domingo, 12 de julio de 2009

ABANILLA/ Retiran las competencias al concejal de Economía y Hacienda

El Consistorio ha anunciado el traslado de las carteras al alcalde tras la renuncia presentada por José Antonio Blasco, imputado por presunta falsedad documental.
La Opinión
A. G. M. El consistorio de Abanilla ha decidido retirar las competencias al primer teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Régimen Interior y Seguridad Ciudadana, José Antonio Blasco Martínez, quien el pasado 21 de mayo presentó un escrito de renuncia al cargo que actualmente ostenta, estando pendiente de su ratificación en el pleno. El nombre de Blasco Martínez ha estado recientemente en el candelero por su imputación en un presunto delito de falsificación de documento público, junto al secretario del Ayuntamiento, Miguel Castillo, y un ingeniero del consistorio de Murcia, José Enrique Pérez, por lo que queda la duda de que su renuncia esté relacionada con estos echos.
El anuncio sobre la avocación de competencias delegadas fue publicado el pasado lunes 6 de julio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), donde se indica que será la Alcaldía la que asuma los asuntos relativos a Economía y Hacienda, Régimen Interior y Seguridad Ciudadana. Además, se ha dado traslado de la resolución al propio interesado, a la Intervención Municipal, a la jefatura de la Policía Local y al pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que celebre.
El propio concejal ha explicado a LA OPINIÓN que no quiere hacer declaraciones sobre este asunto hasta que no sea ratificado por el pleno, "ya que es allí donde tengo que dar las explicaciones oportunas", aunque indicó que de momento sus competencias las asume el alcalde hasta que se realice una reestructuración.
Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista en Abanilla, María Dolores Saurín, destacó que "es increíble que renuncie porque tengo que reconocer que, aunque esté en la oposición, es un buen político", al tiempo que dudó sobre si puede la decisión se debe a que esté imputado. Saurín dijo que "hay al menos cuatro procesos abiertos por falsificación documental y prevaricación administrativa, por lo que puede que esto haya sido el detonante".

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