CEHEGÍN/ ´¿Dónde están mis tierras?´

El propietario de una finca en la sierra de Burete lleva siete años pleiteando contra el Ayuntamiento porque dice que más de un tercio de sus hectáreas se esfumaron en la revisión del catastro de 1995

ENRIQUE SOLER / la Opinión

­El ayuntamiento de Cehegín se enfrenta a una denuncia por un presunto delito de falsedad documental. Los herederos de Fidel González-Olivares Navarro se han querellado contra el Consistorio tras comprobar que en la revisión del catastro de 1995 sus propiedades en la sierra de Burete pasaron de más de 166 hectáreas a 49.

Ovidio Gómez, esposo de la heredera de las tierras, Elena González-Olivares Sánchez, indicó que el caso, que está siendo instruido por el juzgado número 2 de Caravaca, está a la espera de una peritación por parte del ministerio de Justicia desde hace casi tres años. La demanda se remonta al año 2005 y esta siendo defendida por la letrada del Colegio de Abogados de Madrid, María Dolores Fernández Campillo. 

La finca se encuentra ubicada en la carretera que une Cehegín con las poblaciones lorquinas de La Paca y Doña Inés, según las escrituras que posee la familia. Los problemas surgen en 2004, cuando la propiedad pasa a manos de Elena González-Olivares Sánchez, que decide arreglar una vivienda de la finca y dar de baja las 100 hectáreas que aporta a un coto de caza. «Cuando voy a solicitar la certificación del catastro para darme de baja en el coto de caza, el Ayuntamiento me da una certificación en la que solo tengo 49 hectáreas», dice Ovidio. 

Entonces, la familia solicitó al catastro un expediente de rectificación de errores, en el cual los reponen en la titularidad de una parcela, «que en realidad era nuestra, ya que desde los años 70 tenemos una cantera alquilada, pero que no estaba dentro de nuestras tierras en la revisión de 1995». En aquella ocasión, el Ayuntamiento presentó un recurso por indefensión por la vía administrativa, ya que el catastro no comunicó el cambio al Consistorio. «Nosotros siempre pensamos que el recurso del Ayuntamiento no tenía cabida, ya que ellos no eran propietarios, según dictaminó el registro de la propiedad de Caravaca», matizó Gómez. Finalmente, el Tribunal Económico Administrativo dictaminó que no era capaz de saber cuáles eran los linderos. 

La familia han presentado en el juzgado de Caravaca diversas pruebas en las que aseguran y certifican que son los legítimos propietarios de las tierras. 

Cinco canteras abiertas

Entre los años 1999 y 2001 se han abierto cinco canteras en esta parcela, que han sido alquiladas por un valor aproximado de 70.000 euros al año. «Durante estos diez años, el Ayuntamiento ha recibido más de 700.000 euros que son de nuestra propiedad», declaró Ovidio. 

En estos momentos, la familia posee en sus 49 hectáreas de parte del valle de finca con unos 3.000 almendros y 1.000 olivos plantados, pero «hemos perdido toda la parte de monte y las canteras». El matrimonio siempre tuvo la idea de convertir la finca en su residencia, una vez llegara la edad de la jubilación. 

Además, Ovidio cree que el Ayuntamiento «se ha apropiado de algo que no era suyo y no ha sabido defender las tierras», ya que, según Gómez, el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario hizo un pozo en la finca, a pesar de su negativa, y le ha dado el aprovechamiento a un tercero. La familia ahora quiere que se depuren todas las responsabilidades.