El alcalde reconoce ante el juez que no ordenó una investigación ante el aumento del censo
08.05.11 - 01:49 -
La campaña electoral de las municipales de 2011 en Abanilla va a transcurrir marcada por el seguimiento del Partido Popular (PP), Partido Socialista (PSOE) e Independientes Unidos por el Municipio de Abanilla a las diligencias que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza por un presunto fraude electoral contra el alcalde y candidato popular, Fernando Molina. El propio Molina y el director de la Oficina del Censo Electoral de Murcia, Arsenio Lasheras, prestaban declaración -el segundo en calidad de testigo- el pasado 27 de abril ante el magistrado Juan Alberto Cuesta Gómez, que deberá determinar en última instancia si existen motivos para sentar en el banquillo al primer edil abanillero.
Hasta la fecha habían hablado dos de las piezas clave del caso, como son el imputado Molina Parra y la denunciante María Dolores Saurín, ambos candidatos a la alcaldía. Todavía no se conocía, sin embargo, la postura del director de la Oficina del Censo Electoral de Murcia, Arsenio Lasheras. Ahora ya se conoce. Este diario ha podido saber que Lasheras, en su declaración, «manifiesta que observaron que el número de altas en el Censo Electoral era elevado pero no saltaron las alarmas que tienen establecidas -en el INE-». Lasheras afirma, además, que «por ello solicitamos al Ayuntamiento que les justificaran las altas de 110 personas».
Estas manifestaciones corroborarían la teoría de los 'excursionistas de la democracia' que viene defendiendo la entonces portavoz socialista y ahora candidata del IUMA, María Dolores Saurín, para justificar la denuncia contra el censo electoral de 2007 por la presencia de «casi una centena de personas censadas en casas de afines al PP». Sin embargo, lo cierto es que el director de la Oficina del Censo aclara que la administración abanillera respondió a la petición del INE con el envío de «100 certificados y declaraciones de los interesados indicando que tales altas eran reales».
El candidato PP, Fernando Molina, reconoce en su declaración que «no ordenó ninguna investigación respecto a los empadronamientos» porque «no había ninguna razón».
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