Seis trabajadores discapacitados, dos de ellos mujeres y cuatro hombres con edades entre 30 y 60 años, han ganado la primera batalla judicial al Ayuntamiento de Abarán. Una sentencia emitida por el Juzgado de lo Social número 7 de Murcia y notificada el pasado jueves condena a la corporación municipal y a la sociedad para la Gestión de Servicios de Abarán S. L. por despido improcedente. Mientras, absuelve a la Mancomunidad de Municipios del Valle de Ricote y al Centro Especial de Empleo.
Silvia Vargas, Yolanda Martínez, José Ricardo Garro, Francisco Javier Martínez, José Antonio Gómez y Antonio Miñano prestaban servicios para el Centro Especial de Empleo. Los problemas comenzaron cuando el Ayuntamiento solicitó a la Mancomunidad de Municipios, el 11 de diciembre de 2008, su segregación de este organismo, petición que fue aprobada cinco días después por el pleno de la Mancomunidad.
Por su parte, el pleno del Ayuntamiento de Abarán, en sesión de 29 de diciembre de ese mismo año, acordó la integración de los trabajadores en la empresa municipal de servicios que tiene encomendada la gestión de servicios sociales. Pero dos años después, la Mancomunidad, que tramita las bajas por subrogación, requirió al Ayuntamiento a que procediese a integrar a los trabajadores al transcurrir dos años desde que tomó el acuerdo municipal. La Mancomunidad comunicó a los trabajadores, vía burofax, que con efectos de 28 de febrero de 2011 procedía a darlos de baja en la Seguridad Social, mostrando el Ayuntamiento su oposición. Días después, y ante la sorpresa de los trabajadores, el Ayuntamiento les comunicó que no podían permanecer en el centro porque no eran trabajadores municipales. A partir de ese momento se inicia una odisea laboral para estos discapacitados que, representados por Ana Elvira Escámez, graduada social, llevan nueve meses sin cobrar y, lo que es peor, sin poder acceder a la prestación por desempleo. El Ayuntamiento no los consideraba empleados suyos, sino de la Mancomunidad, así que en realidad ni siquiera había despido. Los trabajadores manifestaron su alegría por la sentencia, pero se mostraron disconformes al quedar libre de responsabilidad la Mancomunidad de Municipios del Valle de Ricote. «Al final se ha hecho justicia con nosotros», recalca Francisco Javier Martínez, padre de familia.
Indemnizar o readmitir
Por su parte, el Ayuntamiento de Abarán dispone de cinco días para recurrir la sentencia y se verá en la obligación de readmitir a los seis trabajadores o indemnizarlos económicamente lo que, según ha podido saber 'La Verdad', supondría un desembolso superior a los 100.000 euros.
Una cantidad que se correspondería con los salarios de los nueve meses y la indemnización. El alcalde de Abarán, Jesús Molina, que lo es desde las pasadas elecciones y por tanto ha heredado esta situación, afirmó que tiene «constancia de la sentencia, pero no nos ha llegado todavía y cuando nos llegue tomaremos una decisión al respecto».
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