José Luis Cano estaba acusado de cohecho y prevaricación por hacerse con la redacción de múltiples proyectos urbanísticos
30.01.10 - 00:21 -
G. HERMIDA / AGENCIAS MURCIA./ la Verdad
30.01.10 - 00:21 -
G. HERMIDA / AGENCIAS MURCIA./ la Verdad
La noticia saltó el jueves a los teletipos casi a a la hora de cierre, pero su verdadero calado se conoció ayer. Un desgraciado accidente de moto -chocó contra la mediana en la Autovía de Cartagena, a la altura de la salida hacia El Palmar- acabó con la vida de José Luis Cano Valverde, el principal imputado en la denominada 'Operación Biblioteca', en la que se investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en Librilla. Según su abogado, Francisco Valdés, Cano se dirigía en ese momento a verle. «Me sorprendió que no acudiera al despacho a la hora fijada porque era una persona muy puntual», afirmaba ayer el letrado, quien no le dio «mayor importancia» porque «su suegro estaba ingresado en un hospital» y pensó «que habría habido alguna complicación».
Cano, de 50 años, casado y con dos hijos y natural de Campos del Río, era funcionario en excedencia de la Comunidad Autónoma. Concretamente, fue jefe del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Presidencia hasta 2007. Fue detenido por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el 18 de noviembre de 2008, mientras los agentes registraban la sede de su empresa, Acadi, y el propio Ayuntamiento de Librilla. En la operación, también resultaron arrestados tres días después el alcalde, José Martínez García (PP) y su edil de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz, junto al gerente de la empresa municipal del suelo, José Andrés Cortés. Tres días después, el juzgado de Instrucción Número 6 de Murcia decretó el ingreso en prisión de todos ellos, mientras eran detenidos otros dos empresarios relacionados con la trama. Trece días más tarde, salieron en libertad con cargos. El juez justificó su ingreso en prisión para que no entorpecieran el desarrollo de la investigación de la presunta trama.
Cano estaba imputado por los supuestos delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. En total, se estima que los beneficios ilícitos supuestamente cobrados por la trama podrían haber alcanzado casi los siete millones de euros. Cano habría utilizado para la supuesta comisión de estos delitos la citada empresa Acadi, de la que era propietario junto con el ingeniero Domingo Peñalver, y a la que el ayuntamiento adjudicó la redacción del Plan General de Ordenación Municipal de Librilla.
Extinción de responsabilidad
Cano se había reincorporado a primeros de mes a la Comunidad Autónoma tras cumplirse el periodo de excedencia del que había disfrutado, aunque en un puesto distinto al que ocupaba con anterioridad. Ayer se le practicó la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Murcia y hoy será enterrado tras el oficio fúnebre que será oficiado en el tanatorio de Nuestro Padre Jesús de Espinardo, adonde han sido trasladados sus restos mortales.
La muerte de Cano supone la extinción de su responsabilidad penal una vez que ésta se comunique de forma oficial al juzgado, pero aún así podría resultar condenado -pagarían sus herederos o los responsables subsidiarios- dentro de la jurisdicción civil.
Cano, de 50 años, casado y con dos hijos y natural de Campos del Río, era funcionario en excedencia de la Comunidad Autónoma. Concretamente, fue jefe del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Presidencia hasta 2007. Fue detenido por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el 18 de noviembre de 2008, mientras los agentes registraban la sede de su empresa, Acadi, y el propio Ayuntamiento de Librilla. En la operación, también resultaron arrestados tres días después el alcalde, José Martínez García (PP) y su edil de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz, junto al gerente de la empresa municipal del suelo, José Andrés Cortés. Tres días después, el juzgado de Instrucción Número 6 de Murcia decretó el ingreso en prisión de todos ellos, mientras eran detenidos otros dos empresarios relacionados con la trama. Trece días más tarde, salieron en libertad con cargos. El juez justificó su ingreso en prisión para que no entorpecieran el desarrollo de la investigación de la presunta trama.
Cano estaba imputado por los supuestos delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. En total, se estima que los beneficios ilícitos supuestamente cobrados por la trama podrían haber alcanzado casi los siete millones de euros. Cano habría utilizado para la supuesta comisión de estos delitos la citada empresa Acadi, de la que era propietario junto con el ingeniero Domingo Peñalver, y a la que el ayuntamiento adjudicó la redacción del Plan General de Ordenación Municipal de Librilla.
Extinción de responsabilidad
Cano se había reincorporado a primeros de mes a la Comunidad Autónoma tras cumplirse el periodo de excedencia del que había disfrutado, aunque en un puesto distinto al que ocupaba con anterioridad. Ayer se le practicó la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Murcia y hoy será enterrado tras el oficio fúnebre que será oficiado en el tanatorio de Nuestro Padre Jesús de Espinardo, adonde han sido trasladados sus restos mortales.
La muerte de Cano supone la extinción de su responsabilidad penal una vez que ésta se comunique de forma oficial al juzgado, pero aún así podría resultar condenado -pagarían sus herederos o los responsables subsidiarios- dentro de la jurisdicción civil.
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