La Verdad
Nadie informó a Inmaculada García de las advertencias de Bruselas; cuando se enteró devolvió el expediente a Ballesta y le comunicó la suspensión del acuerdo
Relato de las tensiones surgidas en el Gobierno regional por la ayuda a la sociedad del futuro aeropuerto internacional de Corvera
Si dentro de unos días la Comisión Europea se pronuncia a favor de la concesión del aval por parte de la Comunidad Autónoma a la concesionaria del nuevo aeropuerto internacional de la Región de Murcia, con el fin de que ésta sociedad pueda conseguir la financiación necesaria para concluir las obras, la atención se centrará en el avance de los trabajos y en los plazos de inauguración de las infraestructuras. Nadie, entonces, querrá dar importancia a los avatares que rodearon la aprobación y formalización del aval, y que provocaron tensiones entre varios miembros del Ejecutivo autónomo.
Ahora bien, si Bruselas rechaza el aval por considerar que infringe las normas comunitarias sobre las ayudas estatales, muchos querrán saber por qué el Consejo de Gobierno autorizó dichas garantías a pesar de que la Comisión Europea y sus propios servicios jurídicos le habían advertido de que no podría concederlas mientras que Bruselas no las aprobara, o por qué la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, encargada de firmar el aval, desconocía la carta de Bruselas poniendo reparos a dicha operación.
La motivación del aval casi nadie la discute, porque su naturaleza está ligada a la ejecución de una infraestructura que casi todos apoyan en la Región. Hasta el PSOE votó a favor de la enmienda a los presupuestos de la Comunidad de 2010 que recogía su concesión. Es la mejor fórmula que halló la Consejería de Obras Públicas para solucionar los problemas financieros de la concesionaria del aeropuerto, liderada por la constructora Sacyr y de la que forman parte Cajamurcia, CAM y el Grupo Fuertes, entre otros. La concesionaria necesitaba un préstamo de 200 millones de euros para finalizar el aeropuerto, y sin el respaldo de la Comunidad ninguna entidad se arriesgaba a concedérselo.
Otra cuestión son los vericuetos seguidos por el expediente del aval hasta que llegó a la mesa del Consejo de Gobierno. La diputada socialista Teresa Rosique habla de «ocultación de información de unas consejerías a otras» y de la existencia de «líos y diferencias» entre consejeros. Los protagonistas lo niegan, al menos uno de ellos, José Ballesta, titular de Obras Públicas, porque la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, sigue sin querer pronunciarse al respecto. «No es asunto mío», asegura cuando se le interpela al respecto.
Los hechos, según los documentos del expediente a los que ha tenido acceso 'La Verdad', son los siguientes. Que cada cual saque sus propias conclusiones.
La carta de Bruselas
La primera luz roja se encendió el pasado 20 de enero. Ese día llegó a la Consejería de Presidencia una carta de Bruselas: «Asunto: CP 7/2010 - España - Supuesta ayuda estatal - Aeropuerto de Murcia», procedente del director de Mercado Interior y Desarrollo Sostenible.
En ella se indicaba que la Comisión Europea había tenido conocimiento del aval que se pretendía conceder a la sociedad del aeropuerto, pedía información al respecto y advertía que, según la normativa europea, «ninguna nueva ayuda podrá llevarse a efecto antes de que la Comisión adopte o pueda considerarse que haya adoptado una decisión autorizándola».
Presidencia, a través de la Dirección General de Administración Local, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, remitió al día siguiente la mencionada carta a la Consejería de Obras Públicas, responsable de la concesión del aeropuerto, que por entonces ya había instruido el expediente para el otorgamiento del aval y se lo había remitido una semana antes a la Consejería de Economía y Hacienda.
Sin embargo, parece ser que nadie informó de la misiva de Bruselas a la Consejería de Economía y Hacienda, la única competente, según la Ley de Hacienda de la Región, para proponer y firmar avales de la Administración autónoma.
El trámite administrativo siguió su curso como si nada. El 29 de enero, viernes, la concesionaria presentó al Gobierno el contrato con varias entidades financieras del préstamo por importe de 200 millones de euros, y al lunes siguiente, 1 de febrero, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión extraordinaria, aprobó a propuesta de la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, autorizar la firma del aval.
Sin embargo, dos días después, la consejera García tiene conocimiento de la notificación enviada por la Comisión Europea el 20 de enero en la que se pide la suspensión de cualquier ayuda hasta no ser autorizada por las autoridades comunitarias. La titular de la hacienda regional envía entonces una carta al consejero de Obras Públicas con fecha de 8 de febrero, en la que le comunica lo siguiente: «Por esta Consejería no se hará efectivo el otorgamiento del aval hasta tanto no se resuelva la decisión que adopte la Comisión, por lo que se devuelve el expediente remitido para que substancien lo procedente». A pesar del malestar que supuestamente debió sentir García al conocer tarde la carta de Bruselas, lo cierto es que la Comisión Europea no fue la única que alertó de que el aval podía contravenir la normativa comunitaria. La Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, en informe fechado el mismo 1 de febrero en que se autorizó inicialmente el aval, también avisó de que se «deberá notificar a la Comisión con suficiente antelación cualquier proyecto de concesión de nueva ayuda, la cual no podrá llevarse a efecto antes de que la Comisión adopte o deba considerarse que ha adoptado una decisión autorizando dicha ayuda».
Dado el giro que toman los acontecimientos, y puesto que se trataba de una decisión del Ejecutivo, en la siguiente reunión del Consejo de Gobierno, el 12 de febrero, el consejero Ballesta se ve obligado a dar cuenta «del inicio de notificación de concesión del aval a la Comisión Europea» y de la «suspensión del otorgamiento del aval hasta el momento en que la Comisión Europea adopte decisión declarando la compatibilidad de dicha ayuda».
En la actualidad, el Gobierno regional sigue esperando el pronunciamiento de la Comisión Europea, que deberá producirse en los próximos días. Si no lo hace, se considerará autorizado el aval. Mientras tanto, la concesionaria sigue sin ejecutar el préstamo que cerró el 29 de enero y sin poder disponer de los fondos que precisa para proseguir las obras del aeropuerto y evitar que su conclusión se retrase en exceso.
Nadie informó a Inmaculada García de las advertencias de Bruselas; cuando se enteró devolvió el expediente a Ballesta y le comunicó la suspensión del acuerdo
Relato de las tensiones surgidas en el Gobierno regional por la ayuda a la sociedad del futuro aeropuerto internacional de Corvera
Si dentro de unos días la Comisión Europea se pronuncia a favor de la concesión del aval por parte de la Comunidad Autónoma a la concesionaria del nuevo aeropuerto internacional de la Región de Murcia, con el fin de que ésta sociedad pueda conseguir la financiación necesaria para concluir las obras, la atención se centrará en el avance de los trabajos y en los plazos de inauguración de las infraestructuras. Nadie, entonces, querrá dar importancia a los avatares que rodearon la aprobación y formalización del aval, y que provocaron tensiones entre varios miembros del Ejecutivo autónomo.
Ahora bien, si Bruselas rechaza el aval por considerar que infringe las normas comunitarias sobre las ayudas estatales, muchos querrán saber por qué el Consejo de Gobierno autorizó dichas garantías a pesar de que la Comisión Europea y sus propios servicios jurídicos le habían advertido de que no podría concederlas mientras que Bruselas no las aprobara, o por qué la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, encargada de firmar el aval, desconocía la carta de Bruselas poniendo reparos a dicha operación.
La motivación del aval casi nadie la discute, porque su naturaleza está ligada a la ejecución de una infraestructura que casi todos apoyan en la Región. Hasta el PSOE votó a favor de la enmienda a los presupuestos de la Comunidad de 2010 que recogía su concesión. Es la mejor fórmula que halló la Consejería de Obras Públicas para solucionar los problemas financieros de la concesionaria del aeropuerto, liderada por la constructora Sacyr y de la que forman parte Cajamurcia, CAM y el Grupo Fuertes, entre otros. La concesionaria necesitaba un préstamo de 200 millones de euros para finalizar el aeropuerto, y sin el respaldo de la Comunidad ninguna entidad se arriesgaba a concedérselo.
Otra cuestión son los vericuetos seguidos por el expediente del aval hasta que llegó a la mesa del Consejo de Gobierno. La diputada socialista Teresa Rosique habla de «ocultación de información de unas consejerías a otras» y de la existencia de «líos y diferencias» entre consejeros. Los protagonistas lo niegan, al menos uno de ellos, José Ballesta, titular de Obras Públicas, porque la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, sigue sin querer pronunciarse al respecto. «No es asunto mío», asegura cuando se le interpela al respecto.
Los hechos, según los documentos del expediente a los que ha tenido acceso 'La Verdad', son los siguientes. Que cada cual saque sus propias conclusiones.
La carta de Bruselas
La primera luz roja se encendió el pasado 20 de enero. Ese día llegó a la Consejería de Presidencia una carta de Bruselas: «Asunto: CP 7/2010 - España - Supuesta ayuda estatal - Aeropuerto de Murcia», procedente del director de Mercado Interior y Desarrollo Sostenible.
En ella se indicaba que la Comisión Europea había tenido conocimiento del aval que se pretendía conceder a la sociedad del aeropuerto, pedía información al respecto y advertía que, según la normativa europea, «ninguna nueva ayuda podrá llevarse a efecto antes de que la Comisión adopte o pueda considerarse que haya adoptado una decisión autorizándola».
Presidencia, a través de la Dirección General de Administración Local, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, remitió al día siguiente la mencionada carta a la Consejería de Obras Públicas, responsable de la concesión del aeropuerto, que por entonces ya había instruido el expediente para el otorgamiento del aval y se lo había remitido una semana antes a la Consejería de Economía y Hacienda.
Sin embargo, parece ser que nadie informó de la misiva de Bruselas a la Consejería de Economía y Hacienda, la única competente, según la Ley de Hacienda de la Región, para proponer y firmar avales de la Administración autónoma.
El trámite administrativo siguió su curso como si nada. El 29 de enero, viernes, la concesionaria presentó al Gobierno el contrato con varias entidades financieras del préstamo por importe de 200 millones de euros, y al lunes siguiente, 1 de febrero, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión extraordinaria, aprobó a propuesta de la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, autorizar la firma del aval.
Sin embargo, dos días después, la consejera García tiene conocimiento de la notificación enviada por la Comisión Europea el 20 de enero en la que se pide la suspensión de cualquier ayuda hasta no ser autorizada por las autoridades comunitarias. La titular de la hacienda regional envía entonces una carta al consejero de Obras Públicas con fecha de 8 de febrero, en la que le comunica lo siguiente: «Por esta Consejería no se hará efectivo el otorgamiento del aval hasta tanto no se resuelva la decisión que adopte la Comisión, por lo que se devuelve el expediente remitido para que substancien lo procedente». A pesar del malestar que supuestamente debió sentir García al conocer tarde la carta de Bruselas, lo cierto es que la Comisión Europea no fue la única que alertó de que el aval podía contravenir la normativa comunitaria. La Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, en informe fechado el mismo 1 de febrero en que se autorizó inicialmente el aval, también avisó de que se «deberá notificar a la Comisión con suficiente antelación cualquier proyecto de concesión de nueva ayuda, la cual no podrá llevarse a efecto antes de que la Comisión adopte o deba considerarse que ha adoptado una decisión autorizando dicha ayuda».
Dado el giro que toman los acontecimientos, y puesto que se trataba de una decisión del Ejecutivo, en la siguiente reunión del Consejo de Gobierno, el 12 de febrero, el consejero Ballesta se ve obligado a dar cuenta «del inicio de notificación de concesión del aval a la Comisión Europea» y de la «suspensión del otorgamiento del aval hasta el momento en que la Comisión Europea adopte decisión declarando la compatibilidad de dicha ayuda».
En la actualidad, el Gobierno regional sigue esperando el pronunciamiento de la Comisión Europea, que deberá producirse en los próximos días. Si no lo hace, se considerará autorizado el aval. Mientras tanto, la concesionaria sigue sin ejecutar el préstamo que cerró el 29 de enero y sin poder disponer de los fondos que precisa para proseguir las obras del aeropuerto y evitar que su conclusión se retrase en exceso.
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