ALGUAZAS/ «No he autorizado a nadie a hacer una obra ilegal»

El alcalde reconoce ante la juez que era su responsabilidad parar las obras junto a la Torre del Moro, pero no lo hizo por exceso de trabajo 

10.03.12 - 01:09 - 

A. NEGRE | MURCIA./ La Verdad

«Era mi responsabilidad». Al alcalde de Alguazas, José Antonio Fernández Lladó, no le tembló ayer la voz al reconocer ante la juez que fue él quien debió paralizar las obras de un restaurante en una parcela cercana a la Torre Vieja o Torre de los Moros, considerada Bien de Interés Cultural (BIC). Si el Ayuntamiento no tomó cartas en varios años, aclaró el primer edil, fue porque existía «una carga importante de tareas que atender». Estas obras, que no contaban con los permisos urbanísticos necesarios y que, pese a ello, permitieron la apertura del restaurante durante varios años, llevaron ayer al primer edil y a su promotora, Consuelo A., al banquillo por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Fernández Lladó se enfrenta a un año de prisión y a otros ocho años de inhabilitación para cargo público.

«Conocí a Consuelo -la promotora del proyecto, que se enfrenta a 15 meses de cárcel- en 2001 cuando acudió al Ayuntamiento a plantear la idea». El primer edil explicó ayer ante la titular del juzgado de lo Penal número 2 de Murcia que tuvo claro desde el principio que el proyecto que le planteaba esa mujer, de un restaurante y vivienda en el entorno de la Torre del Moro, precisaba de una doble autorización: la de Cultura y la urbanística. «Le comuniqué a ella las dos vertientes y, a partir de ahí, empezamos». Para solucionar la cuestión urbanística de este proyecto, Fernández Lladó reconoció que pidió consejo a su secretario general y que fue éste «quien me abrió la posibilidad de iniciar un trámite de interés general». Esta posibilidad, sin embargo, no llegó a buen puerto, lo que, sin embargo, no fue óbice para que la promotora continuara con unas obras ya iniciadas.

Según explicó ayer a la juez, Consuelo A. se sintió «en todo momento amparada y protegida por el Ayuntamiento». Esta exprofesora de Secundaria dijo desconocer que el terreno en que quería ubicar «el sueño de mi vida» estaba protegido y afirmó que comenzó a construir una vez que la Consejería de Cultura le dio el visto bueno. «Me habían dicho que Patrimonio era la clave de todo. A lo de Urbanismo no le di más importancia porque me dijeron que iría más lento, pero iría». A lo largo de su declaración, la promotora de este proyecto descargó, en varias ocasiones, su responsabilidad en el Consistorio alguaceño. «Yo no he hecho nada que no haya expuesto en el Ayuntamiento», concluyó.

Fernández Lladó salió al paso de estas declaraciones y recalcó que durante su primer mandato, en el que asumió también las competencias de Urbanismo, llegó a comunicarle a Consuelo A. que esas obras no podían continuar. «Yo no he autorizado, ni a ella ni a nadie, a hacer una obra ilegal». Pese a la decisión de sus palabras, el primer edil se vio abocado ayer, ante las preguntas del fiscal, a reconocer que el Ayuntamiento tardó dos años en incoar un expediente para la paralización de esta construcción. Un expediente que llegó bastante tarde. El restaurante y la vivienda ya se habían levantado. «Yo habitualmente no persigo la incoación de expedientes sancionadores», aseguró el primer edil.

Fernández Lladó explicó que hasta el año 2000 había un servicio mancomunado que se encargaba de esa función y que, a partir de 2002, se contrató de forma temporal a una aparejadora para estas cuestiones. Fue ya en 2004 cuando el Ayuntamiento subcontrató el servicio a un equipo externo y se tomaron medidas. «Se podría haber sido más ágil, pero había otras cosas que era más necesario hacer», espetó.

El representante del Ministerio Público también interrogó al alcalde sobre la presencia de algunos concejales en la inauguración del restaurante. Un hecho revelado por la propia promotora. «Ni fueron mandados por mí, ni fue una representación institucional», aclaró.

La defensa del alcalde presentó ayer una orden del Boletín Oficial de la Región (BORM) del 2 de marzo de este año que aprueba definitivamente la modificación puntual de las normas subsidiarios que se inició en 2004 en la parcela donde se ubica el restaurante, ahora mismo clausurado. «Ya es viable la legalización urbanística de esa parcela», concluyó.