PUERTO LUMBRERAS/ Sánchez declara como imputado

El alcalde tuvo que dar ayer explicaciones sobre la compra de un dúplex a un constructor local y sobre la supuesta contratación irregular de un despacho para redactar el Plan General 

17.11.10 - 00:43 - 

RICARDO FERNÁNDEZ |/ La Verdad

Casi tres años y medio después de que los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras le presentaran una querella por una larga serie de presuntas irregularidades urbanísticas, el alcalde popular Pedro Antonio Sánchez tuvo que acudir ayer al Juzgado de Instrucción número 5 de Lorca, con el fin de ser interrogado respecto de tales acusaciones. Sánchez compareció en calidad de imputado, asistido por el letrado José Antonio Ramos Calabria, y lo hizo ante un juez de instrucción, y no ante un magistrado de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, al haber renunciado expresamente al fuero especial del que podría haber disfrutado como diputado regional.

Entre las cuestiones sobre las que fue interrogado destaca la adquisición en el año 2005 de un dúplex, construido por un promotor local que unos meses antes había firmado un convenio urbanístico con el Consistorio. Una arquitecto contratada por el Ayuntamiento emitió un informe por el que se permitía al constructor que el 10% de aprovechamiento, que debía entregar al municipio, lo diera 'en especie' mediante la cesión de un bajo.

Cuando el alcalde suscribió la escritura de compraventa del citado dúplex, en el documento -según informes del fiscal que obran en poder de 'La Verdad'- se hizo constar que Sánchez había abonado 30.000 euros al promotor antes de la firma; una circunstancia que, sin embargo, el constructor niega.

«El dúplex lo compré con una hipoteca y me costó lo mismo que al resto de los vecinos», explicó ayer a este periódico Pedro Antonio Sánchez, quien manifestó que la vivienda la adquirió a través de una inmobiliaria y se suscribió al préstamo que ya tenía contratado el promotor.

Además tuvo que dar explicaciones sobre la contratación de un despacho jurídico, que asesoró en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y cuyas facturas se fraccionaron, supuestamente, con el aparente fin de que no superaran los 12.000 euros y eludir así la obligación legal de tener que sacar el contrato a concurso.

Se da además la circunstancia, según los informes del fiscal, de que «toda la tramitación de convenios urbanísticos, que comprometen la Tesorería del Ayuntamiento en al menos 6,2 millones de euros, fueron informados por asesores externos, al margen de cualquier técnico municipal».

Sánchez aseguró ayer que a los citados asesores externos los buscó el último alcalde socialista de Puerto Lumbreras, José Cerrillo, «como se puede demostrar con el contrato», y que él se limitó a prorrogar su actividad.