Los vecinos se quejan de que el Ayuntamiento aborde la legalidad de la estación de servicio el viernes por la mañana por la imposibilidad de asistir
La Verdad
M. T. La Asociación No a la Gasolinera de Altorreal se plantea interponer querellas criminales contra los técnicos que informaron a favor de las licencias que dieron luz verde a la construcción de la estación de servicio en esa urbanización del municipio de Molina de Segura.
La citada asociación argumenta que dichos informes «omitieron de manera deliberada toda referencia a lo acordado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en 2003» e insiste en justificar la licencia en el hecho de que la ficha API (Área de Planeamiento Incorporado), aprobada en el Plan General de Ordenación Urbana, así lo contempla.
«Sin embargo, no entra a valorar que el contenido de dicha ficha es falso por ser contrario a lo establecido por la Comunidad y, además, se ha incluido tras el periodo de exposición pública y las alegaciones y una vez que había sido aprobada provisionalmente por el Pleno municipal», comenta la asociación a través de un comunicado.
Por otro lado, la Comunidad Autónoma, ante la solicitud realizada por la Entidad Urbanística de Altorreal y la referida asociación ha instado al ayuntamiento molinense a que, a la mayor brevedad, remita información sobre las licencias concedidas.
Pleno extraordinario
Los cuatro grupos políticos que forman la oposición en el ayuntamiento de Molina de Segura han solicitado de manera conjunta la celebración de un Pleno extraordinario para tratar la legalidad de la licencia concedida a la gasolinera de Altorreal. Dicha sesión plenaria tendrá lugar el próximo viernes 28 de octubre de las diez de la mañana, horario que ha generado descontento ciudadano, pues los miembros de la asociación ven en ello una clara intención por parte del alcalde, el popular Eduardo Contreras, de que no asistan los vecinos de la urbanización Altorreal al mismo, pues muchos de ellos estarán trabajando en ese momento.
Además, los grupos de la oposición han solicitado que la secretaria municipal realice un informe jurídico sobre la legalidad de la licencia concedida, algo que, como se indica en el comunicado, se percibe como «muy favorable», pues, hasta la fecha, «nadie en el Ayuntamiento se ha pronunciado con respecto a la incidencia del acuerdo del Consejo de Gobierno del año 2003 sobre la parcela en la que se construye, así como sobre la maniobra consistente en el ‘cambiazo’ de la calificación en la ficha API Altorreal».
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