El magistrado de Lorca se inhibe en favor del TSJ, dada su condición de aforados al ser ambos diputados regionales17.07.09 - 14:05 -
PILAR WALS LORCA / La Verdad
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Lorca, el magistrado Sergio Romero, considera imputables a los diputados regionales Bartolomé soler (PSOE) y José Antonio Pujante (IU). El juez firmó esta mañana el auto de levantamiento del secreto de sumario del Caso Limusa.
También ha firmado un auto de remisión por el que se inhibe de la investigación en favor del Tribunal Superior de Justicia de Murcia al encontrarse como posibles imputados dos aforados que podrían estar acusados de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y cohecho.
El magistrado ha tomado esta decisión tras informarle la Fiscalía de Murcia de que "no se estimaba preciso el mantenimiento del secreto sumarial y que se encontraban indicios racionales de criminalidad en relación con Bartolomé Soler Sánchez y José Antonio Pujante Diekmann, los cuales ostentaban el cargo de diputados de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia, entendiendo por ello que los delitos investigados en la presente causa debían ser elevados a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, a salvo o separando para conocer por el presente Juzgado de Instrucción los delitos cometidos contra la Hacienda Pública, falsedades instrumentales y cualesquiera otros que se encontrasen directamente relacionados con ellos".
En la mañana de hoy, el titular del juzgado mantenía una reunión con los procuradores y abogados de todos los encausados, en torno a 15 personas. Durante el encuentro se les habría hecho entrega de una única copia del sumario, cifrado en más de 3.000 folios. De ella, deberán hacer copia cada una de las partes, un trabajo que ya ha sido remitido a una copistería de la Ciudad.
Además de esos 3.000 folios hay otros 60.000 en los que estarían fotocopiados facturas y otra documentación, y que están todavía pendientes de foliarlos. Estos, todavía, se encuentran en cajas a la espera de poder ser ordenados convenientemente.
El juez se quedaría con una parte del caso, la que se refiere a los delitos fiscales. En las próximas semanas el Tribunal Superior de Justicia deberá decidir si finalmente se queda con el caso o lo devuelve a Lorca.
Las investigacioens de la trama ha llevado a los calabozos, hasta el momento, a doce personas. Entre ellas, el ex alcalde, Miguel Navarro; tres ex concejales socialistas, Miguel Miras, Jesús Molina y Manuel Sevilla; al ex director de Limusa, Francisco Gil Eguino; un notario, Sebastián Fernández Rabal; un médico, Urbano Alejo; un corredor de seguros, Ángel Trinidad Martínez; al ex interventor del Ayuntamiento de Lorca, Francisco Poyato; al ex presidente del Lorca Deportiva, Antonio Baños; a su hermano, José Baños; y al director de la Caja Ahorros del Mediterráneo, Manuel Latorre.
Todos ellos, tras declarar, fueron puestos en libertad con cargos, a excepción de Francisco Gil Eguino, que permaneció en prisión casi tres meses. Durante la investigación se han registrado nuemrosas viviendas y despachos en Lorca y Águilas.Mañana, amplia información en el periódico 'La Verdad'
También ha firmado un auto de remisión por el que se inhibe de la investigación en favor del Tribunal Superior de Justicia de Murcia al encontrarse como posibles imputados dos aforados que podrían estar acusados de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y cohecho.
El magistrado ha tomado esta decisión tras informarle la Fiscalía de Murcia de que "no se estimaba preciso el mantenimiento del secreto sumarial y que se encontraban indicios racionales de criminalidad en relación con Bartolomé Soler Sánchez y José Antonio Pujante Diekmann, los cuales ostentaban el cargo de diputados de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia, entendiendo por ello que los delitos investigados en la presente causa debían ser elevados a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, a salvo o separando para conocer por el presente Juzgado de Instrucción los delitos cometidos contra la Hacienda Pública, falsedades instrumentales y cualesquiera otros que se encontrasen directamente relacionados con ellos".
En la mañana de hoy, el titular del juzgado mantenía una reunión con los procuradores y abogados de todos los encausados, en torno a 15 personas. Durante el encuentro se les habría hecho entrega de una única copia del sumario, cifrado en más de 3.000 folios. De ella, deberán hacer copia cada una de las partes, un trabajo que ya ha sido remitido a una copistería de la Ciudad.
Además de esos 3.000 folios hay otros 60.000 en los que estarían fotocopiados facturas y otra documentación, y que están todavía pendientes de foliarlos. Estos, todavía, se encuentran en cajas a la espera de poder ser ordenados convenientemente.
El juez se quedaría con una parte del caso, la que se refiere a los delitos fiscales. En las próximas semanas el Tribunal Superior de Justicia deberá decidir si finalmente se queda con el caso o lo devuelve a Lorca.
Las investigacioens de la trama ha llevado a los calabozos, hasta el momento, a doce personas. Entre ellas, el ex alcalde, Miguel Navarro; tres ex concejales socialistas, Miguel Miras, Jesús Molina y Manuel Sevilla; al ex director de Limusa, Francisco Gil Eguino; un notario, Sebastián Fernández Rabal; un médico, Urbano Alejo; un corredor de seguros, Ángel Trinidad Martínez; al ex interventor del Ayuntamiento de Lorca, Francisco Poyato; al ex presidente del Lorca Deportiva, Antonio Baños; a su hermano, José Baños; y al director de la Caja Ahorros del Mediterráneo, Manuel Latorre.
Todos ellos, tras declarar, fueron puestos en libertad con cargos, a excepción de Francisco Gil Eguino, que permaneció en prisión casi tres meses. Durante la investigación se han registrado nuemrosas viviendas y despachos en Lorca y Águilas.Mañana, amplia información en el periódico 'La Verdad'
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