La Verdad
De haber sido en otro ayuntamiento, igual la propuesta habría pasado más desapercibida. Pero no así en el Consistorio totanero, donde los problemas judiciales de algunos de sus cargos públicos se han multiplicado en los últimos años, desde que en 2007 estalló la 'Operación Tótem'. El asunto es que el equipo de gobierno local, que preside José Martínez Andreo, imputado en dos procesos penales, ha presentado por sorpresa una propuesta para cambiar el reglamento orgánico del Ayuntamiento y que, de esa forma, el pago de la defensa jurídica del primer edil y del resto de concejales pueda ser sufragado por las arcas públicas.
La proposición fue presentada el pasado jueves por la concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, Josefa María Sánchez, y causó estupor, acompañado de una cierta burla, entre los concejales socialistas y de IU que conforman la oposición.
El documento, al que 'La Verdad' ha tenido acceso, recoge un prolijo informe redactado por la secretaria municipal, Laura Bastida, dirigido a justificar desde un punto de vista jurídico que el Ayuntamiento tenga que hacerse cargo de la asistencia letrada del alcalde y de los concejales, por las posibles responsabilidades derivadas del ejercicio de su cargo.
En concreto, lo que se propone es que se modifique el artículo 8 del Reglamento Orgánico, recogiendo que «todos los miembros de la Corporación, incluidos los que tienen dedicación exclusiva o parcial, tendrán derecho a percibir indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, cuando sean efectivos, y previa justificación documental, debiendo entenderse incluidos los gastos de representación y defensa por estar imputados en causas judiciales». A continuación, señala una serie de requisitos que deben cumplirse, como que la inculpación tenga su origen en la intervención de ese alcalde o concejal en una actuación administrativa, o de otra índole en el cumplimiento de sus funciones, y que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de poder o convergencia con intereses particulares (no establece, sin embargo, quién se encargaría de juzgar si eso es así, o no).
La propuesta también establece que los imputados en causas penales, como es el caso del propio alcalde Martínez Andreo (para quien el fiscal pide 11 años y 10 meses de cárcel por delitos derivados del 'caso Tótem' y por un presunto caso de obstrucción a la justicia) o del concejal popular José Antonio Valverde Reina (también acusado de obstrucción a la justicia y para quien se reclaman dos años y medio de cárcel), también tendrán derecho a ver sufragados los gastos de su defensa por parte de las arcas públicas. En el caso de que los cargos públicos resultasen absueltos o el caso fuera sobreseído, los abogados les saldrían así completamente gratis. Sin embargo, se establece que, «en caso de sentencia condenatoria, el Ayuntamiento ejercitaría la correspondiente acción de repetición contra el miembro de la Corporación afectado, para obtener el reintegro de los abonos efectuados».
Esto es, si algún miembro de la Corporación se viera condenado, sólo habría disfrutado de un adelanto de dinero, que luego estaría obligado a restituir. La propuesta aún tiene que ser aprobada en Pleno, aunque previsiblemente saldrá adelante, ya que el equipo de gobierno del PP disfruta de mayoría absoluta.
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