Juan Luis Vivas/ La Verdad
El Juzgado de Instrucción número 3 de Molina de Segura ha decretado el sobreseimiento de la causa seguida contra nueve presuntos participantes en una operación de blanqueo de ocho millones de euros con respecto al notario que autorizó las compraventas, que supuestamente daban cobertura a la operación. En la resolución judicial se indica que «no existe indicio alguno para poder considerar que Francisco Coronado, en su función de notario, se favoreciera o beneficiara en modo alguno de la operación investigada».
Estas actuaciones judiciales fueron iniciadas a raíz de la investigación realizada por la Policía Nacional de Murcia, que advirtió como indicio que este funcionario conocía la operación de blanqueo la presencia en la notaría de vigilantes jurados armados para custodiar los ocho millones de euros en efectivo a que ascendían las compraventas. Según el informe policial, la empresa P.R. habría adquirido en febrero de 2005 tres inmuebles, por importe de doce millones de euros, a las sociedades C.E. y M.M., y para conseguir un ahorro fiscal y cobrar dinero «negro», la primera, junto con la también inmobiliaria N.P., simularon una compraventa por un importe superior a los trece millones, más IVA.
El mismo día en que se realizó la operación, se llevó a cabo otra, en la que el valor de los inmuebles se elevó hasta los 20,6 millones, «sabiendo todos, dice el auto judicial, que los impuestos generados no iban a ser ni declarados ni ingresados en la Agencia Tributaria». Al exonerar de responsabilidad al notario, dice el auto que éste, en su declaración, demostró que la presencia de vigilantes de seguridad en la oficina, que tanto llamó la atención de los agentes, es lo «habitual» en operaciones como la investigada, ya que así lo demandan los bancos por las elevadas sumas que se manejan
El Juzgado de Instrucción número 3 de Molina de Segura ha decretado el sobreseimiento de la causa seguida contra nueve presuntos participantes en una operación de blanqueo de ocho millones de euros con respecto al notario que autorizó las compraventas, que supuestamente daban cobertura a la operación. En la resolución judicial se indica que «no existe indicio alguno para poder considerar que Francisco Coronado, en su función de notario, se favoreciera o beneficiara en modo alguno de la operación investigada».
Estas actuaciones judiciales fueron iniciadas a raíz de la investigación realizada por la Policía Nacional de Murcia, que advirtió como indicio que este funcionario conocía la operación de blanqueo la presencia en la notaría de vigilantes jurados armados para custodiar los ocho millones de euros en efectivo a que ascendían las compraventas. Según el informe policial, la empresa P.R. habría adquirido en febrero de 2005 tres inmuebles, por importe de doce millones de euros, a las sociedades C.E. y M.M., y para conseguir un ahorro fiscal y cobrar dinero «negro», la primera, junto con la también inmobiliaria N.P., simularon una compraventa por un importe superior a los trece millones, más IVA.
El mismo día en que se realizó la operación, se llevó a cabo otra, en la que el valor de los inmuebles se elevó hasta los 20,6 millones, «sabiendo todos, dice el auto judicial, que los impuestos generados no iban a ser ni declarados ni ingresados en la Agencia Tributaria». Al exonerar de responsabilidad al notario, dice el auto que éste, en su declaración, demostró que la presencia de vigilantes de seguridad en la oficina, que tanto llamó la atención de los agentes, es lo «habitual» en operaciones como la investigada, ya que así lo demandan los bancos por las elevadas sumas que se manejan
No hay comentarios:
Publicar un comentario