La Policía cambia su modo de actuar contra la inmigración irregular y renuncia a las operaciones masivas, como la de Torre Pacheco en junio de 2008
17.03.10 - 00:43 -
LOLA GUARDIOLA / la Verdad
17.03.10 - 00:43 -
LOLA GUARDIOLA / la Verdad
Fue el 28 de junio de 2008. Las calles principales de Torre Pacheco permanecieron cercadas durante más de cuatro horas por más de 100 agentes de Policía Nacional y Local. «Sacaron de los bares, locutorios y de la mismísima mezquita a las personas con aspecto de extranjeros, para concentrarles en tres plazas y pedirles la documentación en una auténtica caza al inmigrante», dijeron entonces las asociaciones de ayuda al colectivo extranjero. Incluso el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, criticó la «desproporción» de esta iniciativa policial, que se saldó con 58 detenidos. De ellos, 49 quedaron libres con un expediente de expulsión bajo el brazo.
Desde entonces, ya no sólo en nuestra región, sino en toda España, no se ha realizado una redada similar. Las asociaciones pidieron al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que concretara si éste iba a ser el procedimiento habitual de lucha contra la inmigración irregular. Se dijo que no, que iba a predominar el «principio de proporcionalidad».
En la comarca de Cartagena, una de las zonas con más densidad de población inmigrante, también se trabaja de distinta manera desde entonces, «lo que no significa que con menor intensidad», aclararon fuentes policiales. Ahora, los agentes responsables de la lucha contra la inmigración ilegal, «realizan abundantes controles en la vía pública e intervenciones reducidas», sobre todo en el núcleo urbano de Cartagena.
En el resto de localidades de la comarca, la intervención de la Policía suele ser menor y es la Benemérita, e incluso a veces las policías locales, las que actúan en funciones de identificación, llevando a Comisaría a las personas con documentación irregular.
Una de las últimas actuaciones de este tipo se produjo hace unas semanas. Una pequeña redada policial acabó con media docena de detenidos en el entorno de la diputación cartagenera de La Aljorra.
La puesta en marcha de las medidas incluidas en la famosa circular 1/2010, entre otras las llamadas «detenciones preventivas», no ha supuesto ningún cambio en este modo de actuación. Lo más importante de este mandado emitido por la Comisaría General de Extranjería no se refiere, según estas fuentes, a las «detenciones para identificación en comisaría, amparadas por el Tribunal Constitucional», sino a la potestad que se le da al funcionario policial «para determinar la adopción del procedimiento preferente».
Esto significa que una vez en comisaría, el inmigrante que no pueda acreditar documentación en regla, «será atendido conforme a sus circunstancias individuales, familiares y sociales de permanencia en España». Así, el agente deberá decidir por el procedimiento ordinario (multa, más un período de 15 días para abandonar el país) o preferente (expulsión inmediata). Además, la circular recuerda que el expediente de expulsión es un acto de trámite, puesto que esta sanción sólo puede ser decidida por la Delegación del Gobierno
Pese a estas explicaciones, más de 140 asociaciones que trabajan con inmigrantes han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo y el Ministerio del Interior en relación con las «detenciones preventivas». Califican de «absolutamente ilegal» el proceder policial, al considerar que este cuerpo «no está habilitado para privar de libertad a personas que, en todo caso, sólo ha incurrido en una falta»
Desde entonces, ya no sólo en nuestra región, sino en toda España, no se ha realizado una redada similar. Las asociaciones pidieron al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que concretara si éste iba a ser el procedimiento habitual de lucha contra la inmigración irregular. Se dijo que no, que iba a predominar el «principio de proporcionalidad».
En la comarca de Cartagena, una de las zonas con más densidad de población inmigrante, también se trabaja de distinta manera desde entonces, «lo que no significa que con menor intensidad», aclararon fuentes policiales. Ahora, los agentes responsables de la lucha contra la inmigración ilegal, «realizan abundantes controles en la vía pública e intervenciones reducidas», sobre todo en el núcleo urbano de Cartagena.
En el resto de localidades de la comarca, la intervención de la Policía suele ser menor y es la Benemérita, e incluso a veces las policías locales, las que actúan en funciones de identificación, llevando a Comisaría a las personas con documentación irregular.
Una de las últimas actuaciones de este tipo se produjo hace unas semanas. Una pequeña redada policial acabó con media docena de detenidos en el entorno de la diputación cartagenera de La Aljorra.
La puesta en marcha de las medidas incluidas en la famosa circular 1/2010, entre otras las llamadas «detenciones preventivas», no ha supuesto ningún cambio en este modo de actuación. Lo más importante de este mandado emitido por la Comisaría General de Extranjería no se refiere, según estas fuentes, a las «detenciones para identificación en comisaría, amparadas por el Tribunal Constitucional», sino a la potestad que se le da al funcionario policial «para determinar la adopción del procedimiento preferente».
Esto significa que una vez en comisaría, el inmigrante que no pueda acreditar documentación en regla, «será atendido conforme a sus circunstancias individuales, familiares y sociales de permanencia en España». Así, el agente deberá decidir por el procedimiento ordinario (multa, más un período de 15 días para abandonar el país) o preferente (expulsión inmediata). Además, la circular recuerda que el expediente de expulsión es un acto de trámite, puesto que esta sanción sólo puede ser decidida por la Delegación del Gobierno
Pese a estas explicaciones, más de 140 asociaciones que trabajan con inmigrantes han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo y el Ministerio del Interior en relación con las «detenciones preventivas». Califican de «absolutamente ilegal» el proceder policial, al considerar que este cuerpo «no está habilitado para privar de libertad a personas que, en todo caso, sólo ha incurrido en una falta»
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