«Hay gente que no paga el agua pero tiene 14 propiedades o duplica el salario mínimo», afirma el edil Sabater
03.11.09 -
JORGE G. BADÍA ALCANTARILLA/ La Verdad
03.11.09 -
JORGE G. BADÍA ALCANTARILLA/ La Verdad
Agua para todos, bonificaciones para unos pocos. Esta frase bien podría ser el eslogan de alguna campaña electoral o de una crítica ácida entre grupos políticos. Pero en Alcantarilla se ha convertido en el principal motivo para exigir la dimisión de la concejala de Servicios Sociales, Mónica García, por las supuestas irregularidades detectadas en la normativa que rige la bonificación de la tarifa del agua potable entre los vecinos.
Parece que los requisitos son claros: no tener más de una propiedad, no superar el salario mínimo interprofesional, ser mayor de 60 años y haber presentado la solicitud en forma y plazo apropiados. En el capítulo de adjudicaciones la cosa no está tan clara ante la falta de consenso entre el ayuntamiento y la secretaria general sobre la tramitación de dos expedientes a los que ha tenido acceso La Verdad.
Según el consistorio Juan Bautista D. R. P. y Vicente M. N. no cumplen con los requisitos y por tanto no son aptos para ahorrase el recibo del agua de Aquagest. Sin embargo, la secretaría general del ayuntamiento, Maravillas Abadía, tramitó sus expedientes como válidos, abriéndoles el grifo del agua gratuita.
La situación ha propiciado que la oposición «tire de la manta» -según el edil socialista- José Antonio Sabater: «De las aproximadamente 800 bonificaciones, unas 300 no cumplen los requisitos».
Sabater apunta que «hay personas bonificadas que tienen 14 propiedades, otras duplican el salario mínimo interprofesional y otras que ni tienen 60 años ni son pensionistas», pruebas a juicio de Sabater concluyentes para que solicitase durante el último pleno la dimisión de la edil, Mónica García.
«Cumplimos las ordenanzas»
El portavoz de la corporación popular, Juan José Gómez Hellín, subraya que existe máxima transparencia en la adjudicación de las bonificaciones «no estamos obligados a hacerlas en juntas de gobierno, porque las cantidades económicas son ínfimas y nosotros las llevamos a las juntas», añadiendo que «cumplimos con las ordenanzas fiscales».
Sobre la petición de dimisión, Gómez Hellín, argumenta que «cumple una magnífica labor y por eso piden su cabeza».
Parece que los requisitos son claros: no tener más de una propiedad, no superar el salario mínimo interprofesional, ser mayor de 60 años y haber presentado la solicitud en forma y plazo apropiados. En el capítulo de adjudicaciones la cosa no está tan clara ante la falta de consenso entre el ayuntamiento y la secretaria general sobre la tramitación de dos expedientes a los que ha tenido acceso La Verdad.
Según el consistorio Juan Bautista D. R. P. y Vicente M. N. no cumplen con los requisitos y por tanto no son aptos para ahorrase el recibo del agua de Aquagest. Sin embargo, la secretaría general del ayuntamiento, Maravillas Abadía, tramitó sus expedientes como válidos, abriéndoles el grifo del agua gratuita.
La situación ha propiciado que la oposición «tire de la manta» -según el edil socialista- José Antonio Sabater: «De las aproximadamente 800 bonificaciones, unas 300 no cumplen los requisitos».
Sabater apunta que «hay personas bonificadas que tienen 14 propiedades, otras duplican el salario mínimo interprofesional y otras que ni tienen 60 años ni son pensionistas», pruebas a juicio de Sabater concluyentes para que solicitase durante el último pleno la dimisión de la edil, Mónica García.
«Cumplimos las ordenanzas»
El portavoz de la corporación popular, Juan José Gómez Hellín, subraya que existe máxima transparencia en la adjudicación de las bonificaciones «no estamos obligados a hacerlas en juntas de gobierno, porque las cantidades económicas son ínfimas y nosotros las llevamos a las juntas», añadiendo que «cumplimos con las ordenanzas fiscales».
Sobre la petición de dimisión, Gómez Hellín, argumenta que «cumple una magnífica labor y por eso piden su cabeza».
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