La empresa despidió hace 15 meses a sus 310 empleados mientras el sindicato denuncia la «pasividad» del Ejecutivo regional
27.03.10 - 01:22 -
EP
Comisiones Obreras (CC OO) denunció ayer la «pasividad» del Gobierno regional en relación a la empresa Conservas Fernández, que cumple 15 meses desde que se anunciara el expediente de regulación de empleo que ha supuesto el despido de los 310 trabajadores de la conservera. El sindicato anunció movilizaciones de los trabajadores, al tiempo que advirtió que podrían originarse serios problemas de orden público «dada la delicada situación existente».
El secretario general de la Federación Agroalimentaria de CC OO, Santiago Navarro, el alcalde de Calasparra, Jesús Navarro, y el responsable de Empleo del Grupo Socialista en la Asamblea Regional, Mariano García, lamentaron la «desesperada» situación de los trabajadores de la empresa y la «dejación» por parte del Gobierno regional, «no se han cumplido los compromisos adquiridos y las condiciones establecidas en las indemnizaciones; las cuales fueron avaladas por la Comunidad Autónoma», indicó Navarro.
Para el dirigente de CCOO las razones esgrimidas por la dirección de la empresa para no cumplir con lo establecido «no son sino excusas que en el fondo obedecen a una estrategia que pretende desregular el sector de la conserva en la Región». «Es la primera vez, no ya sólo en la Región, sino en España, que se pretende reflotar una empresa despidiendo a todos sus trabajadores y haciéndolo, además, con dinero público», subrayó.
Navarro denunció así que no se haya recibido respuesta de ninguna consejería afectada, al tiempo que afirmó que «se han sobrepasado todos los plazos razonables».
Por su parte, el alcalde, Jesús Navarro, denunció el incumplimiento por parte de la Administración regional y de la empresa del documento firmado en agosto de 2009 para hacer posible el pago de las indemnizaciones y acusó a la empresa de utilizar «falsos argumentos» con los que justificar el impago de las mismas establecido en el ERE así como la falta de voluntad de la empresa a la hora de cumplir lo estipulado.
Para Navarro el aval recibido de la Comunidad «sólo ha servido para despedir a 310 trabajadores y no dar palo al agua, en vez de reflotar la empresa», aunque aseguró que han comunicado a la empresa que contará con la colaboración del ayuntamiento «una vez solventado el impago de los trabajadores». A pesar de ello afirmó que «aquí no existe voluntad de cumplir».
El responsable de Empleo del Grupo Socialista en la Asamblea regional, Mariano García, pidió que el Ejecutivo murciano y el consejero de Universidades, Empresa e Innovación, Salvador Marín «den explicaciones en lugar de ponerse medallas y méritos y ponerse ahora de acuerdo en callar».
Respuesta de la Comunidad
La Consejería de Empresa pidió ayer «cesen las intromisiones de instituciones o partes no directamente implicadas que impiden el desarrollo del plan de viabilidad aprobado para que la factoría empiece a funcionar, como ya ocurre con la de Campos del Río». Además, aclara que el 65% de las indemnizaciones a trabajadores ya ha sido satisfecho y desmintió que en el acuerdo de agosto pasado hubiera representantes del Gobierno regional, por lo que «no podemos incumplir algo que no hemos firmado».
27.03.10 - 01:22 -
EP
Comisiones Obreras (CC OO) denunció ayer la «pasividad» del Gobierno regional en relación a la empresa Conservas Fernández, que cumple 15 meses desde que se anunciara el expediente de regulación de empleo que ha supuesto el despido de los 310 trabajadores de la conservera. El sindicato anunció movilizaciones de los trabajadores, al tiempo que advirtió que podrían originarse serios problemas de orden público «dada la delicada situación existente».
El secretario general de la Federación Agroalimentaria de CC OO, Santiago Navarro, el alcalde de Calasparra, Jesús Navarro, y el responsable de Empleo del Grupo Socialista en la Asamblea Regional, Mariano García, lamentaron la «desesperada» situación de los trabajadores de la empresa y la «dejación» por parte del Gobierno regional, «no se han cumplido los compromisos adquiridos y las condiciones establecidas en las indemnizaciones; las cuales fueron avaladas por la Comunidad Autónoma», indicó Navarro.
Para el dirigente de CCOO las razones esgrimidas por la dirección de la empresa para no cumplir con lo establecido «no son sino excusas que en el fondo obedecen a una estrategia que pretende desregular el sector de la conserva en la Región». «Es la primera vez, no ya sólo en la Región, sino en España, que se pretende reflotar una empresa despidiendo a todos sus trabajadores y haciéndolo, además, con dinero público», subrayó.
Navarro denunció así que no se haya recibido respuesta de ninguna consejería afectada, al tiempo que afirmó que «se han sobrepasado todos los plazos razonables».
Por su parte, el alcalde, Jesús Navarro, denunció el incumplimiento por parte de la Administración regional y de la empresa del documento firmado en agosto de 2009 para hacer posible el pago de las indemnizaciones y acusó a la empresa de utilizar «falsos argumentos» con los que justificar el impago de las mismas establecido en el ERE así como la falta de voluntad de la empresa a la hora de cumplir lo estipulado.
Para Navarro el aval recibido de la Comunidad «sólo ha servido para despedir a 310 trabajadores y no dar palo al agua, en vez de reflotar la empresa», aunque aseguró que han comunicado a la empresa que contará con la colaboración del ayuntamiento «una vez solventado el impago de los trabajadores». A pesar de ello afirmó que «aquí no existe voluntad de cumplir».
El responsable de Empleo del Grupo Socialista en la Asamblea regional, Mariano García, pidió que el Ejecutivo murciano y el consejero de Universidades, Empresa e Innovación, Salvador Marín «den explicaciones en lugar de ponerse medallas y méritos y ponerse ahora de acuerdo en callar».
Respuesta de la Comunidad
La Consejería de Empresa pidió ayer «cesen las intromisiones de instituciones o partes no directamente implicadas que impiden el desarrollo del plan de viabilidad aprobado para que la factoría empiece a funcionar, como ya ocurre con la de Campos del Río». Además, aclara que el 65% de las indemnizaciones a trabajadores ya ha sido satisfecho y desmintió que en el acuerdo de agosto pasado hubiera representantes del Gobierno regional, por lo que «no podemos incumplir algo que no hemos firmado».
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