La VerdadUn informe del Ministerio apunta que las obras vulneran parte de la Ley de Patrimonio
Añade que puede suponer «la pérdida irreparable de información arqueológica valiosa»
Añade que puede suponer «la pérdida irreparable de información arqueológica valiosa»
«Hay que hacer notar que el proyecto del Parador supone una alteración de la configuración espacial, visual y paisajística (...) que no sólo desvirtúa la percepción del monumento, sino que hace irreconocibles sus valores espaciales y tipológicos lo que va en contra de lo expresado en el artículo 19.3 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. Por tanto se considera que se ha producido una clara alteración del monumento». La declaración no es de ningún colectivo ni grupo político contrario a la construcción del Parador en la alcazaba, la declaración es del subdirector general de Protección del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, Luis Lafuente Batanero.
Con tres años de retraso sale a la luz este texto que se firmó el 27 de diciembre de 2006, y que se entregó al diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, el pasado 10 de julio ante una petición de información sobre la adaptación del solar del Castillo para la edificación de la infraestructura turística que está en la fase final de ejecución, aunque aún queda por adjudicar el área para aparcamiento.
El informe fue escrito como contestación «a los escritos de julio y agosto de 2006 mediante los cuales Turespaña remitía a esta Dirección general un ejemplar del proyecto primitivo del Parador, y otro del proyecto modificado, así como los informes de las excavaciones arqueológicas realizadas con cargo a Turespaña».
Legado histórico
El informe comienza haciendo alusión a la secuencia ocupacional del Castillo desde el Calcolítico, y aludiendo a que «no puede ser considerado como una construcción defensiva aislada» sino que todos y cada uno de los elementos hallados forman parte de un conjunto patrimonial.
En el segundo apartado entra de lleno en la conveniencia o no del Parador. «Se considera que la construcción de un edificio de nueva planta junto al Castillo es lesiva para la correcta interpretación de los restos arqueológicos existentes y para la integridad del conjunto. A este respecto hay que hacer notar que, de acuerdo con el artículo 39.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, las restauraciones en bienes inmuebles deben respetar las aportaciones de todas las épocas y la eliminación de alguna de ellas sólo se deberá autorizar con carácter excepcional, y sólo cuando supongan una evidente degradación del bien y su eliminación fuera necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Y en este sentido, las actuaciones ya realizadas pueden suponer la pérdida irreparable de información valiosa».
Hace mención también el subdirector de Patrimonio «a la perturbación de la contemplación del monumento», tanto interior como exterior. «Además de la fuerte distorsión que supone la aparición de nuevas edificaciones en la silueta y en la espacialidad interior del recinto fortificado, la configuración de la forma de la torre (su aspecto) y los materiales empleados (ladrillo ocre) pueden dar lugar a un posible equívoco histórico al confundirse con la parte original del monumento, actuación contraría a los criterios científicos de intervención en monumentos históricos, algo que recoge el artículo 39.2 de la Ley de Patrimonio».
Incompatibilidad
En las conclusiones del informe, se matiza que «la actuación planteada no es compatible con la mejor conservación del Castillo de Lorca y su entorno, ni con la preservación de muchos de los valores que le caracterizan como Bien de Interés Cultural. Y aunque la documentación recibida explica que la actuación goza de todos los permisos administrativos necesarios por parte de los organismos autonómicos y municipales, no debe olvidarse que la aplicación de la Ley del Patrimonio, y más en el caso concreto de la Región de Murcia que no ha desarrollado su propia ley de Patrimonio, es clara para estos supuestos y no deja lugar a ningún tipo de matiz o a otras interpretaciones. Así mismo, la protección del Castillo de Lorca y su entorno también quedaría avalada por la normativa internacional en materia de patrimonio cultural y natural, aunque no es de obligado cumplimiento, sí compromete moralmente a los países signatarios».
De acuerdo con el informe, la construcción del Parador de Turismo podría haber violado tres preceptos de la Ley de Patrimonio, concretamente los puntos dos y tres del artículo 39, y el punto tercero del artículo 19.
El grupo municipal de Izquierda Unida ha sido quien ha hecho público este informe a los medios de comunicación, aunque ya han anunciado que lo colgarán en internet y lo difundirán a través de folletos «para que los lorquinos vean que lo que venimos diciendo desde el año 2003 junto con otros muchos colectivos ciudadanos no difiere de lo que dice el máximo organismo oficial a nivel nacional competente en la materia», apunta el edil José García Murcia.
Para García Murcia son muchas las preguntas que surgen a raíz del informe. «¿Cómo es que se ha continuado con las obras desde el año 2006 si el informe es tan contundente?, ¿Es que las instituciones, organismos y personas directamente responsables del proyecto han hecho caso omiso, es que han actuado a espaldas del informe incurriendo en posibles irregularidades en cuanto a la violación de artículos de la Ley de Patrimonio».
Responsabilidades
Arremete García Murcia contra los miembros de los grupos municipales del PSOE y PP que «impulsaron y apoyaron el Parador en el Castillo y que no respaldaron la paralización de las obras ante las movilizaciones por el atentado que estaban suponiendo contra el patrimonio». «Tengo que ser duro con los políticos regionales, con Valcárcel, al que se le advirtió del disparate que se estaba cometiendo. Y no puedo ser menos duro con los técnicos que han consentido con su firma que se cometa esta aberración, tanto el jefe de los servicios de patrimonio, como los arquitectos y asesores legales. Todos deberían pagar sus culpas».
Incluye también al Ministerio de Cultura al que dice tendría responsabilidad judicial por no haber intervenido si se estaba violando la Ley de Patrimonio. «Sería disparato pensar que el informe no se trasladó en su momento a los organismo implicados y se quedara en un cajón en el Ministerio. eso sería muy grave. Además, el Ministerio no ha hecho nada ( al menos no hay datos) por evitar el desastre que el propio Ministerio dice que se está cometiendo».
Desde IU han pedido a la actual ministra de Cultura que intervenga y visite la actuación que se está realizando en el Castillo. «El momento en que se realizó el informe ya se habían llevado a cabo medidas judiciales y las obras se paralizaron de forma cautelar. Si se hubiese conocido este informe las posiciones contrarias se habrían visto reforzadas y a lo mejor los acontecimientos habrían tomado otro camino».
La polémica continuará en los próximos meses porque aún se desconoce cual será el futuro de la Torre Alfonsina y como se va a llevar a cabo su conexión con el Parador. «Confiamos en que el buen criterio judicial tenga en cuenta lo referido en el informe y se inicien las acciones para la reposición a su estado original».
Con tres años de retraso sale a la luz este texto que se firmó el 27 de diciembre de 2006, y que se entregó al diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, el pasado 10 de julio ante una petición de información sobre la adaptación del solar del Castillo para la edificación de la infraestructura turística que está en la fase final de ejecución, aunque aún queda por adjudicar el área para aparcamiento.
El informe fue escrito como contestación «a los escritos de julio y agosto de 2006 mediante los cuales Turespaña remitía a esta Dirección general un ejemplar del proyecto primitivo del Parador, y otro del proyecto modificado, así como los informes de las excavaciones arqueológicas realizadas con cargo a Turespaña».
Legado histórico
El informe comienza haciendo alusión a la secuencia ocupacional del Castillo desde el Calcolítico, y aludiendo a que «no puede ser considerado como una construcción defensiva aislada» sino que todos y cada uno de los elementos hallados forman parte de un conjunto patrimonial.
En el segundo apartado entra de lleno en la conveniencia o no del Parador. «Se considera que la construcción de un edificio de nueva planta junto al Castillo es lesiva para la correcta interpretación de los restos arqueológicos existentes y para la integridad del conjunto. A este respecto hay que hacer notar que, de acuerdo con el artículo 39.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, las restauraciones en bienes inmuebles deben respetar las aportaciones de todas las épocas y la eliminación de alguna de ellas sólo se deberá autorizar con carácter excepcional, y sólo cuando supongan una evidente degradación del bien y su eliminación fuera necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Y en este sentido, las actuaciones ya realizadas pueden suponer la pérdida irreparable de información valiosa».
Hace mención también el subdirector de Patrimonio «a la perturbación de la contemplación del monumento», tanto interior como exterior. «Además de la fuerte distorsión que supone la aparición de nuevas edificaciones en la silueta y en la espacialidad interior del recinto fortificado, la configuración de la forma de la torre (su aspecto) y los materiales empleados (ladrillo ocre) pueden dar lugar a un posible equívoco histórico al confundirse con la parte original del monumento, actuación contraría a los criterios científicos de intervención en monumentos históricos, algo que recoge el artículo 39.2 de la Ley de Patrimonio».
Incompatibilidad
En las conclusiones del informe, se matiza que «la actuación planteada no es compatible con la mejor conservación del Castillo de Lorca y su entorno, ni con la preservación de muchos de los valores que le caracterizan como Bien de Interés Cultural. Y aunque la documentación recibida explica que la actuación goza de todos los permisos administrativos necesarios por parte de los organismos autonómicos y municipales, no debe olvidarse que la aplicación de la Ley del Patrimonio, y más en el caso concreto de la Región de Murcia que no ha desarrollado su propia ley de Patrimonio, es clara para estos supuestos y no deja lugar a ningún tipo de matiz o a otras interpretaciones. Así mismo, la protección del Castillo de Lorca y su entorno también quedaría avalada por la normativa internacional en materia de patrimonio cultural y natural, aunque no es de obligado cumplimiento, sí compromete moralmente a los países signatarios».
De acuerdo con el informe, la construcción del Parador de Turismo podría haber violado tres preceptos de la Ley de Patrimonio, concretamente los puntos dos y tres del artículo 39, y el punto tercero del artículo 19.
El grupo municipal de Izquierda Unida ha sido quien ha hecho público este informe a los medios de comunicación, aunque ya han anunciado que lo colgarán en internet y lo difundirán a través de folletos «para que los lorquinos vean que lo que venimos diciendo desde el año 2003 junto con otros muchos colectivos ciudadanos no difiere de lo que dice el máximo organismo oficial a nivel nacional competente en la materia», apunta el edil José García Murcia.
Para García Murcia son muchas las preguntas que surgen a raíz del informe. «¿Cómo es que se ha continuado con las obras desde el año 2006 si el informe es tan contundente?, ¿Es que las instituciones, organismos y personas directamente responsables del proyecto han hecho caso omiso, es que han actuado a espaldas del informe incurriendo en posibles irregularidades en cuanto a la violación de artículos de la Ley de Patrimonio».
Responsabilidades
Arremete García Murcia contra los miembros de los grupos municipales del PSOE y PP que «impulsaron y apoyaron el Parador en el Castillo y que no respaldaron la paralización de las obras ante las movilizaciones por el atentado que estaban suponiendo contra el patrimonio». «Tengo que ser duro con los políticos regionales, con Valcárcel, al que se le advirtió del disparate que se estaba cometiendo. Y no puedo ser menos duro con los técnicos que han consentido con su firma que se cometa esta aberración, tanto el jefe de los servicios de patrimonio, como los arquitectos y asesores legales. Todos deberían pagar sus culpas».
Incluye también al Ministerio de Cultura al que dice tendría responsabilidad judicial por no haber intervenido si se estaba violando la Ley de Patrimonio. «Sería disparato pensar que el informe no se trasladó en su momento a los organismo implicados y se quedara en un cajón en el Ministerio. eso sería muy grave. Además, el Ministerio no ha hecho nada ( al menos no hay datos) por evitar el desastre que el propio Ministerio dice que se está cometiendo».
Desde IU han pedido a la actual ministra de Cultura que intervenga y visite la actuación que se está realizando en el Castillo. «El momento en que se realizó el informe ya se habían llevado a cabo medidas judiciales y las obras se paralizaron de forma cautelar. Si se hubiese conocido este informe las posiciones contrarias se habrían visto reforzadas y a lo mejor los acontecimientos habrían tomado otro camino».
La polémica continuará en los próximos meses porque aún se desconoce cual será el futuro de la Torre Alfonsina y como se va a llevar a cabo su conexión con el Parador. «Confiamos en que el buen criterio judicial tenga en cuenta lo referido en el informe y se inicien las acciones para la reposición a su estado original».
No hay comentarios:
Publicar un comentario