La alcaldesa reconoce que no se ha planteado cómo pagar al promotor gallego Núñez Arias, que reclama el dinero
12.04.12 - 01:12 -
R. FERNÁNDEZ / J. G. BADÍA |/ La Verdad
Se suele decir que de aquellos barros vienen estos lodos y tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre el 'caso Tótem', los convenios urbanísticos rubricados por el exalcalde de Totana, Juan Morales, se han vuelto en contra del Ayuntamiento. En concreto, el convenio de la diputación El Raiguero-Hinojar es el que trae de cabeza al Consistorio después de recibir una misiva el pasado 22 de marzo, donde el promotor gallego Manuel Núñez Arias, en representación de la sociedad Inmonuar, les solicita formalmente la cantidad de 2.485.846 euros con 94 céntimos. Casi nada, en plena crisis.
En la carta, el promotor pide a la administración totanera «la emisión de una certificación en la que reconozca la deuda contraída». En este sentido, recuerda que «el dinero depositado tenía un fin concreto que era, si se aprobara el convenio, ayudar a sufragar gastos que originaría éste».
Una cláusula que quedó reflejada un ya lejano 3 de octubre de 2006, cuando Pablo Maceira Galarza, representando a Inmonuar, y Juan Morales, alcalde, rubricaron éste convenio para dar luz verde a un proyecto urbanístico de 4.000 viviendas en el paraje totanero de El Raiguero.
El promotor se comprometió a entregar un adelanto del 25% al Consistorio, por valor de 1.242.923 euros, nada más rubricar el convenio. Dicha cantidad se elevó a los 2,4 millones de euros tras la aprobación provisional del PGMOU. En total el convenio contemplaba la cifra de 4.971.693 euros con 87 céntimos, de los que solo se llegó a adelantar a las arcas municipales el 50% de todo el montante.
El varapalo para el Consistorio llegó después de que el TSJ emitiese la sentencia del 'caso Tótem', donde la administración totanera fue perjudicada de rebote, al ver como la Sala de lo Civil y lo Penal establecía «la anulación» del convenio urbanístico firmado con Inmonuar. Desde ese momento, el Consistorio ha emprendido una huida hacia delante para evitar el pago del dinero adelantado por la promotora Inmonuar.
De hecho, el pasado 22 de marzo protagonizó un hecho insólito al formalizar un recurso de casación en contra de la sentencia de la 'Tótem', pese a que el Ayuntamiento no estaba personado en el caso.
Hasta la propia primera edil, Isabel María Sánchez, reconoce que aunque no hay nada que hacer por la vía penal con el recurso de casación porque la sentencia del TSJ es firme al haber sido dictada de conformidad entre el fiscal y las defensas, «eso no significa que no podamos seguir por la vía la administrativa». Éste es el objetivo, agotar la vía penal para presentar después un contencioso administrativo. Pero por lo pronto, el recurso de casación apela ante la Sala de lo Civil y lo Penal, que la sentencia «no se ajusta a derecho por quebrantamiento de forma e infracción» del derecho de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En esta línea, el recurso reprocha al TSJ que la administración local «no ha sido citada para el acto de juicio oral, no habérsele permitido su personación y no haber sido informado de las consecuencias perjudiciales que le estaban siendo interesadas».
El letrado Ignacio Pérez Valero, que representa los intereses municipales, también recuerda a la sala «los graves perjuicios que supone para el Ayuntamiento de Totana porque se ha dictado sentencia que decreta su responsabilidad vía nulidad de convenio urbanístico», además de apuntar hacia «la vulneración del derecho de defensa».
Todo ello y a pesar de que expertos en Derecho han calificado el recurso de casación contra el fallo firme del TSJ de «disparate jurídico», la regidora totanera defiende esta medida «porque se han vulnerado los derechos del Ayuntamiento y en ningún momento se ha enjuiciado nuestra actuación, este proceso afecta a una persona física que es Juan Morales».
Posible contencioso
No en vano la lectura real de esta maniobra judicial, es ganar tiempo al tiempo agotando la vía penal para después presentar un contencioso administrativo que el gabinete jurídico del Ayuntamiento «ya está estudiando». De esta forma, el Ayuntamiento volverá a dilatar el pago de los 2,4 millones de euros al promotor gallego que ya ha reclamado su dinero en tres ocasiones: La primera, el 19 de octubre del pasado año, la segunda, tratando de acogerse sin éxito al plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno central de Mariano Rajoy, y la tercera, por carta, tras el fallo del TSJ.
Unas medidas de presión del promotor que la primera edil, Isabel María Sánchez, reconoce que «no comparto su planteamiento pero este hombre está en su derecho de reclamar». En cualquier caso Sánchez advierte al promotor gallego Manuel Núñez Arias que fue condenado a 4 meses y 25 días y multa de 1.800 euros en la Tótem, que «no podemos pensar cómo pagar y cómo se le va a devolver el dinero porque el convenio es viable. No tiene problemas administrativos».
De hecho, la actual corporación celebró ayer una comisión de urbanismo para continuar con la reelaboración del Plan General Municipal de Ordenación Urbana, después de que haya quedado hecho unos zorros con esta trama urbanística que según el TSJ permitió al exalcalde de Totana y exdiputado regional, Juan Morales, rubricar unos 60 convenios.
En esta nueva andadura que ha iniciado el PGMOU, con la elaboración para este año de un texto refundido consensuado por las tres fuerzas políticas de Totana (PP, PSOE e IU), la primera edil resalta que «de momento ningún convenio ha sido rechazado por la Comunidad Autónoma».
Es más, la intención de la corporación totanera «es sacar adelante el 90% de los convenios que se han firmado».
Podría incurrir en un delito
Pero en esta huida hacia delante que ha emprendido el Ayuntamiento de Totana para dilatar el cumplimiento de la sentencia del TSJ y «el pago de la deuda reiteradamente reclamada» por Manuel Núñez Arias, lo cierto es que «el haber dedicado ese dinero a otro uso distinto puede llevar al Excelentísimo Ayuntamiento a haber incurrido en conductas tipificadas penalmente», tal y como advierte el promotor a la Administración totanera en su misiva del día 22 de marzo. Un extremo, el de utilizar el dinero para otros fines, que no solo ha ocurrido sino que confirma la alcaldesa de Totana, Isabel María Sánchez, afirmando que «evidentemente ese dinero se ha utilizado para gasto corriente». La regidora justifica la vulneración de las cláusulas del convenio , defendiendo que «nos obliga la ley al pago a los funcionarios».
Todo ello pese a que en la cláusula duodécima del convenio urbanístico de la Diputación El Raiguero-Hinoja al que ha tenido acceso 'La Verdad', viene recogido que «en el supuesto de que el presente convenio no pudiera cumplirse por razones ajenas a la voluntad del Ayuntamiento o por la negativa de otra Administración u Organismo, la mercantil no tenderá derecho a indemnización, debiendo el Ayuntamiento solamente, devolver las cantidades del convenio recibidas hasta la fecha». Resulta evidente que la 'pasta' de Inmonuar hace tiempo que pasó a mejor estómago, y que podríamos estar asistiendo a los coletazos 'post Tótem'.
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