embargo, que las investigaciones surgen en La Rioja, que es el lugar donde se asentaría una de las principales ramas de la red, y que desde Logroño se extiende a Moratalla. En los registros realizados ayer en Moratalla se intervino documentación y algunas cantidades de dinero en metálico.
«Una buena funcionaria»
Los dos detenidos fueron trasladados ayer tarde a Madrid, a las dependencias de la Policía Judicial de la Guardia Civil, donde estaba previsto que fueran interrogados y puestos más tarde a disposición judicial.
«Es una chica muy normal y parecía una buena funcionaria, que nunca dio que hablar por su trabajo», explicaban ayer algunos vecinos y compañeros de Ana, que se mostraban sorprendidos por el hecho de que se hubiera visto inmersa en esa operación. «Alguien ha debido de engañarla o manipularla», añadían. La operación parece seguir abierta y no se descartan más arrestos.
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