Los presidentes de Croem y de la federación de constructores, junto con el grupo Villegas, reclaman diez millones de euros por daños y perjuicios
15.09.10 - 00:44 - M. BUITRAGO MURCIA. / La Verdad
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Las tres principales constructoras de la Región han decidido acudir a los tribunales para reclamar unos 10 millones de euros al Ayuntamiento de Caravaca en concepto de daños y perjuicios porque consideran que la Corporación ha incumplido el acuerdo firmado en octubre de 2006 que preveía la construcción de un nuevo campo de fútbol, entre otras obras. La unión temporal de empresas (UTE) Caravaca, formada por Construcciones Villegas, propiedad de José Manuel Villegas; la Constructora Guifersol, del presidente de la federación de constructores de la Región, Fulgencio Belando, y la Compañía Trimtor, propiedad del presidente de la patronal murciana Miguel del Toro, piensa formular el escrito de demanda ante los juzgados, después de las infructuosas negociaciones.
La UTE Caravaca intentó el año pasado anular el contrato y cobrar las obras ejecutadas hasta ese momento, cuyo importe ascendía a 5,8 millones de euros. Además, los constructores entregaron 600.000 euros al Ayuntamiento que preside Domingo Aranda (PP), por la diferencia entre el valor de las obras que se iban a ejecutar y el solar que debía entregar como pago el Ayuntamiento. Los constructores pagaron 1,2 millones de euros por los terrenos donde se iba a construir el nuevo campo de fútbol. Entre estas cantidades y los intereses, la reclamación ascenderá a los 10 millones de euros, un tercio aproximadamente del presupuesto del municipio, que vive su Año Jubilar en torno a la Vera Cruz.
Un solar polémico
El recurso contencioso se presentó el 16 de diciembre pasado en el juzgado número 4 de Murcia, y los demandantes están a la espera de que el Ayuntamiento remita el expediente administrativo. La UTE intentó rescindir el contrato en agosto del año pasado, como público 'La Verdad', pero no se llegó a un acuerdo entre lo que reclamaban los adjudicatarios y lo que ofrecía el alcalde, que al parecer sólo estaba dispuesto a pagar la obra ejecutada hasta ese momento, señalan fuentes de la UTE.
Precisamente el solar que debía entregar el Ayuntamiento como pago en especie es el origen del conflicto. Se trata del antiguo campo municipal de fútbol El Morao, cuya valoración ascendía, según el Ayuntamiento, a 12.898.957 euros. Las tres constructoras debían recibirlo como pago, según consta en el pliego de condiciones. «Como contraprestación del contrato objeto de la presente licitación el Ayuntamiento transmitirá al adjudicatario de la licitación la titularidad de la parcela que ocupa el actual campo de fútbol, que cuenta con una superficie total de 18.131,15 m2, en las condiciones urbanísticas que se adjuntan al presente pliego...», señala el documento.
La UTE Caravaca tenía previsto construir 400 viviendas sobre el viejo campo de fútbol, calificado como suelo urbano, pero después de la firma del contrato se comprobó que el Ayuntamiento no era el dueño de toda la superficie, por lo que no podía cederlos como se había acordado. Asimismo, los adjudicatarios denuncian que estos terrenos tampoco reunían las condiciones urbanísticas establecidas en el pliego. De hecho, el 14,58% de la superficie no es propiedad municipal sino de otros tres o cuatro dueños, explican fuentes de la UTE.
El solar municipal debía entregarse en el plazo de un mes a contar desde la ejecución completa del contrato y la recepción de las obras e instalaciones. Casi tres años después, sin embargo, los constructores pidieron al Ayuntamiento la resolución del contrato porque no habían recibido ningún pago por las obras ejecutadas «ni por las obras que no ha podido ejecutar por causas ajenas a su voluntad». Asimismo, señalan que la condiciones urbanísticas vigentes obligan a destinar el 10% de la edificabilidad a viviendas de protección oficial, de lo cual, indican, no se decía nada en el pliego de condiciones.
Cambio de obras
Para estos constructores, los problemas empezaron antes, cuando en octubre de 2006 el Ayuntamiento le adjudicó ocho obras con un precio de 12.298.957 euros. Además del nuevo campo de fútbol, la unión temporal de empresas debía construir una piscina municipal cubierta, un centro de interpretación, una pista polideportiva al aire libre, el acondicionamiento y remodelación de un jardín público, la remodelación de una pista de atletismo, el parque municipal y parque infantil de educación vial y otras obras como la reposición de redes de agua, acometidas domiciliarias, pavimientación, alumbrado, jardinería y mobiliario urbano entre la calle Puentecilla y la avenida Maruja Garrido.
De esta lista, los contratistas han ejecutado la pavimentación y mobiliario de la Gran Vía, la piscina municipal, la remodelación de la pista deportiva El salvador, y el acondicionamiento de un jardín, todo por un importe provisional de 5,8 millones de euros. El resto se encuentra paralizado.
Otros inconvenientes surgieron cuando la pista polideportiva al aire libre se anuló porque, según la UTE, el Ayuntamiento no disponía de los terrenos. Lo mismo sucedió con el parque municipal y de seguridad vial, razón por la cual fueron «sustituidas» por otras obras. En cuanto al Centro de Interpretación del Molino de Papel, las obras se paralizaron en noviembre de 2007 por decisión de la Junta de Gobierno Local por la existencia de unos restos arqueológicos, lo cual motivó la necesidad de realizar excavaciones.
La UTE Caravaca intentó el año pasado anular el contrato y cobrar las obras ejecutadas hasta ese momento, cuyo importe ascendía a 5,8 millones de euros. Además, los constructores entregaron 600.000 euros al Ayuntamiento que preside Domingo Aranda (PP), por la diferencia entre el valor de las obras que se iban a ejecutar y el solar que debía entregar como pago el Ayuntamiento. Los constructores pagaron 1,2 millones de euros por los terrenos donde se iba a construir el nuevo campo de fútbol. Entre estas cantidades y los intereses, la reclamación ascenderá a los 10 millones de euros, un tercio aproximadamente del presupuesto del municipio, que vive su Año Jubilar en torno a la Vera Cruz.
Un solar polémico
El recurso contencioso se presentó el 16 de diciembre pasado en el juzgado número 4 de Murcia, y los demandantes están a la espera de que el Ayuntamiento remita el expediente administrativo. La UTE intentó rescindir el contrato en agosto del año pasado, como público 'La Verdad', pero no se llegó a un acuerdo entre lo que reclamaban los adjudicatarios y lo que ofrecía el alcalde, que al parecer sólo estaba dispuesto a pagar la obra ejecutada hasta ese momento, señalan fuentes de la UTE.
Precisamente el solar que debía entregar el Ayuntamiento como pago en especie es el origen del conflicto. Se trata del antiguo campo municipal de fútbol El Morao, cuya valoración ascendía, según el Ayuntamiento, a 12.898.957 euros. Las tres constructoras debían recibirlo como pago, según consta en el pliego de condiciones. «Como contraprestación del contrato objeto de la presente licitación el Ayuntamiento transmitirá al adjudicatario de la licitación la titularidad de la parcela que ocupa el actual campo de fútbol, que cuenta con una superficie total de 18.131,15 m2, en las condiciones urbanísticas que se adjuntan al presente pliego...», señala el documento.
La UTE Caravaca tenía previsto construir 400 viviendas sobre el viejo campo de fútbol, calificado como suelo urbano, pero después de la firma del contrato se comprobó que el Ayuntamiento no era el dueño de toda la superficie, por lo que no podía cederlos como se había acordado. Asimismo, los adjudicatarios denuncian que estos terrenos tampoco reunían las condiciones urbanísticas establecidas en el pliego. De hecho, el 14,58% de la superficie no es propiedad municipal sino de otros tres o cuatro dueños, explican fuentes de la UTE.
El solar municipal debía entregarse en el plazo de un mes a contar desde la ejecución completa del contrato y la recepción de las obras e instalaciones. Casi tres años después, sin embargo, los constructores pidieron al Ayuntamiento la resolución del contrato porque no habían recibido ningún pago por las obras ejecutadas «ni por las obras que no ha podido ejecutar por causas ajenas a su voluntad». Asimismo, señalan que la condiciones urbanísticas vigentes obligan a destinar el 10% de la edificabilidad a viviendas de protección oficial, de lo cual, indican, no se decía nada en el pliego de condiciones.
Cambio de obras
Para estos constructores, los problemas empezaron antes, cuando en octubre de 2006 el Ayuntamiento le adjudicó ocho obras con un precio de 12.298.957 euros. Además del nuevo campo de fútbol, la unión temporal de empresas debía construir una piscina municipal cubierta, un centro de interpretación, una pista polideportiva al aire libre, el acondicionamiento y remodelación de un jardín público, la remodelación de una pista de atletismo, el parque municipal y parque infantil de educación vial y otras obras como la reposición de redes de agua, acometidas domiciliarias, pavimientación, alumbrado, jardinería y mobiliario urbano entre la calle Puentecilla y la avenida Maruja Garrido.
De esta lista, los contratistas han ejecutado la pavimentación y mobiliario de la Gran Vía, la piscina municipal, la remodelación de la pista deportiva El salvador, y el acondicionamiento de un jardín, todo por un importe provisional de 5,8 millones de euros. El resto se encuentra paralizado.
Otros inconvenientes surgieron cuando la pista polideportiva al aire libre se anuló porque, según la UTE, el Ayuntamiento no disponía de los terrenos. Lo mismo sucedió con el parque municipal y de seguridad vial, razón por la cual fueron «sustituidas» por otras obras. En cuanto al Centro de Interpretación del Molino de Papel, las obras se paralizaron en noviembre de 2007 por decisión de la Junta de Gobierno Local por la existencia de unos restos arqueológicos, lo cual motivó la necesidad de realizar excavaciones.
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