El fiscal pide doce fines de semana de arresto y 5 años de inhabilitación, pero IU eleva la petición a 20 fines de semana de cárcel y 23 años de inhabilitación
26.03.11 - 02:30 -
Un mes y una semana después de las elecciones municipales, a las que previsiblemente se presentará Matías Carrillo para renovar su cargo de alcalde de Fortuna, tendrá que comparecer en la Audiencia Provincial de Murcia para ser juzgado por un presunto delito electoral, dos de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. La fecha fijada para la vista, en la que deberá determinarse si Carrillo compró votos por correo a vecinos de su localidad a cambio de darles trabajo en el Ayuntamiento, ha sido fijada para el 28 de junio, según el auto recientemente dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, considera que el alcalde del PP, junto a su concejal de Economía y Hacienda, José Antonio López Espinosa, y su edil de Empleo, María Dolores Sánchez García, «concibieron y pusieron en práctica un plan con el fin de recabar votos para el Partido Popular, consistente en ofrecer un empleo eventual a personas interesadas en obtener un empleo en el Ayuntamiento, solicitando a cambio que tanto esa persona como sus familiares les entregaran la documentación necesaria para votar por correo al PP».
Previamente, siempre según el fiscal, el Pleno habría aprobado una moción impulsada por el alcalde para incrementar en 111.450 euros la partida presupuestaria destinada a contratación eventual, lo que permitió meter a trabajar a algunos de los vecinos que supuestamente se prestaron al canje.
En concreto, el Ministerio Público reseña los nombres de seis vecinos que habrían accedido a las pretensiones del alcalde y que fueron luego contratados como auxiliar de mantenimiento, peón de albañil o limpiadora, entre otros oficios.
Por ello, el acusador público considera que Matías Carrillo, al igual que sus dos exconcejales, es responsable de un delito electoral, por el que debe serle impuesta la pena de doce fines de semana de arresto, una multa de 1.080 euros e inhabilitación para el cargo de concejal durante cinco años.
Por su parte, la acusación particular, que representa IU, le imputa, además del delito electoral, dos de prevaricación y otro de malversación, y solicita una pena total de 20 fines de semana de arresto, 23 años de inhabilitación para ocupar un cargo público y multa de unos 1.500 euros. IU asegura que Carrillo, utilizando los fondos públicos, contrató para el Consistorio hasta a 49 vecinos que le votaron por correo.
Uno de los hechos que, previsiblemente, serán más llamativos del juicio es que algunas partes del proceso pretenden aportar documentos del denominado 'caso Brugal' de presunta corrupción, sobre todo transcripciones de conversaciones telefónicas en las que se aprecia cómo el alcalde de Fortuna y el empresario de las basuras Ángel Fenoll ponen en marcha un plan, con el supuesto objetivo de captar votos. En una de las conversaciones intervenidas por la Policía se escucha cómo un familiar de Fenoll le dice a éste: «Y ya con ésos ultimar el tema y coger incluso el voto por correo. Va a solicitar Paco de todos la documentación que hace falta, para el voto por correo ha quedado con Matías, y así están atados desde un principio los máximos posibles».
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