MURCIA/ El Ayuntamiento no cree necesaria una ordenanza para prohibir la prostitución

Otros municipios gobernados por el PP, como Granada o Castellón, regulan este tipo de actividad 14.02.10 - 01:38 -
M. J. MONTESINOS MURCIA. / La Verdad

El Ayuntamiento de Murcia no se ha planteado, de momento, elaborar una ordenanza para prohibir la prostitución. A diferencia de otros municipios gobernados también por el PP, como Castellón o Granada, donde recientemente han entrado en vigor ordenanzas que, al menos, regulan el ejercicio de la prostitución cerca de zonas residenciales, el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, considera que en el municipio «no hay un clamor social que demande la regulación de la prostitución».
El primer edil considera que la prostitución no es un problema ahora mismo en la ciudad, ya que sólo se han dado «situaciones puntuales, que intentamos resolver con la Policía Local en coordinación con los Servicios Sociales». De hecho, hace ya tiempo que no se ve a trabajadoras del sexo ofreciendo sus servicios en zonas céntricas, como El Malecón o frente a la plaza de la Cruz Roja. El último caso aireado en la prensa fue cerca de El Esparragal, en la urbanización Montepinar, donde el año pasado los vecinos denunciaban que estaban hartos «de que nuestros hijos cuando van al colegio, se topen con mujeres que tienen montado su chiringuito y hacen actos provocativos y obscenos a plena luz del día».
Su presión logró que un dispositivo especial, montado por Policía Local y Guardia Civil, desalojase a las trabajadoras del sexo de las carreteras aledañas a este núcleo residencial, al menos en un primer momento. En la actualidad, la zona más frecuentada es el entorno del Eroski Infante.
El concejal de Servicios Sociales, Fulgencio Cervantes, corrobora que «no nos hemos planteado una ordenanza de ese tipo». La concejalía trabaja en colaboración con el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo de Murcia (CATS), que incide, sobre todo, en los aspectos sanitarios y de atención a las prostitutas. Cervantes recuerda que ha habido algunos problemas en zonas muy concretas, pero en general «no hay grandes conflictos con los vecinos y no nos han demandado este tipo de ordenanza».
Granada, municipio gobernado también por el PP, no prohíbe la prostitución con carácter general, pero sí su ejercicio a menos de 200 metros de las zonas residenciales, centros educativos, comerciales y empresariales. Su ordenanza, que contó también con el apoyo del PSOE, prevé sanciones de hasta 3.000 euros para meretrices y clientes.
El gobierno municipal de Castellón también aprobó una Ordenanza de Convivencia Ciudadana, que entró en vigor el 2 de noviembre de 2008, que penaliza tanto la prostitución como la mendicidad, con sanciones económicas desde 750 a 3.000 euros a las actividades o actuaciones impropias de prostitutas o mendigos, y la posibilidad de sustituirlas por trabajos para la comunidad. No obstante, aclaran fuentes municipales, no se sanciona a la prostituta, sino al proxeneta.
En municipios gobernados por el PSOE, como Albacete, también se están planteando aceptar la prohibición de la prostitución en la calle. Lo que ha promovido el equipo de gobierno es una ordenanza reguladora de los espacios públicos para que se debata en la Mesa por la Convivencia. El objetivo prioritario que persiguen con esta ordenanza es regular la práctica de consumir alcohol en la vía pública, lo que comúnmente se conoce como botellón y, en Murcia, como botelleo. En este sentido, Murcia fue pionera en aprobar una ordenanza contra el botelleo en 1999. En cambio, no ha sido necesario, hasta ahora, abordar el tema de la prostitución a través de una normativa municipal.
En Albacete ha sido la Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad la que, aprovechando la elaboración de la ordenanza reguladora de los espacios públicos para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana, ha presentado una propuesta para que se incluya la regulación de la prostitución.
La propuesta ha generado bastante controversia y la alcaldesa, la socialista Carmen Oliver, quiere que, de aprobarse esta ordenanza, salga con el máximo consenso social posible.