La más alta asciende a un millón de euros a un vecino que roturó terrenos sin permiso y vendió después las parcelas a particulares
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1.11.10 - 02:58 -
El desplome de la actividad urbanística ha dejado las arcas municipales en una situación agónica, aunque el Ayuntamiento está campeando el temporal -y tapando agujeros- con la recaudación de multas urbanísticas. La sanción más alta que ha decretado la Gerencia en su historia es de un millón de euros. El infractor fue un empresario de Murcia que roturó ilegalmente terrenos entre Javalí Nuevo y Javalí Viejo que luego vendió como urbanizables a particulares.
En el último mes, Urbanismo ha impuesto otras dos multas ejemplares. Una de 100.291 euros a un vecino de la calle González Adalid, en pleno centro de Murcia, que pidió licencia para rehabilitar un edificio protegido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y construyó sin autorización una planta más. La cuantía de la multa es un 75% del valor de la obra nueva construida que, según la inspección municipal, debe ser demolida.
Cornisas no reglamentarias
En el caso de Los Ramos, el promotor y el director técnico de un bloque de 81 viviendas ubicado entre las calles Federico García Lorca y Salvador de Madariaga, con bajos comerciales y sótano-garaje, han sido sancionados con 176.611 euros por incumplir el número de plantas y por superar la altura de cornisas permitida. En estos casos, según el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, los denunciados suelen recurrir las sanciones por la vía de los recursos contenciosos-administrativos, por lo que el Ayuntamiento puede tardar varios años en recaudar el importe de la multa.
Aunque el Gobierno municipal aclara que no se han dado órdenes de agilizar el cobro de sanciones, lo cierto es que, coincidiendo con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, de 2008 a 2009 el Ayuntamiento triplicó los ingresos sólo en el capítulo de multas urbanísticas, pasando de 4,3 millones a 11,4, una cantidad muy superior respecto a las previsiones iniciales presupuestadas, que eran de nueve millones.
Por contra, en el caso de los ingresos por aprovechamiento urbanístico -convenios-, las arcas municipales engordaron 18 millones en 2008, pero en 2009 ni siquiera se ganó un céntimo por este concepto. «Algo normal», según el portavoz del PSOE en el Consistorio, Alfonso Navarro, «cuando todo depende del ladrillo y quieren poner los huevos en una misma cesta».
Tras la aprobación del PGOU en 2001, el Ayuntamiento aprobó una norma transitoria para legalizar las más de 4.000 construcciones ilegales de la Huerta de Murcia, la mayoría chalés construidos con un permiso para casas de aperos, así como naves industriales ubicadas en terrenos no aptos como terciarios. Sólo 1.200 propietarios se acogieron a esta fórmula para regularizar su situación durante los cinco primeros años, por lo que Urbanismo amplió otros dos más la moratoria, que concluyó en enero de 2009. En este tiempo, fuentes municipales calculan que otros 2.500 inmuebles podrían haberse regularizado.
Un plan para el Valle del Sol
Entre las viviendas que aún no tienen permiso hay un centenar en el Valle del Sol, una urbanización situada en la pedanía murciana de Gea y Truyols, cuyas primeras viviendas se empezaron a construir hace tres décadas. La Gerencia de Urbanismo está ultimando la redacción de un Plan Especial, que se someterá a aprobación inicial el próximo mes de diciembre, y tras el obligado periodo de alegaciones podría recibir el visto bueno definitivo en marzo, según informó ayer a 'La Verdad' el concejal de Urbanismo. Los propietarios de las casas, la mayoría de segunda residencia y ocupadas por ciudadanos extranjeros, y los de los terrenos no urbanizados incluidos en el plan tendrán que costear los gastos de urbanización. Posteriormente, podrán solicitar a la Gerencia la legalización de su propiedad. El resto de viviendas situadas en el entorno del Valle del Sol ya se han adherido a otros planes parciales en los últimos años.
Los inspectores de la Gerencia de Urbanismo siguen a rajatabla el crecimiento de este asentamiento irregular de viviendas que en 2003 salió a la primera plana de los tabloides británicos y alemanes tras precintar el Ayuntamiento medio centenar de chalés en construcción que dos promotoras de Torrevieja y Orihuela habían vendido a turistas alemanes e ingleses en su mayoría. «Por encima de todo está la legalidad y la están incumpliendo», alegó entonces Berberena tras denunciar que los servicios municipales no se relajan y que cualquier construcción ilegal sería perseguida.
Recientemente, el Ayuntamiento ha multado con 4.000 euros y calificado de «muy grave» a una familia de Puente Tocinos por el cerramiento de una parcela y el recrecido de un muro sin licencia en una parcela que colinda con el solar donde se ha levantado el esqueleto del hotel Huerto del Emir, junto al carril de Baeza, que es también objeto de disputa entre los vecinos y los promotores de la edificación. Los multados aseguran que el carril es de su propiedad y el Ayuntamiento que forma parte del viario público y que, en caso de que pueden demostrar que son sus titulares, se les expropiará y serán indemnizados.
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