El juzgado suspende el cobro de la sanción de 100.000 euros hasta que no dicte sentencia sobre el contencioso por los retrasos en las obras
31.05.11 - 01:44 -
MANUEL MADRID | MURCIA./ La Verdad
Al vodevil del Romea ya solo le falta el ruido de sables. El teatro más emblemático de la ciudad cumple en junio cuatro años cerrado por reformas, un tiempo incomprensible para una ciudad que ama las artes escénicas. Ni las reiteradas llamadas a la puerta de la oposición, ni las concentraciones con máscaras y llantos sonoros con ataúd incluido organizadas por el Foro Ciudadano, ni la indignación de los vecinos y establecimientos del entorno por este cierre duradero han servido para apretar las tuercas al Gobierno municipal, que es consciente de que popularmente la reapertura del Romea es un clamor.
El Ayuntamiento achaca los retrasos a la parsimonia con la que se han efectuado los trabajos de la tercera fase del proyecto, adjudicada a las empresas murcianas Trimtor y Azuche 88. Pero, inexplicablemente, la parte menos complicada del proyecto se ha convertido en un lío que ha acabado en los tribunales.
Desde el otoño pasado, a propuesta de la Oficina Técnica de Arquitectura, el equipo de Gobierno ha sancionado ya con más de 100.000 euros a la compañía por supuestos atraso en el plazo de ejecución, algo que el gerente de Trimtor, Patricio Tripiana, niega tajantemente y por lo que a principios de año presentó un contencioso-administrativo para lograr la impugnación de esas multas.
Como el caso todavía no se ha resuelto y el Ayuntamiento sigue penalizando a la UTE por cada día de demora con 400 euros, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Murcia ha decidido provisionalmente dejar sin efecto la sanción hasta que no se dicte sentencia, de modo que el Ayuntamiento, por decisión judicial, no podrá seguir cobrándose dicha infracción hasta que el juez no se pronuncie sobre el contencioso-administrativo. Trimtor y Azuche achacan a las trabas de los ténicos los retrasos para ejecutar en 6 meses los trabajos de remodelación de los accesos, taquillas, escaleras y camerinos, la sustitución de butacas de patio, palcos, platea y paraíso, y la instalación de aire acondicionado y un ascensor. El propio juzgado ha pedido a la UTE como garantía que deposite un aval de 37.000 euros, que fue presentado el pasado 5 de mayo y que le sería devuelto en caso de que el juzgado diera la razón a las empresas en el litigio.
Tripiana explicó ayer a 'La Verdad' que la intención de la UTE no es paralizar los trabajos, que están al 95% ejecutados, ni pedir la rescisión del contrato, aunque legalmente podrían hacerlo por no cobrar los certificados de obra realizados. El 5% que falta corresponde a un forjado en mal estado no incluido en el proyecto inicial y terminar de pintar los pasillos e instalar moqueta en los deambulatorios -la UTE tuvo que esperar a que otra empresa realizase la sustitución de escayolas-. «No somos unos incumplidores ni unos ineptos, acabamos de cumplir 25 años como empresa, pero el daño está hecho y hemos quedado como los malos hasta que dictamine un juez si la sanción es legal».
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