Casi todos los arrestados son delincuentes y prostitutas del centro que pagaban miles de euros para regularizar su situación en España a través del matrimonio
19.05.12 - 00:57 -
G. M. P. | CARTAGENA./ la Verdad
El cerco que la Policía Nacional estrecha sobre las prostitutas que ofrecen sus servicios en las calles del casco antiguo ha permitido desmantelar una red que se dedicaba a concertar matrimonios fraudulentos con la finalidad de regularizar la situación en España de extranjeros sin documentación en regla. Hay veintiuna personas detenidas (diez parejas y un testigo reincidente en varias de esas bodas) así como otras cuatro imputadas por testificar en el Registro Civil a favor de esos matrimonios a sabiendas supuestamente de que eran de conveniencia y había dinero de por medio.
La investigación se puso en marcha después de que la Policía detectara, durante los controles de la inmigración ilegal en el casco histórico, un notable incremento del número de expedientes de matrimonio para unir a ciudadanos nacionales o comunitarios y extranjeros de países no pertenecientes al Espacio Schengen. Además, las protagonistas de casi todos los casos eran ciudadanas marroquíes y colombianas que ejercen la prostitución en burdeles establecidos en pisos de la calle San Fernando y en la plaza de San Francisco.
Tras la boda, el extranjero sin papeles accedía automáticamente a la autorización de residencia en España como familiar de ciudadano comunitario y así obtenía tarjetas de residencia de validez permanente y renovable cada cinco años. Se trata de una forma de eludir fraudulentamente la obtención de la residencia en España, ya que el régimen general regulado por la Ley de Extranjería exige requisitos más exhaustivos.
La Policía comprobó además que en casi todas las bodas había involucrados ciudadanos extranjeros que tras varios años en España no habían podido regularizar su situación por los procedimientos legales previstos (como el arraigo social y el permiso de trabajo), así como ciudadanos españoles o de países comunitarios que también levantaron las sospechas por ser delincuentes habituales. Varios de ellos tenían antecedentes penales por robos con violencia, hurtos, lesiones y prostitución.
De 3.000 a 6.000 euros
Los ciudadanos extranjeros pagaban cantidades comprendidas entre 3.000 y 6.000 euros a los comunitarios, a cambio de que estos contrajeran matrimonio y realizaran otros trámites administrativos simulando una relación natural.
Las parejas de conveniencia iniciaban sus contactos a través de encuentros sexuales en pisos del centro de la ciudad. Dependiendo de quien se encontraba en situación irregular en el país, o la prostituta o el cliente, se pactaba la cuantía del negocio.
Tras celebrar los matrimonios fraudulentos, el ciudadano extracomunitario acudía a la Oficina de Extranjería para solicitar el permiso de residencia en España.
En los hechos también están imputados, como cooperadores necesarios para consumar el delito, cuatro testigos que dejaban constancia ante el Registro Civil de la supuesta relación sentimental que mantenían las parejas. La declaración de un testigo es condición necesaria para que el trámite pueda culminar con la celebración del enlace y hay sospechas de que esas cuatro personas lo hicieron falsamente. La Policía Nacional también amplió las investigaciones a más ente que actuó como testigo en las diez bodas aunque sin saber que estaban amañadas.
De entre todos los casos desenmascarados hasta ahora, la Policía destacó el que protagonizó hace una semana el último de los detenidos puesto que estaba acusado de delitos de falsedad documental y amenazas. Este individuo cobró más de 6.000 euros a una prostituta de origen marroquí a cambio de la boda. Pero después de recibir el dinero acordado, exigió a la mujer el pago de nuevas cantidades bajo amenazas de agresión y de divorcio. En caso de separación, ella perdería la residencia en España.
La Policía Nacional ya ha informado de la operación al Registro Civil y a la Fiscalía para que inicien los trámites para revocar los matrimonios. La Oficina de Extranjería de Murcia también prepara ya la suspensión de las tarjetas de residencia obtenidas de manera ilegal. No obstante, todos esos trámites no tendrán validez legal hasta que los hechos sean juzgados.
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