La Consejería baraja Cañada Hermosa y Ulea para recibir los residuos de los cuatro pueblos de la Comarca Oriental
23.10.11 - 01:30 - Respeto teñido de miedo hacia Proambiente y el empresario Ángel Fenoll. Esto era lo que se respiraba en el Alto de Santa Ana ayer donde centenares de vecinos de Abanilla, que estaban celebrando el medio año festero, analizaban la resolución de la Consejería de Presidencia que ordena la suspensión de la actividad y el sellado del vertedero para las próximas tres décadas.
Un análisis que en la mayoría de los casos se hacía desde el anonimato «por temor a represalias porque esto es un pueblo». Ni siquiera los trabajadores de la mercantil que asistían a los actos de la Federación de Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos Santa Cruz se atrevían a rebatir públicamente la resolución de la Consejería que podría suponer la pérdida de los empleos ligados a la actividad del vertedero.
Eso sí, los empleados de Proambiente y Colsur consultados, depositaban sus esperanzas «en las alegaciones para que se modifique la resolución». A nadie se le escapaba que el cierre por un periodo de 30 años provocaría consecuencias económicas de enorme alcance no solo para Abanilla también para el resto de la Comarca Oriental, Vega Baja y Orihuela, si se tiene en cuenta que, según fuentes consultadas de la mercantil, «Proambiente genera 110 empleos directos, 200 indirectos además de un listado de 30 a 40 proveedores». Sin olvidar otros sectores que, de forma indirecta, se benefician de la actividad de la planta en el municipio, como el restaurante Los Carrillos, que de lunes a viernes sirve comida a muchos de los trabajadores de Fenoll. «Le tiran al cuello a Ángel Fenoll, pero viven de él, en el polígono industrial no hay faena y Proambiente da trabajo al 50% de Abanilla», argumentaba José Ignacio García propietario del restaurante «contrario» al cierre del vertedero.
También exempleados de la planta como José Luis Muñoz, defendían con vehemencia a Fenoll, «pagaba antes del día uno, allí se invierte en tecnología para reciclar porque antes enterraban las ruedas y ahora las muelen, Proambiente es trabajo para Abanilla». Otros vecinos rebatían este argumento asegurando que «la gente trabaja tres meses antes de las elecciones municipales y ya está, pongo en duda los 110 puestos de trabajo además no respetan la ley y el cierre es lo que les ha tocado», mantenía Cleto Rubira. Al margen de las ineludibles consecuencias económicas que traería consigo el sellado del vertedero, el otro problema de debate vecinal era la gestión de los residuos sólidos urbanos que llegan actualmente al vertedero desde Abanilla, Santomera, Fortuna, Beniel, Vega Baja y Orihuela, que no podrían ser depositados en las instalaciones de la mercantil durante tres décadas. Extremo que Medio Ambiente contempla en su resolución recordando que las 20.000 toneladas que generan anualmente Abanilla, Beniel, Fortuna y Santomera podrían ir «a las plantas de tratamiento de Cañada Hermosa, en Murcia, y de Ulea que disponen de capacidad para admitir los residuos». Ambas instalaciones, gestionadas por Cespa, son definidas como «alternativa viable».
Al juzgado por e l vaso 5
La resolución que podría dar carpetazo a la contienda medioambiental que viene manteniendo Ecologistas en Acción con la mercantil Proambiente desde noviembre de 2010, ha sido catalogada por el portavoz regional de este colectivo, Pedro Luengo, «como el reflejo de la falta de control por parte de la Administración, porque estamos hablando de toneladas de basura».
En concreto, según la resolución y los dos informes de Medio Ambiente, de 117.900 toneladas que ahora Ecologistas en Acción estudiará de qué forma han afectado a 37 hectáreas del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Sierra de Abanilla que, según Luengo, «será complicado restaurar por la complejidad de los ecosistemas y hábitats que integran esta parte de la Red Natura 2000». El 'otro daño' se escapa al ojo humano, y dependerá de la Confederación Hidrográfica del Segura determinar si existen acuíferos subterráneos en la zona que podrían haber entrado en contacto con los metales pesados de los lixiviados «derivados de la basura enterrada por lo que podríamos estar hablando, incluso, de un delito contra la salud pública».
Luengo avanza, en declaraciones a 'La Verdad', que «estamos estudiando exigir responsabilidades legales al Ayuntamiento que concedió licencia de obra menor para el vaso 5 cuando Proambiente no tenía todavía licencia ambiental, además de la falta de control que han demostrado sobre la actividad que se estaba desarrollando». Ecologistas tampoco descarta movilizarse en las instalaciones de la planta de Fenoll para impedir la entrada de camiones de basura.
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