Iniesta asegura que no debe nada a nadie y amenaza con rescindirle el contrato si mañana suspende líneas
15.03.12 - 01:03 -
El Gobierno local no parece acobardarse ante las presiones de Latbus a pesar de su amenaza de cese de actividades, a partir de mañana si cumplen su aviso, en 17 líneas (2,3, 4, 8, 9, 45, rayos 14, 15, 17, 18, 20 y 80 y buhobús 55, 56, 57, 58 y 59) que subvenciona el Ayuntamiento. La Junta de Gobierno aprobó ayer un decreto para obligar a la concesionaria a que continúe prestando este servicio «esencial» hasta el fin de la concesión -30 de septiembre- y fijó un plazo de 24 horas para que la dirección se pronuncie, advirtiendo a la compañía de que, en caso de que mañana decidan interrumpir el servicio, el Ayuntamiento rescindirá automáticamente el contrato «y con todas las consecuencias».
«En función de lo que decida la empresa, así actuaremos, pero los ciudadanos y los trabajadores pueden estar tranquilos porque, pase lo que pase, Murcia no se quedará sin autobuses», declaró ayer a 'La Verdad' el concejal de Transportes, Javier Iniesta, quien recalcó que el Ayuntamiento no tiene ninguna deuda con Latbus y negó que haya alguna sentencia en firme por la que el Consistorio tenga que abonarle alguna cantidad pendiente. Los servicios jurídicos municipales recuerdan en esta orden a Latbus que el transporte colectivo urbano de viajeros es un servicio de carácter esencial y su prestación es obligatoria en todos los municipios con más de 50.000 habitantes, según la ley reguladora de Bases de Régimen Local. Por esta razón, Iniesta incide en que el Ayuntamiento pondrá en marcha «cuantas medidas legalmente previstas resulten necesarias» para que las 17 líneas de autobús continúen con regularidad.
El concejal popular detalló que el Consistorio está trabajando en tres frentes y que de la decisión de Latbus dependerá el desarrollo de los acontecimientos. Por una parte, la Junta de Gobierno ha optado por la vía de un acuerdo «serio y formal», según Iniesta, para conocer si Latbus está por la labor de recapacitar su decisión de alterar de forma unilateral las condiciones que rigen la concesión del transporte público urbano desde 1981 «por el cual la empresa asume el riesgo y ventura de la explotación y el Ayuntamiento subvenciona el precio del billete a determinados colectivos, como familias numerosas y jubilados». El Gobierno local entiende, por tanto, que no está justificada la alteración de los servicios tal y como comunicaron por carta el 8 de marzo al alcalde de Murcia el presidente y el consejero delegado de Latbus, José Luis Sánchez y Ángel Jiménez, respectivamente, amparándose en unas reclamaciones económicas que el Ayuntamiento no reconoce ni está dispuesto a compensar por la vía del aumento de ayudas o subida de tarifas.
Si la empresa cumple su propósito y abandona la concesión -pide que se reconozca el déficit de explotación hasta septiembre, que estiman en 1,3 millones, además del pago de reclamaciones económicas recurridas judicialmente-, Iniesta apunta que se rescindirá el contrato y se solicitará la intervención de la concesión con el fin de que el Ayuntamiento pueda seguir prestando el servicio con los medios técnicos y humanos adscritos a la misma -45 vehículos y 114 trabajadores-. «Nuestra intención es sacar los autobuses, pero si no es posible hemos contactado con varias empresas del sector que se ofrecen a hacerse cargo del servicio. Es la primera vez que esto ocurre y todo es posible, pero tenemos claro que los usuarios no van a pagar la mala gestión de Latbus».
No obstante, Iniesta tiende la mano a la compañía y espera que no se arrepienta de su decisión, al tiempo que es tajante respecto a la intención de Latbus de eliminar las bonificaciones a familias numerosas y Bono 100 residentes en las pedanías. «Los murcianos que viven en pedanías no pueden recibir un trato discriminatorio respecto de los usuarios de líneas urbanas», sostiene Iniesta, quien cree que «esta amenaza es intolerable porque hablamos de bonificaciones a colectivos sociales necesitados y contamos con todo el apoyo de la Comunidad Autónoma, porque suspender temporalmente esas bonificaciones es realmente un disparate».
Por su parte, respecto a la carta de los directivos de Latbus, Iniesta aseguró ayer que los administradores concursales -nombrados por la juez titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 en diciembre, cuando la empresa solicitó voluntariamente acogerse al concurso de acreedores por las deudas acumuladas (unos 9 millones) por impagos de varias administraciones- no dieron su consentimiento al anuncio de cese de actividad argumentando por escrito que fue una medida adoptada por la dirección sin el beneplático de la administración concursal, si bien los gestores admiten que la situación de necesidad de la empresa es tan extrema que en las condiciones actuales no pueden mantener los servicios, ya que cada mes pierden 150.000 euros por ser deficitarios.
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