La Federación Española de Municipios prepara una propuesta para que el Gobierno dicte una norma que garantice la seguridad y convivencia
12.04.12 - 01:13 -
La solución a los problemas de inseguridad, deterioro de la imagen turística o quejas de vecinos y comerciantes que genera la prostitución callejera puede estar más cerca, gracias a la propuesta que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está elaborando para que el Gobierno central prohiba esta actividad. El Gobierno municipal ha rechazado elaborar una ordenanza específica para esta práctica, porque considera que las aprobadas por distintas ciudades de toda España no han sido efectivas, y se ha remitido al criterio que establezcan la FEMP y el Ejecutivo.
La citada federación ha abogado por incrementar la coordinación entre Interior y los consistorios, para que el ejercicio de la prostitución en la vía pública no sea un impedimento para la convivencia.
La Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la FEMP, a la que han asistido representantes del ayuntamiento, trabaja en el borrador de una ordenanza tipo para toda España. A través de ese texto, que deberá ser ratificado por su Comisión Ejecutiva, la federación quiere unificar las legislaciones de todas las comunidades. El presidente del grupo de trabajo sobre la prostitución, el alcalde de Ávila Miguel Ángel García , ha defendido una regulación nacional orientada hacia la «mejora de la seguridad y la convivencia». Para confeccionar el documento que será trasladado al Gobierno central, la FEMP ha recurrido al asesoramiento técnico de jefes de Policía Local. Según fuentes municipales, responsables de estos cuerpos policiales han expuesto ya que lo más conveniente es la prohibición la presencia de meretrices en la calle.
Gasto de 50 millones al día
Las mismas fuentes advirtieron de que el informe de la FEMP no entra en la cuestión de si es necesario legalizar o el negocio, entre otras cuestiones para acabar con la figura del proxeneta, ya que el colectivo que agrupa a los más de 8.000 ayuntamientos de toda España considera que ése no es un debate ni una decisión que corresponda a la administración local.
Según un informe del Congreso de los Diputados de 2008, los españoles gastan 50 millones de euros al día en prostitutas. Es, entre otras cosas, un 'agujero' fiscal que el Estado aprovecha para sus arcas.
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